Por Cristina Ridruejo e Iñaki Alrui*
Agentes acusados o condenados por violación, asesinato machista, malos tratos, abusos sexuales, encubrimiento de agresiones sexuales por amigotes… No son casos aislados.
Alguien podría decir: «Son humanos, puede ocurrir en la misma proporción que en el resto de la población». No. Rotundamente no. No son «el resto de la población», son personas con un arma y con una responsabilidad muy concreta: perseguir el delito, protegernos de los crímenes.
Durante el mes de febrero se volvían a dar en cascada varios casos de abuso de poder y comportamientos nada ejemplares por parte de las diversas policías o fuerzas del orden que tenemos en el estado español: funcionarios uniformados nacionales, autonómicos, municipales o del duque de Ahumada, todos ellos funcionarios, todos ellos uniformados y con pistola.
En esta web ya hemos realizado en numerosas ocasiones recopilaciones de casos supuestamente aislados de delitos cometidos por policías. Pero repasando noticias, todas cercanas, de diciembre, enero y febrero, observamos que casi todos los casos recientes están relacionados con la violencia machista, mientras que, habitualmente, el delito por los que se juzga con más frecuencia a policías y guardias civiles es el narcotráfico.
¿Coincidencia? Por ver según evolucione, pero la derechización general de las fuerzas del «orden» no ayuda.
Simplemente nos hemos dedicado a unificar estos casos recientes (¡15 en menos de 3 meses!) y transcribir los datos más esenciales, con la sana intención de buscar reflexiones en base a la información. Esto son solo los tres últimos meses. Y la democracia sigue funcionando sin más, tal y como la programaron en 1976, todo en «orden» con estas fuerzas del orden… Así las cosas, si no cunde el pánico solo es porque a nadie le interesa unir los puntos «aislados».
El 17 de febrero, nos enterábamos de que el máximo mando operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González Jiménez, presentaba su dimisión al Ministerio del Interior después de que un juez haya admitido a trámite una querella contra él por agresión sexual: El jefe de la policía española dimite tras ser denunciado por violación
El mismo 17 de febrero también saltaba la noticia a través de la Cadena SER y según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre la investigación abierta al jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares por violencia de género y maltrato familiar. Su comisario principal, Luis Antonio Moreno, acumulaba denuncias de su expareja y de una exagente por malos tratos y acoso; la investigación judicial permanece bajo secreto sumario: Denunciado Jefe Policía de Alcalá por violencia machista
Vamos con un «caso aislado» que añade otra página más al largo historial de agentes de policía implicados en casos judicializados por violencia machista que han saltado a la prensa en el Estado español: la Audiencia de Almería juzgaba el martes 17 de febrero a diez acusados de prostituir a menores, entre ellos dos policías locales y un exmilitar: Juicio para diez acusados de prostitución, abuso y agresión sexual a menores, entre ellos dos policías
A comienzos de febrero, el Tribunal Supremo confirmaba la expulsión de la Guardia Civil de un agente condenado a tres años y nueve meses de prisión por amenazas graves y lesiones contra su exmujer y el hombre que la acompañaba. El alto tribunal considera ajustada a derecho la sanción de separación del servicio al entender que los hechos, pese a no estar relacionados con el ejercicio profesional, causan un grave perjuicio a los ciudadanos y al crédito de la institución.
Los hechos sancionados ocurrieron el 2 de marzo de 2020. Según la sentencia, la mujer se encontraba dentro de un vehículo junto a otro hombre cuando el condenado apareció de forma repentina con su coche, se bajó y abrió la puerta del copiloto. Entonces encañonó al acompañante con una pistola, le obligó a bajar del vehículo y, tras arrastrarlo y hacerlo caer de rodillas, le amenazó de muerte.
Durante el incidente, la mujer salió del coche y preguntó al agente si pensaba matarla también, al tiempo que instaba a su acompañante a huir. El condenado le apuntó entonces con el arma en la sien, la empujó y la pateó mientras permanecía en el suelo. Antes de regresar a su vehículo para perseguir al hombre, volvió a dirigirse a ella para agarrarla del cuello.
A continuación, el agente salió en coche tras el acompañante y, una vez alcanzado, realizó el gesto de apuntarle y dispararle con la pistola. En ese momento disponía de dos armas, una de ellas reglamentaria como miembro de la Guardia Civil. El agente y su exmujer, con la que tenía dos hijos, habían puesto fin a su relación en 2019.
El 30 de enero conocíamos la noticia de un teniente de la Guardia Civil detenido en Valencia por agresión sexual y maltrato. Quedaba en situación de investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones hacia su expareja. El detenido había pasado el día anterior a la publicación de la noticia a disposición de la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia), quien acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares, como la prohibición de aproximarse a menos de 700 metros de la denunciante, de su lugar de trabajo y de cualquier sitio que la víctima frecuente, así como a la localidad donde reside. Tampoco podrá comunicarse con ella por cualquier medio. Y el agente tendrá que llevar una tobillera con GPS para que se cumpla la orden de alejamiento.
Está detención fue adelantada por el diario Las Provincias, que informaba también de que la víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron entre septiembre y diciembre de 2025. Una de las violaciones denunciadas tuvo lugar en el domicilio de la víctima, otra durante un viaje a Marruecos y la tercera en el chalé del teniente, según la declaración de la mujer recogida por dicho diario.
El 27 de enero se daba conocer la petición de 51 años de prisión de la Fiscalía para un guardia civil por extorsión, robos y abusos en la Cañada Real, en un caso de corrupción más amplio que también incluyó abusos sexuales por tocamientos contra una mujer.
El guardia civil que sentaba en el banquillo está acusado de una veintena de delitos por los que la Fiscalía pedía para él más de 51 años de cárcel, al considerar probado que hurtó efectos en registros, golpeó e intimidó a personas que frecuentaban la Cañada Real Galiana para que le diesen droga o dinero, accedió a datos reservados sin permiso y elaboró denuncias falsas. Junto a este agente son juzgados dos compañeros del cuerpo para los que la Fiscalía pide 5 y 4 años de prisión por delitos como falsedad en documento público, hurto, amenazas y abuso sexual.
La Fiscalía afirmaba en su escrito de acusación que los tres acusados eran en 2020 agentes de la Guardia Civil adscritos en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USECIC), y desempeñaban sus labores en distintos municipios la comunidad madrileña. Pero lo hacían «abusando del ejercicio de su cargo y prevaliéndose del mismo, sustrayendo efectos de las entradas y registros que realizaban, golpeando e intimidando a las personas que frecuentaban la Cañada Real Galiana para apoderarse de sustancias estupefacientes o cantidades monetarias». También accedían a información de los archivos policiales «en beneficio propio o de terceros», revelando información a personas no autorizadas, y elaboraban «denuncias con datos mendaces o haciendo suyo material perteneciente a la Guardia Civil».
El 20 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ordenaba repetir el juicio al policía condenado por matar a tiros a su mujer en Ceuta.
El TSJA estimaba el recurso de la defensa del policía local de Ceuta condenado el año pasado por matar a su esposa de un disparo en 2022. Ordenando la nulidad del juicio y su repetición íntegra con un nuevo jurado y otra magistrada. Según el fallo, al que tuvo acceso Europa Press, el jurado popular «se limitó a enumerar las pruebas de forma genérica», «sin explicar qué elementos concretos le llevaron a dar por probado que el disparo fue intencionado»… Resumiendo: los jueces anulan la sentencia porque el jurado no detalló por qué consideró el asesinato intencionado y no un «accidente»; el agente disparó a su mujer a quemarropa.
El 14 de enero, conocíamos que un policía nacional fue detenido por agredir sexualmente a una compañera en prácticas.
El policía nacional era detenido en Valencia por un presunto delito de agresión sexual por realizar tocamientos a una agente en prácticas, según confirmaban fuentes de la propia Policía Nacional. Los tocamientos se realizaron en una comida de trabajo el pasado mes de diciembre, y el agente fue detenido el viernes día 9 de enero y pasó a disposición judicial ese mismo día. Según publicaba el diario Las Provincias, el detenido es policía nacional del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y el arresto lo realizaron agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer). El detenido le tocó los pechos a la agente en prácticas sin su consentimiento y le realizó comentarios sexuales que la incomodaron durante la fiesta posterior a la comida de Navidad en un pub de Valencia, según informaba el periódico.
El mismo 14 de enero también recibíamos la noticia de un intendente de la Policía Local en Alicante era arrestado por un presunto delito de violencia de género hacia su pareja.
Se trataba de un intendente de la Policía Local de Alicante, que fue detenido por un presunto delito de violencia de género hacia su pareja y pasó a disposición judicial. La detención se produjo el día anterior, martes 13 de enero, en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig tras la denuncia de la mujer, señalaban fuentes cercanas a la investigación. La titular de la Plaza Número 1 de la Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, acordaba el sobreseimiento provisional de la causa en la que estaba investigado el intendente de la Policía Local. El mando policial “ha quedado en libertad sin ninguna medida cautelar al no encontrar la jueza indicios suficientes para seguir con la investigación”, según informaban fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). El Juzgado ha denegado la medida que había solicitado la denunciante.
El 9 de enero conocíamos la sentencia contra un guardia civil que fingió estar en medio de una operación al ser sorprendido en un prostíbulo durante una redada.
El Tribunal Militar Central confirmaba 20 días de pérdida de haberes a un agente que, sorprendido en un club de alterne de Cádiz en plena operación policial de extranjería, se inventó que era un miembro del extinto OCON-Sur en una misión secreta para desmantelar un grupo de narcos. En octubre de 2022, agentes de la UCRIF, el cuerpo de Policía Nacional, entraron en un club de alterne del municipio gaditano de San Roque en un operativo de extranjería. En ese momento, un hombre que estaba hablando con una mujer en el local se dirigió a los policías y se identificó como guardia civil: sacó la placa y aseguró que estaba interrogando a una confidente en el marco de una investigación secreta para desmantelar un grupo de narcotraficantes. Cuando los policías le explicaron que la unidad a la que decía pertenecer ya no existía, cambió su versión y dijo que estaba en el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC). Una llamada al sargento de Ronda confirmó que ese agente no estaba interrogando a una testigo protegida en el prostíbulo. De hecho, en esas fechas no tenía destino y ni siquiera estaba en situación administrativa de trabajar.
El 12 de enero, desde la Unión Europea llegaba una nueva resolución del TEDH, que como en anteriores resuelve contra el Estado español: el Tribunal de Estrasburgo resolvía que la Policía Nacional española manipuló pruebas en dos casos de violaciones contra dos mujeres en Iruñea (Nafarroa).
Recordemos: El 7 de diciembre de 2016, dos mujeres fueron violadas por dos varones en Iruñea, al parecer mediante sumisión química. Las víctimas son amigas y no recordaban casi nada de lo ocurrido durante la noche, pero según mostraron posteriormente unas cámaras de videovigilancia, se encontraron con dos hombres en un bar de la Parte Vieja. Posteriormente, estos hombres las llevaron a una casa que no conocían, pero no recuerdan apenas nada al respecto: recuerdan los gritos de la otra, las relaciones sexuales a modo de «flash». Una de las mujeres se despertó desnuda en una habitación y encontró a su amiga en la sala, «medio ida», según ha descrito. Cuando salieron de la casa y en las horas y días siguientes, las evidencias fueron a más: marcas y magulladuras que se habían visto mutuamente en el cuerpo, dolor en la vagina y en la mandíbula etc. Según informaba el diario El País, los dos atacantes pamploneses se llaman Raúl y David y tenían 29 y 31 años en 2016. El juez instructor decidió archivar la causa sin ni siquiera llamar a declarar a los dos hombres. La Fiscalía no acudió a escuchar la declaración de las víctimas. El juez, además, hizo oídos sordos a una conversación entre los dos agresores que salió a la luz durante la investigación.
Nueve años después de la agresión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaba una resolución contra el Estado español por no investigar estas dos violaciones. Resuelve que hubo irregularidades en la investigación, algo que, según explicaba El País, puede tener que ver con el hecho de que uno de los violadores fuera pariente de uno de los policías que participaba en la investigación: en concreto era su cuñado. Entre las irregularidades observadas en el proceso, Estrasburgo destaca que «se perdieron y manipularon sistemáticamente pruebas potencialmente determinantes mientras estaban bajo custodia policial». Junto a ello, cuestiona que en la investigación existieran «garantías de independencia» y considera que «se reaccionó de forma manifiestamente inadecuada» ante estas «carencias». El tribunal internacional dice, en concreto, que el hecho de que un agente y uno de los investigados mantuvieran una «estrecha relación familiar» vulneró «el mínimo estándar de independencia exigido».
El 5 de diciembre de 2025, conocíamos que un policía municipal de Bilbo (Bizkaia) perseguía a su expareja controlándola mediante GPS.
El policía municipal controló y persiguió a su ex pareja utilizando un dispositivo de geolocalización. La mujer denunció el 29 de noviembre en una comisaría de la Margen Izquierda que su ex-novio la acosaba, pues sabía en todo momento dónde estaba y acudía repetidamente a los lugares donde ella se encontraba. Sus sospechas se confirmaron cuando descubrió un GPS oculto en el tubo de escape de su coche.
El acosador fue juzgado el 1 de diciembre, y el juez impuso al agente 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad, además de una orden de alejamiento y la prohibición de contactarla, aunque tan sólo durante un año.
El 9 de diciembre de 2025 era readmitido un guardia civil condenado por violencia machista por un «error» del Ministerio de Defensa.
El Tribunal Supremo forzaba la reincorporación del guardia civil condenado por un delito continuado de violencia de género y cinco delitos de lesiones contra su expareja, al declarar caducado el expediente disciplinario impulsado por el Ministerio de Defensa. El motivo, un simple descuido administrativo: la resolución de expulsión, firmada por la ministra Margarita Robles en abril de 2025, se notificó un día fuera del plazo máximo, el 25 de abril, cuando vencía el 24.
Los detalles de la condena penal contra el guardia civil, dictada en febrero de 2024 por el Juzgado de lo Penal de Castelló y confirmada en apelación, dibujan un patrón de violencia escalada desde 2021: insultos iniciales que derivaron en empujones, patadas y episodios como el del 25 de agosto de 2022, cuando el agente se abalanzó sobre la mujer estando ella dormida, requiriendo la intervención de la hija y la pareja actual de la víctima; o el del 6 de noviembre en el propio cuartel, donde la arrojó al suelo tras cogerla del cuello. La pena incluyó seis meses de prisión, dos años y dos meses de alejamiento, cuatro años sin armas y 190 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 38 por cada lesión leve.
Por último citar dos casos. el sonado caso del jefe de la Policía Municipal de Madrid, que no es un caso de violencia machista y otro de una pareja de la Ertzaina, que son un suma y sigue a la lista de delitos cometidos por las fuerzas del «orden»:
• El 19 de febrero de 2026, se confirmaba el cese del jefe de la Policía Municipal de Madrid, implicado en muchos asuntos y todos turbios, como el atropello de una niña, el amaño de los procesos de selección de agentes, los ardides para su propia promoción o la de su pareja. Tarde, con mucho retraso, pero por fin ha sido cesado… Cesan al director de la Policía Municipal de Madrid
• En la madrugada del sábado 21 al domingo 22 de febrero, una intervención de agentes de la Ertzaintza en Sestao ha terminado con un hombre ingresado y operado de un testículo… Una intervención de agentes de la Ertzaintza en Sestao ha terminado con un hombre ingresado y operado de un testículo
Y hasta aquí. Aunque presentimos que seguiremos informando…
* Con información de Diario Socialista, El País, Cadena ser, Las Provincias y Loquesomos.
– Miembros de la Asamblea de Redacción de LQSomos:
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