Fuente: https://www.casestatal.org/es/2023/06/ccoo-y-ugt-dan-una-nueva-vuelta-de-tuerca-a-la-privatizacion-sanitaria/ 16.06.23
Recientemente las grandes centrales sindicales, CCOO y UGT, han vuelto a hacer una reivindicación de mantener las mutualidades para funcionarios (MUFACE-ISFAS-MUGEJU) y aumentar la prestación de servicios de dichas entidades. Para quien lo desconozca, estos sistemas consisten en grandes corporaciones públicas para funcionarios civiles (MUFACE), judiciales-policiales (MUGEJU) y militares (ISFAS), que gestionan el desvío de dinero público a entidades privadas que son las que dan asistencia sanitaria a estos funcionarios.
Esta defensa a ultranza resulta vergonzosa por sí misma, ya que crea de facto dos categorías de trabajadores: aquellos que tienen derecho a acceder a estas prestaciones sanitarias (actualmente en torno a un 9% de la población activa según datos de 2021) y la inmensa mayoría de trabajadores que no tienen esos servicios. Tratándose de sindicatos que se denominan a sí mismos “de clase”, la defensa de castas dentro de la clase trabajadora ya delata su lamentable papel en la defensa de los trabajadores.
Por si esto no fuera suficiente, el origen franquista del sistema de mutualidades es bien conocido. En 1941 y en pleno desarrollo del régimen fascista el aparato franquista promulga la ley de mutualidades para dar cobertura a los cuerpos de funcionarios ministeriales, Universidades y Educación, así como a los tres cuerpos del Ejército. Así se constituían los privilegios al funcionariado del régimen, compuesto en gran parte por excombatientes falangistas y adeptos al régimen tras las depuraciones de todas las personas identificadas como “rojas”. Posteriormente, en 1963 en la Ley de Bases de la Seguridad Social se perpetúan las condiciones privativas de las mutualidades en los regímenes especiales de funcionarios que ya abarcan las administraciones. No deja de resultar sorprendente que estos grandes sindicatos de tradición socialista abracen con fervor un sistema de atención sanitaria que es heredero directo de la dictadura franquista.
Con la aprobación de la Ley General de Sanidad, en 1986, se abrió un rayo de esperanza, ya que, en su disposición final tercera, punto 2, se establecía la integración de las mutuas en el Sistema Nacional de Salud, mandato que sin embargo no ha sido llevado a cabo por ninguno de los gobiernos de los que “hemos disfrutado” durante estos 37 años, independientemente de su tendencia política, sin que consten movilizaciones de estos sindicatos para su cumplimiento.
Pero la gravedad del asunto es mucho más profunda. Al defender las mutualidades, las grandes centrales sindicales defienden el desvío de millones del presupuesto público a las entidades privadas que dan estos servicios (según datos de 2021, más de un 2.5% del gasto sanitario público se destina a las mutualidades). Esto priva al sistema sanitario público de importantes recursos que podrían destinarse a mejorar la atención de todos los trabajadores y no sólo de unos pocos.
Queda claro entonces que defender el sistema MUFACE-ISFAS-MUGEJU nos perjudica a todos, pero además perjudica además a los propios beneficiarios de estos servicios, ya que el estar sometidos a criterios de entidades privadas serán atendidos sólo para aquellas circunstancias y servicios que sean beneficiosos económicamente para esas empresas y desahuciados para aquellas situaciones que no lo sean.
Y si no beneficia a ningún enfermo, sea o no beneficiario de las mutualidades, ¿por qué defenderlas? El interés es doble. En primer lugar, CCOO ha tomado recientemente la vicepresidencia del Consejo General de MUFACE por primera vez y ha conseguido que esa vicepresidencia sea rotatoria con UGT, excluyendo a CSIF, la otra gran central sindical rival de UGT y CCOO en la Administración Pública, del puesto. Ahora que han recibido tan suculento premio (entre otros), la pervivencia de las mutualidades es la pervivencia del propio sindicato (mejor dicho, de sus dirigentes). Tal es la dependencia de estas centrales sindicales de las mutualidades que no sólo las defienden para funcionarios, sino que en el reciente pacto con el Gobierno y la CEOE han aceptado alegremente la recomendación de que sean las mutuas quienes se encarguen directamente de la gestión de algunas incapacidades temporales (p. ej. las de causa traumatológica), independientemente de que sean causadas por la actividad laboral o no.
En segundo lugar, la existencia de MUFACE-ISFAS-MUGEJU siempre ha escondido una intención: hacer creer a parte de la clase funcionarial que son privilegiados, trabajadores de otra categoría, para evitar que crezca en ellos la organización política y sindical en solidaridad con otros trabajadores. Para que la privatización de los servicios públicos siga adelante sin oposición es importante que los propios trabajadores públicos no colaboren en esa oposición. Que la clase militar, funcionarios judiciales y cuerpos policiales sean especialmente protegidos por este sistema privado no es casual.
En tercer lugar, nada es gratuito. Viene de lejos el papel de CCOO en su apoyo a la privatización de la sanidad. Así, en 1997 con Romay Becaria en el Ministerio de Sanidad y Feijoo como presidente del INSALUD, se produce la aprobación de la que va a ser la norma central que con posterioridad permitirá desmantelar el SNS hasta llegar a la situación actual: la ley 15/97 de ”Nuevas Formas de Gestión”. Casualmente Feijoo mantenía en aquellos momentos una relación “muy cercana” con María José Alende Maceira, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, que posibilitó que, a las 24 horas, CCOO emitiera un comunicado público apoyando la ley privatizadora. UGT, más precavido, guardó silencio y dejo hacer mientras otros nos manifestábamos contra lo que iba a ser el cáncer del Sistema Nacional de Salud.
Por ello, es muy sangrante que cuando estos sindicatos acuden de forma habitual a las manifestaciones “a favor de la sanidad pública”, los organizadores de estas movilizaciones les hagan un hueco en la pancarta de cabecera. Esto no hace sino poner en evidencia lo que desde CAS y otras organizaciones venimos reivindicando hace años: las consignas a favor de la sanidad pública no deben hacerse en abstracto, ya que así sólo sirven para que sindicatos, partidos y otras organizaciones oportunistas mejoren su imagen pública y cimienten su poder para seguir socavando los servicios públicos en los despachos.
Es necesario un modelo sindical que rechace la representación unitaria y la colaboración con un Estado que sólo rema a favor de los intereses empresariales. Los trabajadores deben organizarse de forma autónoma para tener auténtica independencia. Y parte de esta autonomía debe consistir en propuestas claras y concretas para la recuperación de un Sistema Nacional de Salud público y democrático, donde las organizaciones parásitas que trabajan contra los intereses de los trabajadores y el bien común no tengan espacio.
Por un Sistema Nacional 100% público
Por la derogación de la Ley 15/97
Por la abolición de los sistemas MUFACE-ISFAS-MUGEJU
Por el fortalecimiento de la Atención Primaria y los servicios de Salud Pública
Por una industria farmacéutica pública