En Navarra ha entrado en vigor la Orden Foral 60/2021 de la Consejería de Salud por la que se establecen nuevas medidas para afrontar la situación sanitaria. De todas las medidas, destaca la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación o prueba diagnóstica negativa para el acceso a determinados locales de ocio, a toda persona mayor de doce años. Creemos que la decisión de imponer restricciones a las personas no vacunadas solo se justifica como salida irracional a la frustración que genera en gobiernos y en la propia población vacunada el hecho incuestionable de que las vacunas no están funcionando como nos prometieron. De hecho, como algunos expertos pronosticaron, están siendo vacunas «fallidas»: a cambio de unos meses de protección parcial frente a casos graves (una proporción escasa del total de infecciones), facilitan la prolongación de la pandemia, el riesgo de efectos secundarios a largo plazo sigue constituyendo una incógnita y aquellos a corto y medio plazo son ya de una magnitud no despreciable (como se muestra en el documento del propio Gobierno de España “Estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España”, actualización 9 de 2 de noviembre de 2021″).

Además, se confirma que vacunar con una vacuna deficiente (leaky), que no evita el contagio y tampoco la trasmisión, en medio de una pandemia, promociona la propagación de cepas más resistentes a los anticuerpos. Son lo que se denominan mutaciones de escape y ya se están sufriendo. Es una noción elemental de biología evolutiva que nuestros políticos y «sus» expertos deberían conocer. Poner presión evolutiva (las vacunas lo son) en un virus con gran tendencia a mutar es tremendamente peligroso. Pero, por el contrario, se pretende que sean las personas no vacunadas las responsables de la propagación actual del virus, algo esperable ante la inaudita carrera vacunal a la que hemos asistido, pero que es insostenible desde el punto de vista científico. ¿Hasta cuándo va a ser la pandemia de los no vacunados, si esos son un porcentaje tan bajo de la población? ¿Seguiremos hablando de pandemia de los no vacunados cuando estos supongan el 1% de los ciudadanos, como en Gibraltar, que afronta una nueva onda? ¿Cómo cuadra esto con el hecho ya conocido de que las personas vacunadas transmiten el virus? El relato no se sostiene de ninguna manera.

Pero si desde el punto de vista sanitario la situación es preocupante lo es más si consideramos la dimensión de los derechos. Sobre la restricción de derechos a personas no vacunadas y en concreto sobre el «Certificado Covid» ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo contrapuestas: la del 18 de agosto, nº 5899/2021 considerando inconstitucional una medida similar a la que se ha adoptado en Navarra por considerarla no proporcionada, idónea y necesaria, y la de 14 de setiembre, nº1112/2021, que se reproduce en la Orden Foral, para justificar la medida como constitucional. Más allá de las resoluciones del Tribunal Supremo, la negativa a aceptar esta medida por distintos Tribunales Superiores de Justicia de otras Comunidades Autónomas al considerarse inconstitucional, pero la aceptación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin duda, el derecho a la igualdad y a la no discriminación (art. 14 CE), el derecho a la integridad física (art. 15 CE) y el derecho a la intimidad personal y a la protección de datos (art. 18.1 y 18.4 CE), están fuertemente comprometidos con esta medida y debiera ser objeto de preocupación ciudadana.

De todas las cuestiones que se podrían desarrollar al respecto, por su gravedad, queremos destacar la referida a las implicaciones que tiene adoptar restricciones en las personas no vacunadas en la obligatoriedad indirecta a la vacunación. De hecho, los medios de comunicación airean esta idea sin disimulo. Hasta hace poco, obligar a una persona a someterse a la inoculación de cualquier vacuna era una auténtica aberración contraria al Código de Nurenberg de 1947 y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos humanos, entre otras. Si además a esto se añade que se trata de una vacuna que está solo autorizada de manera provisional y cuyos resultados y consecuencias son todavía una incógnita, esto se convierte en un evento desconocido hasta el momento en nuestra historia como para aceptarlo sin ningún cuestionamiento. Sin conocer los resultados de la evaluación de las medidas restrictivas anteriores (confinamientos, cierres perimetrales, reducción de aforos en algunos lugares, etc.) supuestamente para evitarlas, se plantea esta otra, que sin embargo sigue la estrategia dominante adoptada desde el inicio para afrontar la pandemia que se basa en presupuestos sanitarios autoritarios, reaccionarios y neoliberales en lo político, y biologicistas, asociales y reduccionistas en lo epistemológico. Pero, además, es una medida tan ridículamente arbitraria y esperpéntica como seguramente ineficaz. En el mejor de los casos será inocua, pero a costa de un retroceso evidente en la comprensión de los derechos.

Nuevamente se está dando la espalda a planteamientos progresistas propios de la epidemiología entendida ante todo como una ciencia social, o cuando menos biológico-social, arrojando a la basura aspectos tan básicos como los enfoques integrales, la información veraz, la participación y la decisión informada de la persona, con unas consecuencias muy serias para los derechos de las personas, la creación de una polaridad social prácticamente insalvable (que nos recuerda, sin duda, a momentos pasados de la historia) y el retraso a una salida digna de esta crisis sanitaria. Llamemos a un debate sobre la situación y a levantar la censura a las voces formadas (pero críticas con el relato oficial) que avisaron de lo que iba a pasar. Seguir machaconamente con las mismas estrategias no va a resolver la compleja situación ante la que estamos