Javier Sáenz Munilla*. LQS. Septiembre 2020

Ya son más de 50 las masacres perpetradas en Colombia en lo que va de año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En ellas han sido asesinadas casi 250 personas.

Este mismo instituto colombiano cifraba las matanzas, hace unas semanas, en más de 40, en un informe que publicó en parte LQSomos. Pero la sangre corre en Colombia que da terror. Precisamente se trata de eso, de aterrorizar. Puro terrorismo. ¿De Estado? Principalmente, sí. Del actual Estado Terrorista colombiano. Con sus Fuerzas Militares terroristas, su Policía Nacional terrorista, sus paramilitares terroristas. Y su gobierno terrorista. O terrorífico, si les suena muy fuerte. Pero la esencia es la misma.

El último atentado terrorista (probablemente el penúltimo, o el antepenúltimo si tardan en leer esto unas horas), ha sido ejecutado en la capital, Bogotá, en la persona del abogado de 46 años Javier Humberto Ordóñez. Y los ejecutores, policías, autores de un presunto abuso de autoridad, según el lenguaje leguleyo de la prensa. La alcaldesa de la ciudad Claudia López, naturalmente ha dicho que pedirá una «condena ejemplar» para los autores. El crimen sucedía este miércoles en el barrio de Engativá, de madrugada. Los agentes acudieron por una supuesta riña y sometieron al abogado con pistolas de electroshock. En el vídeo de los hechos, se escucha claramente a la víctima suplicar «no más por favor, no más» y a un testigo advertir que «lo van a matar». Y así fue. Poco después era ingresado «sin signos vitales» en una clínica de la ciudad. Los testigos aseguran que no hubo ninguna riña, sino que los policías atacaron sin motivo y aviso previo al abogado. Uno de los atacantes de uniforme le dijo «esta vez no se me salva» y le aplicó las descargas eléctricas.

La Policía Metropolitana de Bogotá, que intenta justificar el asesinato en que se trató de unos borrachos agresivos con los agentes, asegura que los uniformados han sido retirados dl servicio y que se les ha abierto una investigación. Lo habitual es que, ni se publiquen sus nombres ni haya tal investigación y que, en horas, a lo más en días, vuelvan a soltarlos a patrullar con armas y bagajes.

La mesa de Derechos Humanos y de Convivencia en Bogotá, en presencia de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, ha pedido una «reestructuración profunda» de la Policía. El hashtaq #PolicíaCriminal se ha generalizado en las redes. Las asociaciones profesionales han elevado su protesta. Así, la Asociación de Abogados Laboralista de trabajadores de Colombia, seccional Valle, rechaza los hechos en un comunicado que dice que «nuestro colega Javier Ordóñez Bermúdez…fue brutalmente sometido a una tortura y posterior asesinato por una patrulla de la policía nacional». Y más adelante: «Hechos como estos no podemos permitir que sigan sucediendo en nuestro país, así como tampoco los asesinatos de líderes sociales, jóvenes, campesinos, sin que el Estado haga nada por garantizar la vida, la libertad y el imperio de la Constitución».

El Estado ausente, cuando no Terrorista

Señalan bien los abogados del departamento del Valle, cuando subrayan la inactividad, la ausencia del Estado en las masacres. Y cuando se presenta, ya ven, es peor.

El ultraderechista Iván Duque, que funge de Presidente de Colombia y, en realidad es la marioneta, el pelele del dirigente narco-paramilitar y ex-presidente en apariencia Álvaro Uribe, realizó recientemente unas declaraciones que han sido polémicas y, a la vez, premonitorias. «En Colombia no hay masacres. Son homicidios colectivos». Parece la patochada de un demente. Pero, el caso es que, una vez dicha tal barbaridad, las masacres se han presentado, de repente, en masa; masa de masacre. Se han disparado, como si el Presidente de pega estuviera anunciando que lo que se venía iba a ser todavía peor. ¡Qué barbaridad!

Este lacayo de Uribe ha trabajado junto a su mentor y toda la cuadrilla narco-paramilitar del país, primero en imponer a través de su inmenso poder en los medios el NO en el referendum sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y posteriormente el boicot a la aplicación de lo establecido y firmado por ambas partes en La Habana. Especialmente, y no sólo, en lo relacionado con la devolución de la tierra robada a los campesinos por los agentes armados de terratenientes y ganaderos, con el apoyo, entrenamiento y sostén de las distintas brigadas del Ejército y unidades de la Policía. Millones de hectáreas, cuyos propietarios-ladrones se niegan a restituirlas, para que millones de campesinos usurpados puedan regresar a sus lugares. Y se niegan de lamisma forma en que se las arrebataron: con el terror, con las masacres que repuntan de nuevo y ensangrientan Colombia.

Tres masacres en 24 horas

El Gobierno no está más allá de las ‘goteras’ de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Bucaramanga…El Estado no está, ni falta que hace. Se presenta en forma y modo y ejecuta las órdenes de los que, desde decenios y decenios, desgobiernan en su beneficio la riquísima tierra y las pobrísimas poblaciones de Colombia.

En sólo 24 horas han sido perpetradas en Colombia tres nuevas masacres, con el resultado de 12 personas asesinadas. Ha sido en dos departamentos: Antioquia y Bolívar.

En el municipio de Zaragoza, Antioquia, hombres armados penetran en un billar y acribillan a cinco personas. Cuatro mineros y el dueño del billar. Da la casualidad de que, en esa zona, los paramilitares actúan para que ciertos hacendados se hagan, a buen precio, con las explotaciones mineras de oro.

En el departamento de Bolívar, municipio de Simití, tres personas que iban en moto fueron interceptadas y asesinadas. En la zona se libra una guerra entre la guerrilla del ELN y los narco-paramilitares del Clan del Golfo, que intentan echar de allí a los guerrilleros.

En el barrio Villa María del municipio del Carmen de Bolívar, fueron asesinadas por hombres armados cuatro personas, entre ellas un menor y dos más están hospitalizadas.

Indepaz, como se ve, tiene que actualizar, día a día, sus cifras de muertos en masacres. Miles son, además, los que vuelven a tener que huir de sus regiones, por el actuar de la violencia. Refugiarse en las villas-miseria de las grandes ciudades o escapar al extranjero para salvar el pellejo.

En sus estadísticas. Indepaz señala que Agosto ha sido el peor mes. Pero Septiembre lleva ganas de superarlo. El departamento del Cauca encabeza la lista de crímenes contra defensores de los Derechos Humanos. También en el Cauca son masacrados a diario líderes indígenas. Y en Nariño y en el Valle y en el Putumayo. Cerca de 250 líderes sociales y campesinos en lo que va de año. Más de 1.000 desde la firma de los acuerdos Gobierno-FARC. Y también 225 guerrilleros desarmados.

¡Pobre Colombia! Un país maravilloso en manos de una oligarquía (Establecimiento, le llaman gringamente allí) voraz y asesina. O el proyecto paramilitar o el guerrillero, no hay más opciones. Eso se decía en la Colombia que yo viví y pateé en los comienzos de los 90. Los acuerdos de La Habana, de 2016, volvieron a llevar la esperanza a Colombia. De nuevo, la están asesinando. Y van… Llevan así desde 1948.

#PolicíaCriminal

Colombia – LoQueSomos
* Javier Sáenz Munilla, periodista y analista internacional @pepitorias

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