La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el máximo tribunal de la región para casos donde hay denegación de justicia a nivel nacional, dio comienzo este lunes a las audiencias por el caso de secuestro, tortura y violación sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, ocurrido el 25 de mayo del 2000.

De esta forma, se asume que hay elementos suficientes para juzgar al Estado colombiano como posible responsable por la vulneración de derechos básicos, ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de la Justicia local. Así, por tres jornadas consecutivas los representantes de Colombia expondrán frente a la Corte y la reportera relatará su denuncia, que incluye amenazas posteriores al delito de este caso.

«Es un momento muy importante para la prensa colombiana», había dicho la denunciante en una rueda de prensa el 5 marzo. Y sumó: «No solo es el caso de una periodista que fue víctima de todos los tipos de violencia, sino la oportunidad para exponer las dificultades que hemos tenido que enfrentar los periodistas para ejercer en Colombia».

«Me decían que los periodistas se metían donde no debían»

Según el testimonio de la propia víctima, el delito se produjo junto a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá, más conocida como ‘La Modelo’, mientras la comunicadora aguardaba por una entrevista. La reportera estaba investigando la masacre de 32 presos que había ocurrido unos días antes.

El encuentro se habría coordinado porque, tras recibir amenazas, acudió a la Policía, donde le habrían indicado que la mejor forma de terminar con las intimidaciones era entrevistando a uno de los líderes paramilitares, que estaba preso.

En su declaración de este lunes, Bedoya Lima recordó que llegó al penal y, mientras su jefe se fue a buscar a un fotógrafo, ella fue abordada por un hombre y una mujer armados, llevándosela a una bodega cercana, donde la golpearon. Acto seguido, la habrían trasladado en un carro fuera de Bogotá y fue víctima de violaciones reiteradas. «Me decían que los periodistas se metían donde no debían», contó frente a las autoridades de la CIDH.

Por otro lado, ante los escasos avances de la Fiscalía para investigar, donde les relató 12 veces los abusos que padeció, se vio obligada a realizar una indagación propia. En ese trabajo personal, según afirma, descubrió que había efectivos policiales implicados y que un alto funcionario de la Policía habría sido quien ordenó su secuestro.

«El Estado no adoptó medidas para protegerla»

Para llegar a esta instancia judicial, antes fue necesaria una evaluación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo encargado de analizar las demandas y determinar si se requiere un juzgamiento. Sus conclusiones producidas en julio del 2019, cuando presentó el caso ante la Corte, fueron determinantes.

En efecto, la Comisión consideró que las autoridades nacionales fueron responsables de no proteger a Bedoya Lima, quien había sido «víctima de constantes amenazas y ataques contra su vida e integridad personal antes de su secuestro». Y subrayó: «A pesar de que el Estado colombiano tuvo conocimiento de dicha situación de riesgo, no adoptó medidas entendidas como razonables para protegerla».

Además, el organismo indicó que las agresiones contra la reportera se produjeron «como represalia por su labor periodística». En la época del ataque, Bedoya Lima estaba publicando artículos sobre la situación crítica en las cárceles del país sudamericano y el tráfico de armas en centros de reclusión.

Más allá del ataque sexual, la Comisión enfatizó en que Colombia no cumplió con los estándares esperados para esclarecer los hechos: «Violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial ya que no actuó con la debida diligencia en la investigación», se lee. «Ello, debido a que existieron largos períodos de inactividad probatoria, y omisiones en la recaudación de prueba clave y su valoración oportuna», añadió el organismo.

En resumen, el Informe de Fondo sostiene que el Estado «es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, libertad de expresión, igualdad ante la ley, garantías judiciales y a la protección judicial». Sin embargo, una condena internacional solo podría confirmarse con un veredicto de la Corte, que será el paso posterior a las audiencias.

Por su parte, el Estado colombiano acusó este lunes a los jueces del CIDH de «falta de objetividad», por lo que decidió retirarse de la audiencia que el tribunal lleva a cabo por el caso de la periodista.

Un caso emblemático

Esta es la primera vez que el tribunal tiene la oportunidad de pronunciarse sobre el rol del Estado para garantizar la seguridad de mujeres periodistas en la región. Asimismo, la CIDH nunca antes se había expresado sobre la violencia sexual en Colombia, teniendo la chance de dejar un importante precedente.

A nivel social, el caso de Bedoya Lima se convirtió en un emblema en la lucha contra las agresiones machistas en la nación latinoamericana. De hecho, la víctima lidera la campaña ‘No es hora de callar’, donde muchas mujeres locales acuden para denunciar abusos sexuales y violencia de género, enmarcados en el conflicto armado entre el Estado, grupos paramilitares y guerrillas.

Desde 2014, el 25 de mayo —fecha en que se produjo el delito sexual— es reconocido como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia sexual en el Contexto del Conflicto Armado Interno, establecido por un decreto presidencial.

Igualmente, la indagación de la Justicia sobre este delito puntual es identificado como un expediente donde se produjo la impunidad durante muchos años: la primera condena se concretó recién en 2015, y hasta ahora hay un total de tres castigos contra autores materiales. Por su parte, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organización que representa a Bedoya Lima, exigen que además de ir por los «peces pequeños» se juzguen a las posibles organizaciones criminales que habría detrás de estos delitos contra periodistas.

Además de este caso, Bedoya sufrió otros graves ataques contra su integridad física por su labor como reportera. Entre ellos, se destaca el secuestro que padeció en 2005 mientras trabajaba para el diario El Tiempo, cuando fue secuestrada por un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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