La crisis bélica en Ucrania, sumada al periodo postpandemia que atraviesa el mundo, están generando situaciones económicas críticas; el incremento sostenido de los precios de los artículos básicos, en especial de los alimentos, se ha descontrolado aún en las economías consideradas como las más sólidas de la Región y del mundo, afectando la sobrevivencia de su población más vulnerable.

Sin embargo, ha causado gran sorpresa e incluso admiración internacional que la economía boliviana haya logrado índices de inflación ejemplares. Aunque desde hace más de 10 años el control de la inflación en Bolivia ha sido ejemplar, hoy nuestro país es noticia internacional justamente por su bajo nivel de inflación.

Aprovechamos esta coyuntura internacional para explicarle tanto al pueblo boliviano como al mundo lo que hicimos en Bolivia desde el año 2006, que hoy no puede ser descrito simplemente como un grupo de “subvenciones” sumadas al funcionamiento de una empresa pública.

Podría decirse que esta historia de control de la inflación comenzó con una herejía el año 2008, la herejía de una mujer valiente, entonces ministra del gabinete de Evo Morales. En ese momento, a pesar de que la formación profesional de la ministra Susana Rivero era jurídica y de que los ministros formados en economía no respaldaron su iniciativa, la sabiduría y genialidad del líder y entonces presidente viabilizó esta herejía.

Sin embargo, aclaremos que los mecanismos implementados para el control de la inflación no se implantaron al azar o improvisadamente, aunque sí se diseñaron con audacia y creatividad sobre la base de las necesidades reales y particulares devenidas de situaciones concretas.

Comencemos primero por esas necesidades y situaciones concretas.

Control de exportaciones

El año 2008 el país comenzó a sufrir un anormal desabastecimiento de alimentos en el mercado interno, debido a que empresas/empresarios agroindustriales de Santa Cruz decidieron dejar de abastecer el mercado interno y exportar toda su producción (aceite comestible y otros alimentos)[1]. El desabastecimiento generado buscaba producir una situación social crítica de descontento y movilización social para desestabilizar el gobierno de Evo Morales, que avanzaba en su agenda de eliminación de privilegios habiendo ya nacionalizado los hidrocarburos e instalado la Asamblea Constituyente.

Frente al desabastecimiento de alimentos y, a propuesta de la ministra Susana Rivero, el 26 de febrero del 2008, rompiendo con la “racionalidad” liberal vigente hasta entonces, se promulgó un Decreto Supremo[2] que establecía nada más y nada menos que: la suspensión de exportaciones de varios alimentos “hasta nuevo aviso”[3], anunciando que la prioridad del Gobierno sería el reabastecimiento del mercado interno por parte de las empresas bolivianas. La medida fue criticada por toda la intelectualidad de la ciencia económica y del empresariado. Se desató entonces una gran confrontación que duró varias semanas entre las empresas agroindustriales de Santa Cruz y el Gobierno que no retrocedió en su medida.

Después de más de un mes de vigencia, la medida tomó forma de política de Estado ya definitiva cuando el ministerio del área estableció que solo podrán exportar limitadamente las empresas que se comprometan a vender en el mercado interno un cupo de producción determinado por el Estado a un precio ubicado dentro de una “banda de precios” también determinada por el Estado. Esta banda de precios denominada como “banda de precios justos”, debía considerar tanto los costos de producción como una ganancia razonable para las empresas. Solo cumpliendo esos cupos y precios justos, que serían controlados por el Gobierno, cada empresa recibiría un “certificado de abastecimiento interno a precio justo”, con el cual la Aduana Nacional autorizaría la exportación de excedentes solicitada. Este procedimiento de regulación de exportaciones se mantiene hasta el presente.

A finales de 2010, ya con otro producto, el azúcar, nuevamente las empresas de Santa Cruz exportaron casi toda su producción dejando desabastecido el mercado interno como nunca antes habían hecho, provocaron una gran crisis de desabastecimiento interno de azúcar que nuevamente buscó colapsar el mercado de alimentos y movilizar a la población contra el Gobierno. En plena crisis del azúcar (enero 2011) me tocó conducir la cartera de Estado responsable del tema[4] y luego de importar azúcar en aviones y distribuirla en caimanes del Ejército. De inmediato el gabinete aprobó un Decreto incluyendo este alimento dentro del mecanismo anteriormente descrito de regulación de exportaciones, inclusión que se mantiene también hasta el presente a pesar de las protestas recurrentes de los empresarios de la agroindustria azucarera.

Este procedimiento, fruto de aquella herejía, ya perfeccionado, funciona hasta el día de hoy y, con una corta interrupción, es actualmente un mecanismo central de la política de control interno de precios y control de la inflación. Se trata de una política de Estado que prioriza a la alimentación como derecho humano fundamental para el pueblo de Bolivia: regulación de exportaciones garantizando el abastecimiento del mercado interno a un precio que evita los márgenes de ganancia monopólicos excesivos en alimentos básicos (cantidad y precio). En este mecanismo no interviene una subvención alimentaria directa del Gobierno, pero se logran impactos positivos en los precios y en el abastecimiento de los alimentos.

La implementación y consolidación de este mecanismo ha requerido un gran esfuerzo de equipos técnicos gubernamentales comprometidos, que desarrollaron diseños y destrezas propios conservados hasta hoy que debieran valorarse más dentro y fuera de nuestro gobierno. Está en manos de dos ministerios, cuyos equipos combinan y cruzan información que va desde contar con registros actualizados de cada cultivo sobre cantidad de hectáreas sembradas en todo el territorio nacional, monitoreo y prospecciones sobre rendimiento por hectárea de cada cosecha e indicadores de productividad de la agroindustria, entre otros; además de contar con equipos técnicos calificados para inspección in situ en todo el territorio.

Los productos regulados hasta el momento fueron priorizados en función a la demanda interna, por ejemplo, soya, derivados y subproductos de soya, arroz y variedades, sorgo, carne, azúcar, maíz, variedades y subproductos del maiz[5].

Además, se generan impactos positivos indirectos en la producción avícola, dado que el maíz es la base del alimento balanceado en ese rubro y otro ganado con destino alimentario. En el caso de la soya, el año 2012 las industrias de oleaginosas de Santa Cruz “por comodidad” vendían al Brasil su subproducto “cascarilla de soya”. Desde entonces se logró que esta sea vendida a los ganaderos de Cochabamba para alimentar el ganado vacuno lechero, mejorando así notablemente la nutrición y por tanto la calidad de la leche.

Hay que aclarar que toda esta información, principalmente la relativa a precios de los alimentos básicos en los principales mercados de abastecimiento en las ciudades capitales del país, era inexistente en 2006, cuando el Gobierno del Cambio se hizo cargo del manejo de la economía. El neoliberalismo no tenía el menor interés en saber a qué precio compraba el pueblo los alimentos. Es más, entre 2008 y 2011, nuestro reporte de precios de alimentos se recogía en una hoja de cálculo básica con la que montamos todo el precario e inicial mecanismo de control de inflación; sin embargo, se ha avanzado mucho en estos años y hoy tenemos todo un sistema implementado por una institución creada para el efecto: el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, instancia técnica de monitoreo y gestión de la información agropecuaria para garantizar la soberanía alimentaria.

Emapa

La creación de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa)[6], en el segundo año de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) (agosto de 2007), buscaba responder a una necesidad real y situación concreta vivida por el propio presidente Evo Morales como productor agrícola y que se había convertido en su sueño: entregar créditos sin intereses a los productores agrícolas en forma de semillas y fertilizantes y recibir los pagos de esos créditos en forma de producción final a precios justos (un sueño sencillo pero que tiene por detrás una concepción económica transformadora).

Emapa entrega a crédito semillas y fertilizantes a pequeños y medianos productores de grano y recibe en pago su producción; el objetivo inicial de la empresa del Estado. Además de mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores, era revertir los bajos precios que las grandes empresas agroindustriales o procesadoras les pagaban por su producción de grano e intervenir en el mercado de alimentos para lograr estabilizar los precios de los mismos.

Su mecanismo: antes de la cosecha, anualmente, en un proceso complejo y muchas veces difícil que incluye negociación y acuerdo con los productores, Emapa determina un precio base para cada grano; un precio justo al que ofrece recibir/comprar los granos a los pequeños y medianos productores. Dependiendo de los productos y de la prioridad de la política pública y de la política alimentaria del país, Emapa aplica montos de subvención para lograr potenciar los cultivos en los que Bolivia necesita mayor impulso para lograr la autosuficiencia o la soberanía alimentaria[7].

Con este mecanismo, Emapa ha acopiado y comercializado en el tiempo grandes cantidades de producción , como grano de soya, arroz, afrecho de trigo, maíz, trigo y hasta harina de trigo que, por ejemplo, hoy permite estabilizar el precio del pan de batalla.

En un par de años los precios fijados por Emapa ganaron relevancia y desde finales de 2009 son precios referenciales para todo el mercado de granos en el país; convirtiéndose en estos 13 años en un instrumento ideal de regulación del precio de esos granos, evitando así que este mercado sea dominado por oligopolios o monopolios de compra o venta.

De esta manera, Emapa le ha permitido al Estado boliviano contribuir a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales y a la comercialización de la producción del agricultor en el mercado interno y externo, logrando la consolidación de la Seguridad Alimentaria con Soberanía para toda la población .

Las dos medidas, tanto la de regulación de exportaciones como la operación de Emapa como regulador de precios en el mercado de alimentos, son brazos protectores del Estado a la alimentación de los bolivianos; pues constituyen un blindaje que hoy protege a la población de las fluctuaciones de precios de los productos denominados commodities (como los de los hidrocarburos y los de los granos)[8], cuyos precios internacionales suben y bajan constantemente, lo que en otros países está generando desastrosos efectos en la economía de la población más vulnerable.

Pero la construcción de los dos instrumentos de intervención de gestión pública para el control de precios ya mencionados se complementa con varios otros mecanismos que podrían parecer un grupo disperso de dispositivos que combinan algunas subvenciones sueltas o decretos improvisados que otorgan competencias ad hoc a una o varias empresas para atender necesidades coyunturales de abastecimiento de cantidad y precio de alimentos. Si fuera una simple sumatoria desorganizada de dispositivos, entidades creadas y empresas, su funcionamiento no hubiera sido tan consistente y sólido en el tiempo. Seguiremos explicando.

“Precio Justo”, la clave para el cambio

Ninguno de los mecanismos de control de precios puede entenderse sin desarrollar la explicación de lo que el Gobierno desarrolló como noción del “precio justo”, que les da consistencia a todos los dispositivos que conforman un sólido, propio y particular sistema de control de precios, concebido por bolivianos y bolivianas sobre una base teórica y conceptual desarrollada con instrumentos teóricos distintos a los convencionales que dominaron en los 20 años del neoliberalismo.

Sabemos que el modelo capitalista tiene como elemento central el funcionamiento del mercado, y Bolivia vive y opera dentro de este modelo. La lógica neoliberal plantea que el juego de la oferta y la demanda actúa como una “mano invisible” que asegura la optimización de la distribución de la riqueza a través de una óptima determinación de los precios de mercado de los bienes producidos en una economía. Para que esta “mano invisible” opere adecuadamente el funcionamiento libre del mercado es una condición básica, o, lo que es lo mismo, la no intervención del Estado en los mercados (la no regulación de los mercados por parte del Estado) es condición imprescindible, y a lo mucho sería necesaria una regulación antimonopólica.

Sin embargo, desde el ingreso del MAS al gobierno, este autodenominó a su gestión, no casualmente, como Proceso de Cambio; por lo que era claro que no podía entender a la formación de los precios de los alimentos desde esta perspectiva económica neoliberal.

Por eso, quienes, en el gobierno de Evo, propusimos diseños estrategias y mecanismos de control de precios que se pusieron en marcha, basándonos en las reflexiones históricas de los pueblos latinoamericanos[9], partimos de una formulación conceptual propia sobre cómo se forman los precios de los alimentos en Bolivia y cómo funciona el mercado interno de los alimentos básicos. Veamos.

Como se sabe, para determinar el precio de un alimento hay que conocer el costo de los bienes o materias primas, insumos o maquinaria utilizados en la producción y a eso sumar la ganancia del inversionista. Esto para la mirada capitalista es un dato ya dado, por lo que a la hora de fijar el precio del mercado entran simplemente en juego la oferta y la demanda y ahí termina todo. El consumidor decide si puede comprar el bien o no puede comprarlo.

En cambio, la intervención del Estado en la economía implementada por el gobierno del MAS tiene una base teórica y conceptual que entiende esta cuestión desde la economía política clásica, y más propiamente en nuestro caso desde la perspectiva marxista.

La lógica inspiradora partió de una concepción integral y compleja del proceso de formación de precios de los bienes, que lo entiende como un proceso de articulación vertical de todos los eslabones de la cadena productiva de un bien de consumo final, en la que corresponde analizar cadenas de valor, valor trabajo, valor de cambio, como base de la formación de los precios. Estos eslabones a su vez son parte de diversos tejidos locales en espacios territoriales particulares (la famosa y no siempre entendida unidad de múltiples determinaciones de la lógica del materialismo dialéctico).

Se parte de una concepción de valor trabajo totalmente diferente de la llamada visión de las “cadenas productivas” del neoliberalismo boliviano de los 2000[10], que en los hechos buscaban favorecer solo a los grandes empresarios agroindustriales con potencial exportador y facilitarles su articulación interna, o solo a los eslabones ganadores de las cadenas.

Reconocimos primero que la conformación de los mercados en la economía boliviana heredada del neoliberalismo en 2006 cumplía imposiciones lógicas de intercambio mercantil neoliberales profundamente inequitativas, a partir de las cuales los excedentes siempre benefician a los grandes inversores, dejando en desventaja a los pequeños productores y –en el otro extremo– dejando a la población de consumidores con cada vez menores posibilidades de acceso a los alimentos básicos.

A partir de este conocimiento/reconocimiento, tocaba desmontar la lógica capitalista de formación de esos precios; revertirla hacia una reorganización productiva y mercantil; desarmar los mecanismos de intercambio desigual entre los grandes empresarios industriales y los pequeños y medianos productores de alimentos; y favorecer al pueblo como consumidor final de estos. Por tanto, el modelo de economía política implementado por el Proceso de Cambio boliviano asumió el gran reto de lograr un desarrollo de los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo que sean altamente equitativos y por tanto distintos y de lógica opuesta a los heredados de la estructura neoliberal.

Dentro de nuestro modelo, para la definición de un precio se comienza con el análisis de los costos de producción incorporando a toda la cadena productiva; desde el origen de la materia prima, el proceso productivo de los insumos, la maquinaria, la mano de obra hasta la comercialización. En segundo lugar, se calcula la ganancia o el excedente que corresponde recibir a cada uno de los productores integrantes de cada eslabón de esa cadena, considerando que estamos dentro del capitalismo y en cada eslabón se tiene que recuperar los costos y además una retribución al inversor o al productor.

En concreto, desde nuestra perspectiva de Complejos Productivos Alimentarios, por ejemplo en el caso de la leche para consumo humano, además de los costos de producción y la ganancia del productor industrial de la leche procesada, debemos incorporar en el análisis tanto los costos de producción como la correspondiente ganancia que debería tener el ganadero (campesino) que produce leche cruda y la vende a la industria, y también incluir los costos de producción y correspondiente ganancia del proveedor de alimento para el ganado, etc., etc. [11].Por último, para la definición final del precio también debe incluirse en el análisis la situación de los consumidores del bien, es decir, el pueblo que consume la leche pasteurizada.

Como se observa, detrás de la definición del precio de un alimento que se venderá al consumidor final está la fijación de varios precios en una cadena de integración vertical de articulación productiva.

Entre cada eslabón de la cadena y el siguiente existe un proceso de compra-venta para que los productos/insumos pasen de mano a mano. En este proceso se fija una y otra vez un precio mediante una tensa negociación, donde el vendedor buscará entregar el producto al mayor precio posible y el comprador buscará, por su lado, adquirir el producto al menor precio posible.

En conclusión, los precios finales están formados por una cadena de negociaciones que al mismo tiempo es una cadena de formación de precios que además tiene como trasfondo, desde la perspectiva del valor trabajo, una cadena de valor de las mercancías.

Este encadenamiento de diversos sectores, que tienen intereses opuestos en lo económico, puede tener a su vez similares o diferentes intereses en cuanto a identidad cultural, regional, de género o cualquier otra característica socioeconómica.

El proceso de formación del precio final depende a su vez del “poder de negociación” que tiene cada actor o grupo de actores económico sociales de cada eslabón de la cadena; poder determinado tanto por la cantidad de empresas o productores que son parte de cada eslabón como por la cohesión o dispersión que hay entre todos los sujetos que participan en cada eslabón. El precio de cada proceso de compra-venta será pues más favorable al sector que tiene mayor “poder de negociación”; a más “poder de negociación” de un actor, más ganancia. En el neoliberalismo los eslabones de los empresarios (de mayor poder económico) siempre lograban ventajas en los precios sobre los eslabones de los pequeños o medianos productores (de menor poder económico).

Ante esta situación heredada del neoliberalismo, el gobierno del Proceso de Cambio decidió incidir en los términos injustos de intercambio dentro de los complejos productivos, buscando que la vieja “mano invisible” vigente en el mercado (que había generado esos precios inequitativos basados en los distintos poderes de negociación ya señalados), deje de funcionar, de manera que esos términos de intercambio estructuralmente inequitativos se modifiquen y se logren “precios justos”. El Estado decidió intervenir en la economía del país bajo la bandera de “precios justos”.

Así que, para fijar consistentemente el precio de un bien de consumo final el Gobierno tuvo que trabajar o analizar los precios de todos o por lo menos de los más importantes eslabones de la cadena de cada Complejo Productivo. Esta fue y es una labor que requiere un enorme esfuerzo técnico y político Estatal y, por tanto, en una primera fase de regulación de precios el Gobierno tuvo que priorizar los esfuerzos públicos de regulación solo para los bienes de la canasta básica de la población.

Para esta regulación de precios, las autoridades definimos como base lo que denominamos el “margen máximo de ganancia” del productor o comercializador; esta base permite, por un lado, evitar la inequidad al interior de los eslabones de la cadena, vale decir lograr equidad en la distribución del producto social entre empresarios “ricos” y productores “pobres”; o, lo que es lo mismo, evitar que unos ganen mucho más y otros mucho menos.

Por otro lado, y para cerrar el círculo, esta definición del margen máximo de ganancia por cada eslabón de la cadena precautela paralelamente el poder adquisitivo de la población, posibilitando que esta compre su canasta básica también a un “precio justo”. ¿Por qué? porque, según nuestra mirada, que luego se plasmó en la Constitución Política del Estado (CPE), la alimentación es un derecho de la población y el Estado debe facilitar el acceso a los alimentos básicos. Los logros alcanzados por nuestro Gobierno son reconocidos a nivel mundial: mientras el año 2005 la prevalencia de desnutrición en Bolivia era del 27%[12], llegó a solo 13% en 2019)[13].

Sin esta regulación sobre máximo margen de ganancia los precios de todos los eslabones de la cadena y el precio final de un producto se convertirían en un mecanismo de confiscación de recursos de los bolsillos de la población por parte de los productores, empresarios y comerciantes. Es decir, sin este mecanismo no estarían defendidos los derechos de los consumidores a comprar sus alimentos básicos a “precios justos”. Esto significa que todos los ciudadanos sabrán que al comprar alimentos básicos ningún empresario o productor está ganando más de lo que se considera una ganancia razonable por la producción de los alimentos. Este es el contenido y definición de la noción de “precio justo”.

Si esto funciona bien, ninguna empresa puede tener ganancia excesiva (monopólica) con los alimentos básicos en ningún eslabón de la cadena productiva.

Este es el concepto o concepción teórica central que impide el incremento de los precios finales de los alimentos hacia el pueblo y su implementación en Bolivia es la que ha permitido (junto al resto de políticas económicas del modelo) que los precios de los alimentos básicos no hayan subido en más de una década. Se ha controlado que a lo largo de toda la cadena de valor y de formación de precios en ninguno de los eslabones se haya incrementado ningún precio por un incremento innecesario de las ganancias de algún sector económico.

Hasta el momento, aplicando esta concepción en la integración vertical de la cadena, el gobierno del Proceso de Cambio aprobó dos Leyes de Complejos Productivos orientados a la leche y el azúcar, actualmente en vigencia.

Las leyes de los complejos productivos se han formulado y aprobado con el objetivo de que quede establecido mediante una norma el procedimiento de fijación de precios de compra y venta de insumos en cada eslabón de la cadena productiva de integración vertical e incluso horizontal (territorial o local), garantizando que la determinación de precios suceda de manera democrática para evitar la inequidad y el intercambio desigual, y evitar la ganancia monopólica en algún nivel, incluso en el eslabón final en que se determinan los precios al consumidor final.

Un mecanismo adicional utilizado en el caso de la leche, por ejemplo, fue el subsidio cruzado instalado ante la necesidad de mejorar la alimentación y nutrición de la población boliviana, y tomando en cuenta que reportes nacionales a internacionales señalaban que uno de los más importantes déficit alimentarios de la niñez tenía que ver con el consumo per cápita de lácteos en Bolivia, que era de los más bajos de la Región, y dado que el análisis de complejo productivo de la leche no permitía que ajustes dentro del encadenamiento pudieran permitir reducir o al menos no incrementar los precios de la leche, se buscó un mecanismo complementario que consistió en la retención de un monto de 10 centavos por litro de cerveza destinado directamente a la promoción de la producción y consumo de leche en el país[14].

Desde la perspectiva de los ministerios que manejaron estos temas, el manejo de precios de bienes alimentarios básicos es una piedra angular del nuevo modelo económico planteado por el Proceso de Cambio, porque, en definitiva, es el instrumento principal que fijará qué pedazo del producto social le corresponde obtener a cada grupo social y económico; pues todos los costos de materias primas e insumos implican que en cada eslabón de la cadena se negocian las ganancias o retribuciones de grandes sectores económicos y sociales incluidos los salarios.

En resumen, la regulación Estatal de los precios, que hoy toma la forma de control de la inflación en Bolivia, supone no solamente considerar el precio del bien mismo del que se esté tratando, sino considerar los procesos de producción de toda la cadena de producción del bien (cuyo precio se está determinando) y así se está determinando en realidad qué parte del producto social generado será apropiada por cada sector de la sociedad en todo el territorio.

Como se hace evidente, la lógica que se aplica a la hora de calcular los precios que deben tener los bienes o servicios responde a una visión política, económica y social; visión que expresa el tipo de sociedad que se busca construir. A diferencia de lo que el sentido común en el capitalismo defiende, el cálculo de precios no es un tema estrictamente técnico/económico, es un tema que si bien tiene una dimensión técnica, fundamentalmente es político y su análisis se enmarca en un debate ideológico.

Todo este diseño, inspirado en las luchas históricas de los pueblos indígenas y campesinos del mundo[15], ha sido “hecho en Bolivia” y se gestionó e implementó con gran solvencia técnica y compromiso de equipos de especialistas del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Adicionalmente, es importante recalcar que esos ministerios fueron liderizados casi en un 100% por ministras mujeres, siempre respaldadas por el gabinete, pero principalmente por el apoyo y confianza del líder del Proceso de Cambio, Evo Morales, y el apoyo de Álvaro García Linera.

Hoy esos dos ministerios manejan acertadamente y con gran solvencia esa política al mando de los ministros Néstor Huanca y Remmy Gonzáles, que también fueron parte de esos equipos durante 14 años y hoy están bajo el mando tan reconocido y meritorio de nuestro presidente Luis Arce. Las bolivianas y bolivianos que hemos construido modelos y estrategias ejemplares y transformadoras para el mundo y lo seguimos haciendo nos sentimos profundamente orgullosas y orgullosos.

Cuenta la leyenda que hubieron más de 30 versiones del Decreto de creación de Emapa antes de aprobarse. Ha pasado mucho desde que aquella empresa era solo un sueño del Evo agricultor, la realidad ha superado al sueño. El gabinete del Proceso de Cambio, desde el año 2006 en cuestión de precios de alimentos rompió toda lógica liberal y desobedeció cualquier consejo “sensato”, pero logró algo que hoy es admirado por el mundo. Eso fue posible por nuestra personalidad irreverente y creativa de izquierdistas (en mi caso de marxista), respaldada siempre por la valentía y la audacia de nuestro líder histórico.

En Bolivia, a partir del ingreso del MAS al poder en 2006, cuando había que pasar de las palabras a los hechos, nos lanzamos a construir lo soñado por nuestro pueblo, desoímos lo que decían los “expertos” en economía, que en los medios de comunicación anunciaban que hundiríamos al país, e hicimos lo contrario de lo que aconsejaba el Fondo Monetario Internacional (FMI). Contra todos ellos trabajamos día y noche y nos dejamos la piel en ese esfuerzo por varios años, hoy los que entonces nos criticaron ni se ruborizan al ver que nuestro éxito es reconocido por el mundo, ojalá en nuestras propias filas se recordaran esos años en que las autoridades tomamos decisiones contra viento y marea con el serio riesgo de caer ante la fuerza de la oligarquía; ojalá todos se acordaran de aquel líder vigoroso que nunca tuvo miedo y no dudaba ni claudicaba y que emocionaba y tenía la fuerza para avanzar y vencer; unos no lo recuerdan y otros lo no quieren recordar. Hoy lo importante es no retroceder.

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[1] Para dimensionar el peligro inminente en que esta situación ponía a Bolivia, recordemos simplemente lo sucedido en Venezuela; donde se presentó una acción similar, claramente orientada a la desestabilización económica y política del gobierno.

[2] DS. 29460 de 26 de febrero de 2008. Prohibición temporal de exportación de animales vivos, carne, trigo, maíz, arroz, aceite comestible de soya y girasol.

[3] Como respuesta a esta medida, las empresas exportadoras afectadas iniciaron movilizaciones, paros y bloqueo de caminos pues, además de reducir sus ganancias, deberían pagar multas por incumplimiento de sus contratos de exportación.  Los empresarios amenazaron incluso con lo imposible: que, aún sin contar con la autorización del Estado, “de todas maneras exportarían sus productos” (El Diario, 5 de abril de 2008). Sin embargo, el gobierno no retrocedió en su medida.

[4] Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

[5] Actualmente se ha incorporado también la quinua y la idea es que la cantidad de cultivos controlados siga creciendo.

[6] EMAPA, Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.

[7] Es el caso del Trigo que es un cultivo en el que Bolivia nunca tuvo desarrollo propio y en el que se ha perseguido la autosuficiencia.

[8] Los commodities son bienes básicos, aquellos productos que se destinan para uso comercial, y que no cuentan con ningún valor agregado, o no poseen ninguna característica diferenciadora con respecto a los demás productos que encontramos en el mercado. Las bolsas de materias primas o commodities son mercados en los que se compran y venden productos como maíz, gas natural, petróleo, cuero, oro, etc. Cada producto tiene su propio mercadoformado por compradores y vendedores que pueden agruparse en una bolsa. En las bolsas de commodities se negocian los productos mediante contratos de futuros. Un contrato equivale a una cantidad prefijada de una materia prima en concreto, su tamaño es diferente dependiendo del producto en cuestión y constituyen estándares de negociación internacional. La negociación propiamente dicha es similar a la compra-venta de acciones. Al igual que en la bolsa, existen brokers de futuros. Una vez un contrato es adquirido, puede ser revendido (o recomprado según la estrategia) o se puede esperar su vencimiento para obtener la materia prima que representa. Los precios de los contratos incluyen almacenaje, transporte, etc.  Una de las características más destacables de los commodities es su volatilidad, es decir, las fluctuaciones a las que están sujetos sus precios durante todo el año.

[9] Las reflexiones de los pueblos inscritas en muchos eventos de la “Via Campesina” realizados durante varias décadas, en las que participamos varios miembros del gobierno del MAS y que fueron avanzando desde las nociones de seguridad alimentaria hasta las mas avanzadas sobre soberanía alimentaria.

[10] Ver diseños y propuestas del Sistema Boliviano De Productividad y Competitividad 2004 y siguientes. DS. 27336.

[11] Cabe puntualizar que así se procede también cuando se determina la banda de precios en el caso de la determinación de los cupos de exportación y la banda de precios en el caso de aceites comestibles y cuando EMAPA fija sus precios.

[12] https://datos.bancomundial.org/indicator/SN.ITK.DEFC.ZS?locations=BO

[13]Según, el último Informe del Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo – SOFI (por sus siglas en inglés) publicado por la FAO el informe anual 2015 de Fao, Bolivia logró la meta de reducción del hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) tras disminuir a menos de la mitad la proporción de personas que padecen subalimentación crónica.  El informe anual 2015, muestra que Bolivia –  logró bajar de 38 % (1990) a 15,9 % (2015), la proporción de personas subalimentadas. Dl Director General de la FAO entregó, este 7 de junio, en Roma el reconocimiento  que otorga la Organización a los países que alcanzan esta meta. El reconocimiento fue recibido por la ministra Nemesia Achacollo, en representación del presidente Evo Morales.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Bolivia/docs/Bolivia_logra_meta_internacional_de_reducir_el_hambre_01.pdf

[14] En Bolivia, el consumo per cápita de leche el año 2011 era de 31 litros por persona, desde 2012, con la vigencia de Proleche, en 2020 subió a 64,5 litros por persona.

[15] Por ejemplo el “Foro mundial sobre soberanía alimentaria, La Habana, Cuba, 7 de septiembre del 2001” en cuya clausura el comandante Fidel Castro explicó todas las razones históricas que fundamentan que “un mundo sin hambre el perfectamente posible”. https://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-1324_es.html

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Teresa Morales Olivera. Boliviana, exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural 2011-2015 y exviceministra de Desarrollo Rural y Agropecuario 2009.