La organización criminal, también conocida como ‘El Clan del Golfo’, es la más grande de Colombia y una de las de mayor influencia en el mundo del narcotráfico.

La organización narcoparamilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocida como ‘El Clan del Golfo’ y ‘Urabeños’, decidió dar los primeros pasos para incorporarse al proceso de ‘paz total’ que gestiona el Gobierno de Gustavo Petro, con el propósito de poner fin al conflicto armado que sufre ese país desde hace décadas.

A través de un comunicado difundido por medios locales, las AGC informaron al presidente Petro y al Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, la decisión en «consenso unificado» del «Estado Mayor» de ese grupo delictivo, de «contratar los servicios profesionales de abogados» que tendrán «poder amplio y suficiente para que adelante acercamientos, exploraciones y, de ser el caso, negociación jurídica» en su nombre. «Por lo tanto están plenamente facultados en todo lo que tenga relación directa y/o indirecta con la Paz Total», añade el texto.

«Estamos atendiendo de esta forma el llamado del gobierno nacional a la paz total como una política de Estado, en los términos establecidos en la constitución política, los tratados internacionales, las leyes y decretos vigentes y aquellos que se lleguen a expedir en relación con las negociaciones a que haya lugar», cita parte del comunicado, fechado en las montañas de Colombia en marzo de 2023.

La organización criminal, que es considerada como la más grande de Colombia y una de las más poderosas y de mayor influencia dentro del mundo del narcotráfico, aclaró que los abogados contratados para representarlos, «no pertenecen ni han pertenecido nunca» a ese grupo delictivo, y que su designación se hace de «buena fe y con el ánimo de contribuir a la paz de Colombia».

Al Clan de Golfo se le señala como responsable de miles de crímenes relacionados a la actividad narcoparamilitar, entre ellos, asaltos armados y con explosivos, secuestros, torturas, así como asesinatos de civiles, policías y militares, principalmente en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país.

La decisión de las AGC se da a pocos días de conocerse la muerte de su segundo máximo cabecilla, Wilmar Giraldo Quiroz, alias ‘Siopas’, y dentro del contexto de «cese de hostilidades» entre los cuerpos de seguridad del Estado y los grupos armados irregulares, que propuso Petro en febrero pasado para avanzar en el proceso de ‘paz total’, en el que busca incorporar tanto a grupos guerrilleros como a bandas delictivas.

El máximo líder de ese grupo delictivo, Dairo Antonio Úsuga David, conocido como alias ‘Otoniel’ fue detenido por las autoridades colombianas en octubre de 2021 y extraditado a EE.UU. en mayo de 2022. Su deportación causó polémica en Colombia porque quienes se oponían a ese proceso consideraban que la medida era precipitada y que se hizo para evitar que hablara sobre los presuntos nexos con políticos y militares.