Vigilamos al poder, cuidamos lo público
Con periodismo, herramientas y acción
Hola,
Este enero ha venido cargado. Compatibilidades de jueces con letra pequeña, un «sello social» que se queda en chapa y logo, la opacidad de las farmacéuticas y de Sanidad camino del Supremo… y el BOE, como siempre, soltando pistas de cómo se mueve de verdad la administración. Vamos a ello.
Así es la vida «paralela» autorizada de jueces y magistrados
Hemos analizado todas las compatibilidades de jueves y magistrados aprobadas y publicadas por el CGPJ desde 2016: 4.527 autorizaciones. Casi todo es «aula» (docencia y formación), pero lo que importa está en una línea de letra pequeña: solo hay que pedir compatibilidad si se superan las 75 horas al año. Si no, no hay rastro público.
Eso afecta de lleno a un tema caliente: en el listado aparecen 916 autorizaciones para preparar opositores, pero del 83% se sabe ni el centro (figuran «por libre» o sin información). Justo lo que se debate ahora en el Congreso: pedir autorización siempre y publicar un listado público de preparadores.
Y dos detalles que dicen mucho del control real: el CGPJ solo publica autorizaciones (no denegaciones) y en más de la mitad de los casos la decisión llega cuando la actividad ya ha empezado (a veces con más de 100 días de retraso). Ah, y sí: en la base salen compatibilidades curiosas —hasta ilusionismo y loterías— que sirven para entender qué permite la norma y qué termina siendo de conocimiento público.
La investigación completa y datos explorables en civio.es
Ver desplegable en: Civio
El Sello de Inclusión Social, en números (y en tachones)
En 2022, Inclusión lanzó un «Sello de Inclusión Social» para que empresas y entidades (con aval oficial) abrieran oportunidades laborales a personas que cobran el IMV. Sonaba grande: «ampliar el impacto social» del Ingreso Mínimo Vital con colaboración público-privada.
Tres años después, los números lo bajan a tierra: solo 7 solicitudes, solo 3 sellos concedidos y, según los propios informes remitidos al Ministerio, 53 personas beneficiarias en total. 53, frente a 2.441.647 personas a las que llegaba el IMV a finales de 2025. Más que «ampliar impacto», parece un… ponte un logo en tu folleto.
Así lucen los informes anuales de actividad de las empresas receptoras del sello que nos ha facilitado el Ministerio de Inclusión. Páginas enteras tachadas en negro. Opacidad en forma de tachones para saber qué hacen para lucir un sello y qué impacto real tiene.
ACCIÓN LEGAL
Este mes hemos presentado ante el Tribunal Supremo el recurso completo para que el precio real y las condiciones de financiación de Zolgensma (un tratamiento financiado por el sistema público de salud) no sean secretos.
Tanto su fabricante, Novartis, como el Ministerio de Sanidad se opusieron a la admisión de nuestro recurso. Pero el Tribunal Supremo ha decidido estudiar el asunto, lo que ya es un logro.
Es el primer caso de Civio sobre precios y financiación de medicamentos que el Supremo admite para fijar doctrina: decidirá si la confidencialidad sirve para ocultar la decisión final del Ministerio (cuánto se paga y bajo qué reglas), incluso después de gastarse el dinero, cuando se financia un tratamiento para el sistema público de salud.
No nos interesan las «tripas» del producto, pero sí la resolución administrativa del ministerio con el precio efectivo y condiciones. ¿Te imaginas que se exigiera la misma confidencialidad -opacidad, más bien- como norma en cualquier otra compra pública de la Administración? Ese es el sapo que nos quieren hacer tragar. Y no.
Ah, en paralelo, también ha habido avances en un caso gemelo: Luxturna 😉
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Muy cerca de los 2.300 socios y socias 
Empezar 2026 así da gusto… y también impone: esto nos da músculo para investigar, pelear en tribunales cuando toca y convertir datos en herramientas útiles.
Gracias por leernos y por la confianza
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