Debe subrayarse que Petro ha designado ya a la inmensa mayoría de los integrantes de su gobierno que, en general, gozan de prestigio y reconocimiento nacional e internacional en sus esferas de competencia, ha dado importantes pasos en la consecución de la paz total, con la reanudación del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)) en Cuba, lo que equivale a una normalización muy amistosa de las relaciones con la isla. A la vez, y sin pérdida de tiempo, ha avanzado en el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, así como la apertura de los pasos en su extensa frontera común de 2219 kilómetros, cerrada desde 2015 a consecuencia de la participación febril del gobierno de Iván Duque como pieza fundamental de la política de guerra multidimensional de Washington contra Caracas. Un ejemplo de la idoneidad y consenso de que gozan los integrantes principales del nuevo gobierno, más allá de las desmelenadas y rabiosas andanadas del uribismo y sus satélites, son los nombramientos para la cancillería y la cartera de Hacienda. Frente a la primera Álvaro Leyva, hombre con una recta trayectoria de compromiso y participación activa en todos los esfuerzos de paz de los distintos gobiernos colombianos, quien además goza, por su seriedad, de la confianza de los organismos internacionales y de las distintas guerrillas o ex guerrillas. Parecido, como ministro de Hacienda, puede decirse de José Antonio Ocampo, experto en finanzas y economista de sólido aval nacional e internacional, quien contará con el apoyo de competentes especialistas al frente de las otras dependencias del sector económico.

La reanudación del diálogo con el ELN se decidió finalmente en una misión de verificación enviada a La Habana por Petro para corroborar la disposición hacia la continuidad del proceso por parte de esa organización. Encabezada por el canciller Leyva pudo constatar la voluntad pacificadora de los negociadores del ELN, refugiados en La Habana desde que en 2019 el presidente Duque, enemigo jurado de los acuerdos de paz aprovechó una deplorable acción de esa guerrilla para reventar el diálogo y envenenar las relaciones con La Habana. En un gesto coherente con la fobia hacia la paz de su patrón Álvaro Uribe, exigió al gobierno de la isla la extradición de los enviados del ELN, algo que Cuba no podía aceptar por su condición de garante del proceso ante el derecho internacional. La Habana rechazó la indigna petición de Bogotá y dio asilo a los representantes del ELN. Irónicamente, la presencia totalmente legal y legítima de los negociadores de la guerrilla en la isla fue usada impúdicamente por el gobierno de Donald Trump como pretexto para volver a incluirla en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, con las penurias económicas que ello le imponía, encima de las que ya sufría –y continua sufriendo– debido al cruel reforzamiento del bloqueo por Trump y su mantenimiento, casi intacto, por Biden. El canciller Leyva se encargó de hacer justicia a Cuba cuando afirmó que su país rechaza la calificación de la isla como supuesta patrocinadora de terrorismo con la que se ha pretendido desconocer su compromiso con la paz de Colombia y el mundo. Lo que fue respondido por su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reiterando el compromiso de La Habana con la paz en Colombia.

Petro, que ha dado gran importancia a la unidad de América Latina y el Caribe, ha dicho, con mucha razón, que el México obradorista y Colombia pueden hacer una gran contribución a ese noble empeño. En este momento, por cierto, esa unidad pasa inevitablemente por la devolución a Venezuela de su avión secuestrado por un juez de Buenos Aires, lo que depende de una orden del presidente Alberto Fernández, que muchas y muchos agradeceremos.

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