Colombia atraviesa una delicada situación política tras el reciente paro de un sector poderoso del gremio de transporte de carga pesada en el país, que el gobierno logró sentar en la mesa y, en tiempo récord, acordar rutas de solución.

Ahora el presidente Gustavo Petro hace frente a las recientes investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la financiación de su campaña presidencial del 2022. El mandatario ha denunciado que esta investigación, liderada por el magistrado Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán, del Centro Democrático, partido de derecha que representa al expresidente Álvaro Uribe, forma parte de un plan para ejecutar un «golpe de Estado» en su contra, mientras que movimientos sociales, sindicatos y comunidades étnicas ya anuncian movilizaciones para defender al actual gobierno.

El CNE ha iniciado una investigación alegando que la campaña de Petro habría superado los topes de gastos permitidos, y recibido fondos de fuentes prohibidas, algo que contraviene la legislación electoral colombiana. Entre las acusaciones más graves se encuentra el presunto exceso en los gastos de campaña por más de 5.300 millones de pesos, además de aportes no declarados de personas jurídicas, como el principal sindicato de educación y el partido Polo Democrático, ambos aliados del mandatario.

Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, ha negado rotundamente las acusaciones y ha cuestionado la autoridad del CNE para investigar a un presidente en ejercicio. Según Petro, esta función corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no a un órgano administrativo como el CNE, lo cual contraviene la norma constitucional. El presidente asegura que este proceso es parte de una estrategia más amplia para desestabilizar su gobierno, afirmando que «la Constitución no permite que un órgano como el CNE prepare el camino para suspender al presidente».

Las denuncias de Petro no se limitan a irregularidades administrativas, sino que apuntan a una dinámica más profunda y arraigada en el país. El mandatario ha descrito la actual situación política como parte de una red de intereses entre sectores empresariales, la criminalidad y los poderes políticos que se niegan a aceptar cualquier tipo de transformación estructural.

En este sentido, las actuales investigaciones en su contra se perciben no como simples procedimientos administrativos, sino como una ofensiva coordinada por este régimen político para evitar cualquier cambio que altere el status quo. Se trata de todo un orden institucionalizado del mal en Colombia en acción.

Vale reiterar que, precisamente este entramado ha sido históricamente responsable de la perpetuación de la violencia, el paramilitarismo y la corrupción en Colombia. Desde los sectores económicos más conservadores hasta los grupos políticos de extrema derecha y articulaciones de mafias han consolidado un sistema, que hoy busca entorpecer y enlodar todo intento de cambios y reformas que promueva el actual presidente Gustavo Petro.

Movilización Social en Defensa de Gobierno

Ante estas circunstancias, el movimiento sindical, étnico y popular ha tomado un papel activo para defender al gobierno de Gustavo Petro y la agenda de reformas que ha impulsado. Diversas organizaciones, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comando Nacional Unitario (CNU) y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CNPC), han convocado a una Asamblea Nacional los días 14 y 15 de septiembre de 2024 para organizar una respuesta contundente.

En este marco, el 19 de septiembre se prevé llevar a cabo una jornada de movilización masiva para protestar en contra del «golpe de Estado» que, según sus organizadores, intenta frenar las reformas sociales y políticas del gobierno. Esta movilización no solo busca defender la legitimidad del gobierno, sino también visibilizar la resistencia de los sectores populares frente a los intereses que históricamente han controlado el poder en Colombia.

Además, se ha lanzado una campaña de comunicación tanto a nivel nacional como internacional para denunciar lo que consideran un ataque contra la democracia y el proceso de transformación social en Colombia. Las comunidades étnicas y populares, que han sufrido históricamente los efectos de la violencia, el desplazamiento y el despojo, ven en el gobierno de Petro una oportunidad para romper con ese ciclo de opresión, y ahora se movilizan en su defensa.

La crisis actual pone de manifiesto la profunda fractura entre un gobierno que busca implementar cambios estructurales y un régimen político que representa intereses profundamente enraizados en la violencia y la corrupción. El llamado «orden institucionalizado del mal» ha demostrado ser resistente a cualquier transformación, y la reacción ante las reformas de Petro es vista por muchos como una muestra de que los poderes tradicionales no están dispuestos a ceder su control sobre el país.

El futuro de Colombia parece depender, en gran medida, de la capacidad de las organizaciones sociales para consolidar una base de apoyo que permita sostener un proceso de cambio frente a las poderosas fuerzas que intentan impedirlo. El movimiento sindical, los pueblos étnicos y las comunidades populares han sido históricamente los más golpeados por este sistema, y ahora se presentan como la primera línea de defensa de un gobierno alternativo que desafía a los poderes establecidos.

La lucha no será fácil ni rápida, y es generacional. Sin embargo, las movilizaciones que se están organizando podrían marcar un punto de inflexión en la historia reciente de Colombia, donde el pueblo se levanta no solo en defensa de un gobierno, sino de un futuro que busca romper con los ciclos de violencia, exclusión y corrupción que han dominado al país por décadas.

*Docente e investigador universitario. Parte de la Red Inter-Universitaria por la paz REDIPAZ.