Un cargo de elección popular debe ser ocupado por una persona ética y capaz de ejercerlo.

En la carrera por el poder político suele perderse, además del respeto por la verdad, algo absolutamente indispensable: la transparencia y la capacidad de mostrar un perfil idóneo y a prueba de escrutinio para el cargo ambicionado. En un mundo orientado hacia la absurda soberanía de las leyes del mercado y frente a sociedades desprovistas de elementos de juicio confiables ante la oferta política –como sucede en la mayoría de países latinoamericanos- quienes triunfan suelen ser los más poderosos, los más tramposos, pero no siempre los mejores.

Las grandes mayorías han sido desprovistas de acceso a una educación de calidad y este hecho repercute en la carencia de capacidad de análisis, de acceso a una información objetiva y comprobable sobre la oferta electoral, pero también en una inevitable aceptación de decisiones emanadas por instituciones que han perdido de vista su misión. Estas instituciones suelen desviarse de su misión para complacer y apañar a sectores interesados en apoderarse del poder. En este escenario los conceptos de soberanía, independencia, democracia y gobernanza han sido desprovistos de todo su significado.

Para iniciar el proceso de elegir a un gobernante: presidente, alcalde, asambleísta o cualquier otro cargo de elección popular, es indispensable descartar antes de seleccionar. Es decir, dejar de lado a todo aquel individuo -hombre o mujer- cuyos antecedentes muestren conflicto con la ley, actos de corrupción, falsedad o incumplimiento de promesas de campaña en eventos previos, ocultamiento del origen de su patrimonio y falta de transparencia en el financiamiento de su propaganda política. Para ocupar un cargo político, la ética es un factor absolutamente indispensable, pero también la capacidad profesional y técnica que lo respalde para ejecutarlo con eficiencia y eficacia.

Un estadista es, según la RAE “una persona con gran saber y experiencia en asuntos de Estado”. Pero es mucho más que eso: es quien conoce las necesidades de su pueblo y busca resolverlas, apelando al consenso ciudadano para tomar decisiones equilibradas; es quien genera un avance sostenible en todos los campos de acción, independiente de presiones de grupos de poder; es quien comprende sus limitaciones en el ejercicio del cargo y sabe rodearse de un equipo respetuoso de la ley. Pero sobre todo, es quien no transa con grupos de poder económico ni con organizaciones criminales que solo buscan su propio beneficio, contra el beneficio de las mayorías.

Para elegir a un gobernante no basta con acudir a convocatorias de carácter proselitista y escuchar discursos. Hay que darse a la tarea de investigar, porque dar el voto es una decisión de enorme alcance y serias consecuencias. El sufragio es una declaración de confianza, de compromiso y de ejercicio ciudadano, por lo cual nunca debe responder a la coacción ni al pago de un soborno. Es el acto cívico más importante para una democracia y venderlo por dinero, regalos o una bolsa con alimentos es una traición contra la integridad personal y la del país.

Al dar una mirada a los procesos electorales cercanos a estas fechas resulta doloroso comprobar cuánto se ha perdido en términos de poder ciudadano, cuánto se ha deteriorado la institucionalidad y cuánta incertidumbre amenaza la incipiente democracia de nuestras castigadas naciones.

La falta de reflexión frente al sufragio es un acto de negligencia y tiene consecuencias.