Fuente: https://kaosenlared.net/el-congreso-admite-la-tramitacion-de-la-ilp-para-regularizar-a-500-000-personas-migrantes/ 11/04/24
PSOE, PP, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Junts per Catalunya apoyan la toma en consideración de la ILP, requisito necesario para que inicie su tramitación parlamentaria. Vox se ha opuesto a ella.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de 500.000 personas migrantes ha obtenido los votos suficientes para que el Congreso de los Diputados la tome en consideración y se inicien los trámites parlamentarios necesarios que la tendrían que conducir, si hubiera acuerdo entre los partidos, a su aprobación definitiva.
El camino de este tipo de iniciativas que promueve la sociedad civil suele ser muy complicado, como demuestra que solamente dos veces en toda la historia parlamentaria reciente hayan prosperado las ILPs. La primera fue en 1996, sobre la reclamación de deudas comunitarias y la segunda, en 2011, para considerar la tauromaquia patrimonio cultural (sic).
Al respecto varios de los partidos que desde un primer momento otorgaron su apoyo a la iniciativa han expresado su preocupación de que la ILP termine “en un cajón”.
Y es que a partir de ahora, la ILP seguirá el camino de cualquier otra iniciativa legislativa: su paso por comisión (con la correspondiente presentación de enmiendas), la elaboración de un dictamen con las enmiendas acordadas, la votación en el Pleno del Congreso y el paso al Senado, para ser, si es el caso, definitivamente aprobada en el Congreso.
¿Cuáles son los peligros corre la ILP en este proceso? En primer lugar, al no ser ningún grupo parlamentario el que promueve la iniciativa, históricamente se han solido abandonar y posponer indefinidamente. De este modo muchas veces, terminan las legislaturas y las ILP se trasladan a la siguiente legislatura (la ILP no decae con la disolución de las Cortes). Otro peligro es que la falta de acuerdo entre los propios partidos lleve a la ILP a embarrancar en el proceso de enmiendas. Y el último de esos peligros es que las enmiendas que se pudieran acordar no respeten el objetivo de la iniciativa, es decir, la regularización extraordinaria del “cerca de medio millón de personas” que se encuentran en situación de ilegalidad.