Pero esa paga de cerca de dos meses de sueldo, una especie de finiquito para los diputados que lo dejan, no se limita al cobro del sueldo base, que en la actualidad es de 2.972,94 euros y supondría unos 6.000 euros de paga única. La indemnización incluye además los complementos -también por dos meses- que cada uno recibía para cubrir los gastos derivados de su «actividad parlamentaria», un dinero que destinaban a manutención y alojamiento en la capital cuando el Congreso estaba operativo.

Esa cantidad es de 917 euros euros mensuales para los de Madrid y de 1.921 euros para los diputados de otras circunscripciones, libres de impuestos, que reciben y suman al sueldo base, pese a que muchos de ellos disponen de vivienda en propiedad en la capital.

Muy pocos diputados y diputadas rechazan esta paga de transición, considerada como una especie de ayuda a parados, ya que los parlamentarios no se pueden acoger a la prestación por desempleo.

Durante esos dos meses todos lo que tenían alguna responsabilidad en la Cámara suman las cantidades correspondientes a sus antiguos cargos. Es decir, que aquellos que han sido presidentes, vicepresidentes, secretarios o portavoces o portavoces adjuntos de las Comisiones del Congreso, que ahora han quedado disueltas y no tienen actividad, también suman a ese sueldo base los suplementos.

Según se puede consultar en la página web del Congreso, estos «gastos de representación» son: presidentes de Comisión, 1.512,2 euros; vicepresidentes de Comisión, 1.105,63 euros; secretario de Comisión, 737,09 euros; portavoz de Comisión, 1.105,63 euros, y portavoz adjunto de Comisión, 737,09 euros.

Salvo excepciones, estos diputados son solo los que forman parte de la Diputación Permanente, el único órgano que sigue activo en los periodos entre legislaturas, formado por 121 miembros entre titulares y suplentes. Sus convocatorias son muy puntuales. De hecho, desde el 5 de marzo no se convoca ninguna.

«Indemnización de cese» para los que no repiten

Una vez celebradas las elecciones, todos los parlamentarios -diputados y senadores- que hayan dejado de serlo o no consigan escaño podrán pedir además la llamada «indemnización por cese». Esta paga se limita a una mensualidad de la asignación constitucional  -fijada actualmente en 2.900,43 euros-, por cada año de mandato, con un máximo de 24 meses y siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.

Esta prestación no se abona de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el pago si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario. Es decir, que en el momento en el que tengan otro sueldo público dejan de cobrar.

Por ejemplo, Iñigo Errejón, que fue diputado de Unidos Podemos durante tres años y casi un mes, tras haber renunciado a su acta de diputado tiene derecho a recibir una indemnización del Congreso de tres mensualidades, es decir, de febrero a abril. Esto supone un total de 8.701,29 euros.

También se acogió a ella Pedro Sánchez tras abandonar su escaño a finales de octubre de 2016. Según publicó el Portal de la Transparencia, el líder socialista cobró 2.813,87 euros durante cada uno de los cuatro meses.