El Consejo Constitucional, de Francia, modificó 86 artículos de ley lo que provocó una censura masiva de la ley «para controlar la inmigración y mejorar la integración», aprobada el 19 de diciembre pasado, trascendió este jueves.

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En total, 32 disposiciones, algunas de las cuales son particularmente emblemáticas para la opinión pública y defendidas por la derecha, fueron censuradas total o parcialmente. Así, los artículos relativos a la reagrupación familiar, al derecho de residencia de los estudiantes extranjeros -incluido el «depósito de devolución»-, a las prestaciones sociales -ayuda a la vivienda, subsidios familiares, etc.-, a la penalización de la estancia irregular, pero también a lo que se refiere al derecho de nacionalidad, incluida la confiscación. y el fin del alojamiento de emergencia incondicional.

Todas estas disposiciones introducidas por el Senado fueron censuradas como cláusulas legislativas, no teniendo el legislador derecho a añadir disposiciones ajenas al tema abordado por el proyecto de ley. Para estos artículos, el Consejo Constitucional no tuvo que adoptar una posición sustantiva sobre la constitucionalidad de estas medidas.

La ley, que inicialmente incluía 27 artículos, fue aumentada en 60 tras su primera lectura en el Senado, de la que salió el 14 de noviembre de 2023.

El Consejo Constitucional también dictaminó que tres disposiciones eran total o parcialmente contrarias a la Constitución, incluida la votación de las cuotas en el Parlamento, así como la toma de huellas dactilares y fotografías de la persona que se encuentra ilegalmente. Además, la prórroga del arresto domiciliario antes de la expulsión fue censurada por no tener en cuenta los vínculos familiares.

Finalmente, se validaron pura y simplemente una decena de artículos, marginales en relación con el texto votado el 19 de diciembre: como la flexibilización del régimen OQTF o incluso la posibilidad de juzgar el recurso de apelación de las solicitudes de asilo por un solo juez.

El pasado mes de diciembre, el proyecto de ley «Inmigración» de Gérald Darmanin provocó fuertes tensiones en todos los partidos políticos.

Emmanuel Macron había expresado públicamente sus reservas, antes de enviar una remisión formal al Consejo Constitucional “dada la magnitud de la evolución del texto con respecto a su versión inicial”.