Cinco profesores de la Universidad Estatal de California, Long Beach (CSULB), recibieron una advertencia en septiembre por parte de la administración del campus por presuntamente violar la “Política de Tiempo, Lugar y Modo” (TPM por sus siglas en inglés) de la universidad, una serie de restricciones a la libertad académica de expresión específicamente diseñada para suprimir la disidencia contra el genocidio en Gaza en particular, y la política interna y externa de EE. UU. en general.

Los cinco profesores que han sido señalados son Araceli Esparza, profesora de inglés; Azza Basarudin, profesora asociada de estudios de mujeres, género y sexualidad; Jake Alimahomed-Wilson, profesor de sociología; Sabrina Alimahomed-Wilson, profesora de sociología, y Steven Osuna, profesor asociado de sociología.

La “violación” que cometieron, de acuerdo con la política TPM, es el uso de un micrófono o megáfono en protestas en el campus contra el genocidio en Gaza. Sin embargo, es cada vez más evidente que la verdadera razón de su persecución radica en el hecho de que estos cinco miembros del cuerpo docente, referidos por los partidarios como los CSU-5, fueron los autores en mayo pasado de un informe sobre lo que denominan el “Triángulo Dorado” de cooperación entre el ejército, la industria y la universidad.

El artículo revela en particular la “relación recíproca financiera” entre el contratista militar Boeing y CSULB, una de las 16 universidades en EE.UU. que se adhieren a lo que se conoce como la “Asociación Boeing,” un programa que, como señalan correctamente los profesores, “es una alianza universidad-corporación que ha transformado aún más a CSULB en un portavoz de relaciones públicas para el contratista de defensa”.

Los autores del informe también observan que “la asociación CSULB-Boeing no solo ilustra cómo contratistas de defensa como Boeing, Raytheon y Northrop Grumman se benefician de la violencia de Israel contra los palestinos, sino también cómo estas enormes corporaciones socavan simultáneamente la misión de las universidades públicas dañando a los estudiantes a nivel nacional y facilitando el genocidio, el militarismo y la muerte masiva en el extranjero”.

La declaración también conecta el asalto a la educación pública con la financiación militar ilimitada: “también es fundamental exponer cómo la complicidad de las universidades de EE.UU. en el militarismo israelí y el genocidio palestino se extiende mucho más allá de las inversiones en acciones. Bajo amenazas constantes de medidas de austeridad y la erosión constante de la financiación estatal en el contexto neoliberal, grandes sistemas de universidades públicas como el sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) se han integrado silenciosamente con contratistas de defensa, saturando cada faceta de la vida en el campus”.

Este informe llega en un momento de conflicto intensificado entre Boeing, la administración Biden y el liderazgo del sindicato de la Asociación Internacional de Maquinistas (IAM) por un lado, y los trabajadores de base de Boeing por el otro: el contrato de venta forzada que el liderazgo sindical aprobó a principios de este mes en colusión con la administración Biden, preocupado por las repercusiones del malestar en uno de los principales contratistas de defensa de EE.UU., prioriza las ganancias corporativas y las políticas a favor de la guerra en lugar de abordar décadas de estancamiento salarial, el aumento de los costos médicos e insuficientes beneficios. Como resultado de esta colusión, ya se han emitido más de 2.500 avisos de despido para trabajadores con sede en EE.UU. y la empresa planea recortar 17.000 empleos a nivel mundial.

Con respecto a los ataques implacables a los derechos democráticos que han sufrido estudiantes y profesores, especialmente en el último año desde el ataque israelí en Gaza, los profesores subrayan, “El nexo universidad-corporación se ha vuelto omnipresente, produciendo consecuencias perjudiciales para los estudiantes, el profesorado y el personal mientras socava la misión de la universidad de promover el ‘bien público’”.

La “misión” de la universidad es producto del control político ejercido por el Partido Demócrata en el Estado Dorado. La Junta de Síndicos de la Universidad Estatal de California (CSU) es un organismo de 25 miembros responsable de nombrar presidentes para los 23 campus de la CSU, incluida la Universidad Estatal de California, Long Beach.

Los miembros de la Junta incluyen miembros ex officio como el gobernador de California Gavin Newsom, la vicegobernadora Eleni Kounalakis, el presidente de la Asamblea Robert Rivas, el superintendente de instrucción pública del estado Tony Thurmond y la canciller de la CSU Mildred García. Todos obedecen el gobierno imperialista del Partido Demócrata.

En este contexto, no hay peor crimen que los cinco educadores de CSULB podrían haber cometido que exponer los crímenes del estado y revelar la verdad sobre las relaciones sociales: mientras no se pueden asignar recursos adecuados para los derechos sociales fundamentales, como la educación pública, la salud y empleos seguros, los gobiernos de ambos partidos empresariales destinan fondos gigantescos para la agresión militar y la dominación imperialista. Esta es la razón por la que estos profesores fueron perseguidos por un establecimiento político que está entrando cada vez más en conflicto con las formas democráticas de gobierno y recurre al militarismo para contrarrestar su declive en la posición económica global.

Esto no es una aberración:

•  En Filadelfia, Keziah Ridgeway, una profesora de historia afroamericana, fue despedida después de expresar opiniones propalestinas y apoyar a estudiantes en proyectos que discuten la resistencia palestina. Enfrentó acoso, incluidas amenazas y difamación pública por parte de grupos pro-Israel. Padres y estudiantes protestaron por su despido, destacando el efecto escalofriante sobre la libertad de expresión.

•  En el cercano Swarthmore College en Pensilvania, 11 estudiantes universitarios enfrentan la expulsión por usar un megáfono después de que la escuela cambió su definición de asalto para incluir “cánticos fuertes”.

•  En Nueva York, educadores fueron amenazados con medidas disciplinarias por participar en protestas privadas y expresar indignación por las restricciones para discutir Gaza durante las horas escolares. Los esfuerzos para pedir un alto el fuego fueron ignorados por líderes sindicales como Randi Weingarten, criticada por apoyar políticas pro-Israel.

•  De manera similar, en West Orange, Nueva Jersey, los estudiantes recibieron amenazas de muerte por organizar una huelga contra la violencia en Gaza.

•  En Muhlenberg College, la Dra. Maura Finkelstein, una profesora con titularidad, fue despedida por apoyar los derechos palestinos en discusiones en clase.

California también ha sido el objetivo de la persecución académica. La represión de las protestas propalestinas en todo el sistema de la Universidad de California (UC) refleja un esfuerzo deliberado por parte del estado y la administración universitaria para suprimir la disidencia contra las políticas genocidas de Israel respaldadas por EE.UU. y alinear a las universidades con el complejo militar-industrial de EE.UU., silenciando las críticas al gobierno israelí y sus aliados corporativos.

Estas medidas antidemocráticas, presentadas como “precauciones de seguridad”, son parte de una represión más amplia de los derechos democráticos y constitucionales básicos para proteger los intereses imperialistas y sofocar la oposición al genocidio en curso en Gaza.

Es significativo que, en California como en otros estados de EE.UU., esto esté sucediendo bajo el auspicio de un liderazgo universitario dominado por el Partido Demócrata controlado por un gobierno estatal demócrata. Esta posición política jugó un papel crucial en la reciente reelección de Donald Trump: en su apoyo al genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania y la expansión continua del conflicto en el Medio Oriente, el Partido Demócrata permitió el ascenso del fascismo en Estados Unidos al subordinar los intereses de la clase trabajadora a agendas corporativas, militares y imperialistas, mientras se negaba a ofrecer cualquier oposición significativa a fuerzas de extrema derecha.

Esto creó una desilusión generalizada, dejando a la clase trabajadora desorientada políticamente y permitiendo que figuras retrógradas y reaccionarias como Donald Trump explotaran el sentimiento anti-guerra, así como las quejas económicas y sociales, y promovieran formas autoritarias de gobierno.

La represión de las protestas del profesorado y los estudiantes en los campus subraya la necesidad urgente de un movimiento unificado de la clase trabajadora para oponerse a la guerra imperialista, defender los derechos democráticos y desafiar el sistema capitalista, la raíz de la guerra y la dictadura. Las campañas de desinversión, aunque bien intencionadas, se centran principalmente en presionar a universidades, corporaciones o gobiernos para que cambien políticas sin desafiar fundamentalmente los sistemas capitalistas e imperialistas que perpetúan la guerra y el genocidio.

La resistencia de las universidades a la desinversión, a menudo citando responsabilidad fiduciaria o cediendo a la presión de grupos sionistas, ilustra su integración con intereses corporativos y políticos. Una solución viable requiere movilizar a la clase trabajadora internacionalmente para desmantelar estas estructuras, trascendiendo marcos de estados-nación y la explotación capitalista, en lugar de depender de estrategias reformistas como las campañas de desinversión.

Solo una perspectiva genuinamente socialista, completamente independiente de la influencia de los demócratas o sus pseudoizquierdistas apólogos, puede utilizarse como estrategia en la lucha contra la censura, el fascismo y la guerra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de noviembre de 2024)