Congreso español impide procesamiento del rey emérito

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Las sospechas de corrupción del rey emérito ha suscitado diversas reacciones en España, como el retiro de su retrato oficial del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Navarra.

Las sospechas de corrupción del rey emérito ha suscitado diversas reacciones en España, como el retiro de su retrato oficial del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Navarra. | Foto: EFE

El exmonarca es objeto de una investigación por la Fiscalía española por sospechas de que recibió comisiones ilícitas por haber mediado para que las empresas españolas que participaron en la construcción del ferrocarril de alta velocidad La Meca – Medina, bajaran sus precios en la licitación.

La Mesa del Congreso español votó en contra de permitir que una comisión investigadora adelante un proceso criminal contra el rey emérito Juan Carlos I. Las fuerzas políticas Partido Socialista Obrero Español (Psoe), Partido Popular (PP) y Vox, fueron determinantes en tal decisión.

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Los legisladores participantes decidieron afiliarse al criterio de que el exmonarca mantiene la inmunidad que le es inherente a su estatus de rey, pese a haber abdicado en 2014.

De esta manera, consideran que las acciones realizadas por el exjefe de Estado durante su período en tal condición, no pueden ser objeto de persecución penal, pese a que la persona ya no detente el cargo.

No obstante, la Fiscalía General de España mantiene abierta una investigación contra Juan Carlos I por presuntos hechos de corrupción durante su período de reinado. Dicha investigación fue impulsada, entre otras, por las fuerzas políticas Unidas Podemos y Más País.

«No desistiremos. Al Psoe le cuesta cada vez más frenar este tipo de investigaciones», señaló Gabriel Rufián, diputado al Congreso por Esquerra Republicana.

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La posición adoptada por la Mesa del Congreso no está exenta de detractores, en el propio territorio español. «La inviolabilidad en un sistema social y democrático no puede extenderse hasta el infinito”, señaló el magistrado emérito del Tribunal Supremo español, José Antonio Martín Pallín, en declaraciones a la prensa local el pasado mes de marzo.

En la misma fecha, José Luis Martí, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad española Pompeu Fabra, manifestó que la inmunidad del monarca del país solamente se extiende a la legislación nacional. «Fuera de ella, sus derechos se rigen por el derecho internacional y por el derecho de los demás países” aseguró.

“El rey emérito debe responder por sus supuestos delitos no solo en España, sino también ante otras jurisdicciones que puedan ser competentes», expresó Martí, en referencia a la investigación que, también por corrupción, se sigue en Suiza contra Juan Carlos I. Esta pesquisa es la que motivó el inicio de la que adelanta el Ministerio Público español.

ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸

@pnique

¿Qué ha pasado con la Comisión de Investigación sobre el Rey Emérito?

Ayer lo expliqué en detalle @enlafronteratv con @MonederoJC. Con ánimo pedagógico, al tratarse de un tema de cierta complejidad jurídica, y también con sorpresa e indignación.

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Por su parte, el abogado y catedrático en Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos, en un artículo de análisis publicado en 2018 en un medio de prensa español, analizó: “Que el jefe del Estado sea inmune, mientras ostente su cargo, es un atributo necesario tanto de reyes como de presidentes de República; pero que se mantenga dicha inmunidad por actos criminales ajenos a su condición pública, no parece una interpretación sostenible aplicando las reglas del Código Civil”.

El rey emérito de España Juan Carlos I es objeto de una investigación por la Fiscalía suiza, sospechoso de haber recibido, a través de bancos en territorio helvético, comisiones ilícitas de parte de las autoridades de Arabia Saudita.

Estas comisiones serían su pago por haber mediado en que las empresas españolas que participaron en la construcción del ferrocarril de alta velocidad La Meca – Medina, bajaran sus precios en la licitación.

Una investigación criminal por igual causa fue iniciada por el Ministerio Público español, bajo el precepto de que su inmunidad prescribió con la abdicación.

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