El 11 de marzo se cumplió un año desde que el Gobierno seudoizquierdista-estalinista de Apruebo Dignidad del presidente Gabriel Boric asumió el poder en Chile.

Apruebo Dignidad llegó al poder en medio de una inflación galopante y una escasez de bienes desencadenada por la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania, junto con la normalización de las infecciones y muertes por COVID-19 y niveles históricos de desigualdad social.

Contrariamente a sus promesas de más igualdad y justicia, el Gobierno de Boric ha demostrado en el espacio de un año ser uno de los más derechistas, proimperialistas y antiobreros de la llamada “marea rosa” en América Latina.

Respaldado por la seudoizquierda internacional y chilena, sus organizaciones sociales y comunitarias y las corrientes morenistas satélites, su principal función ha sido reprimir la lucha de clases y sofocar la oposición al capitalismo que se ha ido filtrando durante la última década y que estalló violentamente en la superficie en 2019.

Entre sus componentes clave están el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia (PPD), todos ellos agencias experimentadas de la burguesía en el movimiento obrero con una experiencia combinada de 180 años. Esto incluye la formación de Gobiernos de Frente Popular inspirados en el estalinismo en los turbulentos años 30 y de nuevo en los 70 para salvar al capitalismo de una amenaza existencial desde abajo, allanando el camino a la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.

La propia amalgama política del presidente Gabriel Boric, el Frente Amplio, está compuesta por una generación más reciente de profesionales, funcionarios estatales, académicos y burócratas sindicales que alcanzaron la madurez durante la actual crisis del dominio burgués tras el colapso financiero mundial de 2008.

Esta tendencia política de la clase media-alta, al igual que sus homólogos a escala internacional, solo se preocupa por asegurarse una distribución más equitativa del poder político y una mayor participación en la riqueza derivada de la explotación de la clase trabajadora.

Cuando constituyeron un grupo en el Parlamento a partir de 2014, Boric y sus secuaces utilizaron cínicamente una retórica de izquierdas y una fraseología que sonaba radical, profiriendo invectivas contra los sistemas “neoliberales” de educación, sanidad y pensiones de Chile, y afirmando que se oponían al TPP y a otros acuerdos económicos.

Sin embargo, durante los períodos de crisis, Boric y compañía también han demostrado ser útiles para el Estado capitalista. En 2019, Boric entabló conversaciones de unidad nacional con el Gobierno derechista de Piñera, ayudando a sofocar las masivas manifestaciones anticapitalistas de ese año, canalizándolas en inútiles llamamientos a cambiar la Constitución, que, después de toda la fanfarria, está siendo reescrita actualmente por los herederos políticos de Pinochet en la derecha y la centroizquierda parlamentaria.

Promocionado como progresista y radical no solo por los medios de comunicación liberales internacionales, sino también por las voces más acartonadas del capital financiero, Apruebo Dignidad ha desempeñado ante todo un papel instrumental como portavoz regional de los objetivos de política exterior de la Administración de Biden. Y ello en unas condiciones en las que todo el peso del imperialismo estadounidense se está ejerciendo sobre América Latina para intentar recuperar la hegemonía perdida frente a China, Rusia y Europa.

Boric ha condenado repetidamente en foros internacionales la invasión de Ucrania por parte de Rusia como una “guerra de agresión”, al tiempo que ha guardado silencio sobre el hecho de que la OTAN ha canalizado a Ucrania decenas de miles de millones en equipamiento militar, mercenarios y fuerzas militares. Tampoco ha dicho una palabra sobre el objetivo declarado de Washington de infligir una derrota estratégica a Putin, acabar con Rusia como potencia militar y balcanizar la Federación Rusa.

Del mismo modo, Boric, que no pierde ocasión de denunciar los “abusos de los derechos humanos” en Cuba, Nicaragua y Venezuela, permanece mudo ante la ininterrumpida y sistemática violación de los derechos democráticos, políticos y sociales de las masas por parte del imperialismo estadounidense en la región.

En un reporte sobre la Cumbre de las Américas del pasado mes de junio, el Washington Post informó de que Boric había dicho a Biden que sería más sensato que invitara a estos países a tales reuniones, no por preocupación por las décadas que llevan sufriendo las debilitantes sanciones impuestas por las sucesivas Administraciones estadounidenses, sino más bien para ayudar a promover los intereses de Estados Unidos.

Al parecer, Boric explicó a Biden que podría haber presionado a los líderes de los países no invitados sobre cuestiones como los presos políticos, etc. En lugar de ello, “Estados Unidos les está dando ahora una excusa perfecta para victimizarse”, dijo Boric. Este relato lo dice todo.

Con el mismo espíritu, Apruebo Dignidad se apresuró a apoyar al régimen peruano de Dina Boluarte, que asumió el poder después de que un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos destituyera y detuviera al presidente Pedro Castillo en diciembre. El Gobierno chileno tardó más de un mes en plantear mansamente su preocupación por la represión policial y militar de las protestas masivas que se ha cobrado 70 vidas y dejado a cientos de heridos en Perú.

Aunque los Gobiernos nacionalistas pequeñoburgueses de América Latina no ofrecen ninguna salida a las masas, está más que claro que no son ellos los que han impuesto sanciones económicas debilitantes y han financiado golpes de Estado derechistas, cambios de régimen, complots de asesinato, misiones de desestabilización, intervenciones e invasiones, sino que es Washington quien los ha llevado a cabo.

Oponerse al imperialismo requiere una orientación de principios hacia la clase obrera internacional, contrarrestando el peligro cada vez mayor de dictadura, neocolonialismo y guerra mundial con la lucha por movilizar a esta inmensa fuerza social en una vía socialista independiente.

Tal estrategia se opone irreconciliablemente a la política de Apruebo Dignidad, que es orgánicamente hostil a la clase obrera y tiene terror a que se desate su potencial revolucionario.

Un año de medidas antiobreras y represión de Estado policial

Boric se convirtió en presidente de Chile en la segunda vuelta de las elecciones, obteniendo el 55,8 por ciento de los votos con una participación histórica de trabajadores, estudiantes y jóvenes, en medio de una profunda crisis del dominio burgués.

Masas de personas salieron a las calles para celebrar lo que percibían como una victoria contra el fascismo y un avance en la lucha contra la desigualdad social, la pobreza y la represión, que habían desencadenado manifestaciones anticapitalistas de millones de personas en 2019.

En el período previo a las elecciones presidenciales, la seudoizquierda cultivó enormes expectativas y ejerció una inmensa presión sobre la clase trabajadora y la juventud para que votaran por Boric como única forma de impedir que su oponente, el fascista José Antonio Kast, llegara al poder.

Jacobin, la revista de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), afirmaba que Boric representaba una alternativa socialista a la barbarie autoritaria: “Para los chilenos, la elección de hoy es socialismo o barbarie”, titulaba.

The Guardian comentó que Kast y Boric ofrecían “agendas antitéticas” en las que Boric representaba “la inclusión y los valores sociales progresistas” y “propugnaba un futuro igualitario, feminista y ecológico para Chile”.

Mientras tanto, la coalición de seudoizquierda de Boric devolvía la vida política a los partidos tradicionales de centroizquierda, profundamente despreciados por su papel en el mantenimiento de las políticas de libre mercado de la dictadura militar. Cínicamente, presentó al Partido Socialista y al PPD como parte de un supuesto frente antifascista, prometiéndoles en secreto puestos en el próximo gabinete.

Frente a la euforia por la victoria de la seudoizquierda, el World Socialist Web Site señaló que “Boric ya había desplazado el eje de su plataforma hacia la derecha durante la campaña, recogiendo puntos de discusión sobre ‘seguridad’ y otras cuestiones del libro de jugadas de su oponente fascista”. El WSWS advirtió que más pronto que tarde “trabajaría para inmovilizar las luchas de la clase obrera… pondría una camisa de fuerza a cualquier movimiento contra el capitalismo y en un momento dado desataría la represión estatal”.

Esto comenzó inmediatamente después de que Apruebo Dignidad asumiera el cargo.

Mientras que los partidos de derecha y extrema derecha de Chile, ayudados por los medios de comunicación corporativos, son los principales responsables de crear un clima de miedo e histeria en torno a la amenaza del crimen organizado y la delincuencia, y de fomentar una viciada atmósfera política xenófoba contra los refugiados inmigrantes, las comunidades indígenas y los pobres, el Gobierno de seudoizquierda ha redoblado la ley y el orden.

La reacción de Boric al estallido de disturbios por hambre, ocupaciones de escuelas, bloqueos de carreteras, huelgas y tomas de tierras en el transcurso del año ha sido desatar las fuerzas especiales de Carabineros y desplegar las Fuerzas Armadas, las instituciones en el centro de las graves violaciones de los derechos humanos a escala industrial en los últimos 50 años.

Las redes sociales están inundadas de pruebas de policías antidisturbios y militares golpeando violentamente a trabajadores en huelga y a niños que protestan, utilizando indiscriminadamente cañones de agua y gases lacrimógenos, disparando perdigones de plomo a civiles desarmados y llevando a cabo detenciones masivas.

La Administración de Boric ha ampliado el arsenal de las fuerzas de Carabineros, comprando vehículos blindados de combate, helicópteros, aviones no tripulados y otros equipos de grado militar como parte de un aumento del 4 por ciento en el presupuesto de orden público y seguridad.

La Administración también ha cedido a los militares un mayor papel en las funciones de orden público, incluido su despliegue para proteger “infraestructuras críticas”.

Se ha decretado un estado de excepción casi permanente para las regiones del Biobío y La Araucanía. Esto es una continuación de la política de militarización iniciada por el Gobierno de Piñera, donde las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas en las regiones del sur contra las poblaciones indígenas mapuches que reclaman tierras ancestrales.

Más recientemente, el Gobierno ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras de Perú y Bolivia por un período inicial de 90 días. La medida se está aplicando en las regiones de Arica-Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, que han registrado una gran afluencia de refugiados en los últimos cinco años.

La medida autoriza a las Fuerzas Armadas a usar la fuerza contra refugiados venezolanos, haitianos y colombianos, principalmente indocumentados, que huyen de las catástrofes humanitarias causadas por años de inestabilidad, en gran parte provocada por las sanciones y la injerencia imperialista de Estados Unidos. Los refugiados comenzaron a desviarse hacia Chile en 2016 cuando su destino de elección, los EE.UU., fue cerrado por la reanudación de las deportaciones masivas por parte de la Administración de Obama, que solo se intensificaron bajo Trump y Biden hoy.

Si bien la anterior Administración derechista de Piñera promulgó a finales de 2019 varias leyes de orden público y antiinmigración, es Boric quien las ha implementado.

El giro de Apruebo Dignidad de promesas de iniciar cambios “transformadores” a medidas de Estado policial debería servir de lección a la clase trabajadora y a la juventud internacional sobre el papel de la seudoizquierda y sus promesas de reformas sociales a través del Estado capitalista. No ninguna solución fuera de una nueva orientación hacia la política socialista revolucionaria.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de marzo de 2023)