POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-

La elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo ha sido interpretada por medios derechistas como The Objective como una «ruptura simbólica» y un cambio institucional importante por ser la primera mujer en ocupar este cargo.

Sin embargo, si analizamos más de cerca el contexto y los mecanismos detrás de su elección, es posible cuestionar hasta qué punto ese nombramiento representa una verdadera ruptura con las viejas prácticas del Régimen instaurado en 1978,  o se trata, simplemente, una reiteración de los «consensos políticos» entre el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP), que a lo largo de las últimas décadas se han caracterizado  por sus encarnizadas batallas por el control del Poder judicial, como parte esencial del aparato del Estado 

El Consenso del Régimen del 78

Desde la creación del CGPJ bajo la Constitución de 1978, el Poder judicial ha sido estructurado como un órgano colegiado cuyas decisiones requieren un alto nivel de consenso político entre las principales fuerzas parlamentarias. En este sentido, el Consejo ha funcionado, no como un órgano independiente, sino como un escenario de las vendettas entre los dos partidos   que tratan de asegurarse el control de los altos cargos judiciales. Esto ha perpetuado la tendencia de «reparto» de los puestos judiciales entre los bloques conservador y socio liberal, garantizando que ningún sector político pueda disponer del control absoluto sobre el sistema judicial.

A lo largo de los años, este reparto entre el PSOE y el PP ha consolidado una estructura donde los jueces, especialmente los que alcanzan los altos tribunales, suelen estar alineados con las posiciones ideológicas de uno u otro bloque. En este sentido, la elección de Perelló hay que interpretarla no como una ruptura real, sino como una continuación de este reparto de poder. Aunque Perelló pertenece a la asociación afín al PSOE,   Juezas y Jueces para la Democracia, su nominación fue pactada y apoyada principalmente por el bloque conservador dentro del CGPJ​

¿Cambio o Estrategia Política?

Un análisis que parta de la trayectoria histórica seguida por esa institución, nos sugiere que la elección de Perelló  habria que  interpretarla como la renovación de las viejas prácticas de consenso del Régimen del 78, aunque para evitar que ello quede en evidencia, los medios de comunicación de uno y otro signo se empeñen en demostrarnos que su designación ha supuesto la ruptura  de un «techo de cristal», al ser la primera mujer que ocupa ese cargo. En las presentes circunstancias, la elección de Perello tiene la mismísima significación que si para ese cargo hubiera sido designada Pilar Teso, una magistrada de la misma institución, ampliamente conocida por sus ideas ultraconservadoras.

   Perelló llega, pues, a la presidencia después de un largo período de bloqueo en el CGPJ, durante el cual la falta de acuerdos entre el PSOE y el PP paralizó los nombramientos judiciales clave. Este bloqueo, en cualquier caso, no es un fenómeno aislado, sino que está inscrito dentro de una dinámica más amplia de control político sobre el poder judicial que ha persistido desde la misma Transición. La elección de Perelló puede haber desbloqueado temporalmente la situación, pero la estructura que permite a los partidos controlar indirectamente el poder judicial continúa intacta.

Los Intereses del Régimen y el Control Judicial

La renovación del CGPJ y la designación de Perelló parecen más una solución temporal para apaciguar las tensiones dentro de las instituciones judiciales que un verdadero avance hacia una imposible  independencia judicial. Como se ha señalado en otros casos, tanto el PSOE como el PP tienen interés en mantener cierto control sobre los nombramientos judiciales, no solo para proteger sus propios intereses políticos, sino también para evitar que el Poder judicial se convierta en un actor independiente con capacidad para cuestionar el statu quo.

En su discurso inaugural, Perelló enfatizó la necesidad de defender la independencia judicial, pero evitó confrontar directamente a los actores políticos que han ejercido presión sobre el sistema judicial en los últimos años. Esto podría interpretarse como una señal de que, aunque el discurso de independencia judicial es importante, la realidad sigue siendo que los partidos políticos mantienen una fuerte influencia sobre el Consejo​.

Desde una visión crítica, resulta difícil argumentar que esta elección representa una ruptura real con el pasado, ya que las dinámicas fundamentales de control político sobre el poder judicial continúan estando muy presentes. El «borrón y cuenta nueva» que algunos actores han sugerido, parece más bien una renovación de las mismas fórmulas que han permitido a los partidos mayoritarios, especialmente el PSOE y el PP, controlar el poder judicial durante décadas.