Una idea se va asentando todos los días entre los chilenos: que el invierno será duro, que puede ser largo y quizá mortífero para muchos. Por un lado, las cifras de contagio del COVID-19 van abultándose más (al 2 de abril del presente año las cifras oficiales cuentan 18 muertes y 3.404 contagiados). Por el otro, la autoridad, aun habiendo decretado un estado de excepción que le permitió sacar a los militares a la calle, se niega a ordenar la cuarentena para toda la ciudad de Santiago. Recién hoy jueves se decretó la cuarentena para todos los hogares de ancianos, luego que se hiciera público, entre otros hechos, de varios muertos por coronavirus en un centro de adultos mayores en Puente Alto, una de las comunas más pobladas de la región Metropolitana.

Si bien estos últimos días aparentemente la curva de contagios ha dejado de asimilarse a casos como el español, lo cierto es que en la capital se concentra un número importante de afectadas y afectados por el virus y que sus efectos todavía no terminan de avizorarse. La respuesta del gobierno de derecha, dirigido por Sebastián Piñera, un millonario que hizo en parte su fortuna gracias a la especulación financiera, se ha caracterizado por ser reaccionaria y profundamente ideológica. Por ejemplo, se evalúa la posibilidad de un veto presidencial a un proyecto general de indulto conmutativo que persigue descongestionar un poco las cárceles. La principal razón de esto son las presiones de los partidos de derecha dura que quieren que no se excluya en dicho proyecto de ley a los condenados por violaciones a los derechos humanos

En lo que se refiere a las políticas de protección social, se siguen aplicando recetas de la ortodoxia neoliberal: traspasar el costo de la pandemia a la clase trabajadora. En esta línea, se acaba de aprobar un proyecto de ley que, a grandes rasgos, faculta a los empleadores a reducir la jornada laboral o suspenderla. En caso de que la jornada de trabajo se reduzca a la mitad, los trabajadores podrán retirar parte de sus ahorros de sus cuentas individuales del seguro de cesantía para complementar sus sueldos reducidos a la mitad, con un 25% de su remuneración de los ahorros mencionados; en el caso de que se suspenda derechamente el contrato de trabajo, los trabajadores tendrán que vérselas simplemente con dichos ahorros del seguro de cesantía. Cabe señalar adicionalmente que los montos otorgados desde las cuentas de ahorro para el seguro de cesantía irán decreciendo mes a mes, al punto en que llegarán a cubrir el 30% de la remuneración.

También está próximo a aprobarse un subsidio a los empleadores para completar un “ingreso mínimo garantizado”, el cual será financiado endeudando al fisco. Respecto a los trabajadores independientes e informales, que conforman una parte importante de los trabajadores del país (alrededor de un tercio) no se ha dictado normativa legal alguna que intente mitigar la carestía que se aproxima.

El problema es que la política basada en subsidios focalizados no dará una buena respuesta. La caída general de los ingresos de parte importante de la población durante la emergencia sanitaria y social causará estragos. La coyuntura presente podrá hacer que más de alguno quede en una posición mucho peor que la que esperábamos hace tres o cuatro meses (incluso teniendo en consideración de que el mes de marzo iba a ser un mes de protestas como las del año pasado). Este fenómeno no afecta solamente a las clases más pobres, sino también a las clases medias chilenas, que se caracterizan por estar transversalmente endeudadas. Por lo mismo, se hace necesario que empecemos a pensar alternativas para que la mayoría de la población pueda sostenerse y planificar un plan de vida viable que prescinda en parte del trabajo asalariado. No darán abasto las soluciones para algunos pocos, porque el COVID-19 puso en jaque todo el sistema público.

Una opción interesante puede ser el establecimiento de un Ingreso Básico Universal. Definido por Guy Standing como “un modesto monto de dinero pagado incondicionalmente a individuos de forma regular (por ejemplo, mensualmente)”, podría ser una política que contribuya a atenuar los efectos de la precariedad futura del empleo.

Al ser un ingreso incondicional permitiría eludir las evaluaciones de pobreza de los típicos subsidios de pobreza y permitiría apoyar a una parte importante de trabajadores precarizados por la presente situación. Entregar una suma de dinero a cada uno de los residentes de Chile, sin discriminar con quien viven y sin importar si quieren trabajar o no se hace cada vez necesario. Parte de la oposición al gobierno de Piñera algo ha insinuado en esa dirección: la opción de un ingreso básico de emergencia. Una medida así, para que pueda dar auxilio a sus receptores no debe estar sujeta a una prueba de falta de ingresos (como en el caso del seguro de cesantía) o a asegurar que exista un mínimo de trabajo dependiente al año, entre otras razones, porque sencillamente hoy no es factible sostener físicamente una burocracia estatal que se dedique comprobar la falta de medios para subsistir.

Por otro lado, un ingreso entregado individualmente y no a los jefes de hogar, puede ser de ayuda para una mejor redistribución de las labores domésticas y al cuestionamiento de los roles que se cumplen en los hogares, toda vez que es una institución que aspira a promover la independencia económica de sus integrantes por separado. Un ingreso básico, sea de emergencia o no, tiene que ser distribuido a individuos y no a familias porque puede ser una oportunidad para institucionalizar una estrategia política más general que aspire a socializar los cuidados.

Los efectos de los ingresos ciudadanos siguen siendo estudiados, y regularmente nos encontramos con buenas noticias. Uno de esos efectos recientemente discutidos que tiene una medida como el Ingreso Básico Universal, en el caso de que se implemente a corto plazo, es que podría evitar algunos de los estragos que causarán estas semanas de encierro a la salud mental de parte de la población. Sergi Raventós, en una columna reciente, comentando algunos de los recientes experimentos señalaba que la inseguridad económica es un factor influyente en el deterioro de la salud, en tanto que puede provocar, estrés, crisis de ansiedad o depresión, etc. Tenemos que asegurarle un ingreso a la parte de la población que no cuenta con posibilidades de planificar su vida. Esto podría servir para mitigar los efectos nefastos de la pandemia y del encierro que frustró los planes de vida de muchos.

Hace un tiempo observaba que implementar un Ingreso Básico Universal a toda la población en Chile no era una política que se tenía que aplicar como un shock. La coyuntura nos obliga de nuevo a pensar la razonabilidad de la propuesta y la urgencia de, por lo menos, un ingreso de emergencia. Liberarnos del “trabajar para vivir” en tiempos como éstos se convierte en un desafío cada vez más apremiante.