Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/02/13/colombia-quien-es-martha-mancera-la-polemica-fiscal-general-interina/ 13/02/24
Al no haberse elegido a una nueva titular del Ministerio Público, de una terna presentada por Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia, la funcionaria asume ese cargo provisionalmente.
La vicefiscal general de Colombia, Martha Mancera, ocupará el lugar del titular del Ministerio Público debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no consiguió designar a la nueva titular de la Fiscalía.
El actual fiscal general, Francisco Barbosa, estará al frente del ente acusador hasta el 13 de febrero. A partir de allí, dejará su despacho en manos de Mancera, a quien la prensa señala de haber encubierto a un funcionario para beneficiar a un narcotraficante.
Este traspaso se da en medio de las denuncias del presidente colombiano, Gustavo Petro, de una supuesta “ruptura institucional” que busca hacerle un juicio político y deponerlo. El mandatario señala a Barbosa como principal artífice de ese plan de “golpe blando“.
Petro ha responsabilizado al saliente fiscal Barbosa de estar detrás de las acciones para deponerlo y obstaculizar la elección de la titular del ente acusador —que saldrá de una terna que presentó en septiembre pasado—, con el presunto objetivo de evitar que se hagan investigaciones a fondo sobre casos de presunta corrupción en la Fiscalía y sus supuestas alianzas con sectores poderosos y organizaciones narcocriminales.
¿Quién es Martha Mancera?
Según la página de la Fiscalía, Mancera es abogada de la Universidad Libre de Bogotá con magíster en derecho penal de la Universidad Libre de Cali y dos especializaciones de la misma facultad, en derecho constitucional y criminalística y ciencias forenses.
Ingresó a esa institución en 1993 y ha sido fiscal delegada ante los jueces especializados y del circuito; directora seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Cali; directora seccional en Valle del Cauca y titular de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada.
A partir de diciembre de 2017 ocupó la dirección de la Unidad Especial de Investigación y en 2020 fue nombrada como vicefiscal.
¿De qué se le señala?
Mancera, considerada como la mano derecha de Barbosa, protagonizó en noviembre pasado un altercado con el presidente al afirmar que desde la Casa de Nariño, sede del Gobierno, se estaba protegiendo a narcotraficantes, al cuestionar la ley de ‘paz total‘ y las conversaciones con los grupos armados impulsadas por Petro.
El líder del Pacto Histórico, en una interacción en sus redes, hizo referencia a un artículo publicado en noviembre por el periodista Daniel Coronell en el que sostiene que varios funcionarios del Ministerio Público, entre ellos la vicefiscal, tenían conocimiento que desde el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) se estaban enviando cargamentos de cocaína al exterior.
Pero no solo Coronell ha escrito sobre Mancera, la Revista Raya difundió el 3 de febrero una investigación donde ratifica que el director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura (Valle del Cauca), Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como ‘Pacho Malo’, habría sido encubierto por la vicefiscal en sus presuntas actividades de tráfico de drogas.
Las alertas habrían sido hechas por tres agentes encubiertos del CTI, que investigaban a bandas criminales y narcotraficantes entre 2020 y 2021. La prensa apunta, a través de informes, documentos y audios, que habrían sido perseguidos por Mancera.
Uno de los investigadores, Mario Fernando Herrera Aparicio, fue asesinado tras una persecución presuntamente dirigida por las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de las que se escaparon sus compañeros Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González Leó.
Estas acusaciones fueron negadas por Mancera, quien dijo en una entrevista con Semana: “Hay una estrategia para volverme mafiosa, cuando yo tengo una carrera de 30 años”.
Además de este caso, los cuestionamientos a Mancera datan de años atrás. Según Cuestión Pública, en 2016 la Fiscalía la demandó por presuntamente recibir dinero para no destruir una mercancía incautada en Buenaventura cuando era fiscal en Buga, un municipio del Valle del Cauca. Este proceso, que volvió a abrirse en 2019, no prosperó.