Una sentencia que no se cumple, una niña arrebatada y una administración que se escuda en la burocracia. La historia de Omozele revela la violencia institucional que sigue marcando la maternidad negra en España.
En 2012 nació Emanuela, hija de Omozele, una mujer nigeriana residente en Navarra. Poco después del parto, los servicios sociales le retiraron a la niña. Omozele firmó documentos que no entendía, sin intérprete ni asistencia letrada, en un idioma que apenas conocía. En 2015, tras años de lucha, la Audiencia Provincial de Navarra reconoció que el procedimiento había sido irregular y le dio la razón a la madre, ordenando que la menor regresara con ella.
Diez años después, la sentencia sigue sin cumplirse. Emanuela tiene hoy trece años, y Omozele continúa sin poder abrazarla. La justicia que debía reparar la herida se convirtió en una maquinaria que la profundizó.
En un reportaje emitido por La Sexta sobre el tema, el abogado Enrique Vila, especialista en adopciones irregulares, habló sin ambigüedades de la mala fe de la administración en este caso. Transcurren tantos años sin cumplir la sentencia que, al final, la justicia termina revocándola, amparándose en el vínculo que la niña ha desarrollado con sus padres adoptivos. Pero ese vínculo existe porque el Estado incumplió su obligación.
Vila recordó que, en la mayoría de países occidentales, la retirada de un menor es competencia exclusiva de un juez, no de los servicios sociales, e insistió en que estos organismos tienen intereses en mantener un sistema que se perpetúa a sí mismo. En otras palabras, la burocracia terminó funcionando como instrumento de despojo.
También intervino Augustine Abila, mediadora social y docente afrodescendiente en Navarra, quien subrayó que el sistema tiende a posicionarse del lado de las familias blancas, reproduciendo desigualdades raciales incluso en los procesos de protección. A su juicio, la figura de la madre negra suele ser vista como sospechosa o incapaz, y rara vez como sujeta de derechos.
Desde la Asociación de Juristas Afroeuropeos (AJAE), su secretario Olan Yekinni advirtió sobre la ausencia de protocolos culturales y lingüísticos que garanticen un trato equitativo a las familias racializadas. En la misma línea, Guillermo Bondyale, presidente de la organización, lamentó la falta de empatía institucional hacia mujeres que piden ayuda y terminan siendo castigadas por hacerlo.
Omozele lleva ocho años sin ver a su hija. Lo único que se le ofrece es una posible indemnización económica, un gesto vacío ante una pérdida irreparable. El Gobierno de Navarra, consultado por La Sexta, se amparó en la protección de datos de la menor para no pronunciarse sobre el caso.
Lo ocurrido con Omozele tiene precedentes. En 2016, la historia de María José Abeng, mujer negra española, conmocionó a Valencia. A María José le arrebataron a su hijo en un proceso de preadopción irregular. En los medios se la presentó como una madre «inadecuada», insinuando supuestos problemas personales que nunca se demostraron. Ella misma lo denunció públicamente en una entrevista en Onda Cero, bajo un titular que lo resume todo: «Me lo arrebataron». Después publicó una carta abierta, difundida en varios periódicos, donde explicó que la administración la despojó de su hijo sin pruebas y sin escucharla, mientras la cobertura mediática reforzaba los estereotipos más violentos sobre las mujeres negras.
El paralelismo con Omozele es evidente. Dos madres negras, una española y otra migrante, fueron despojadas de sus hijos por el mismo engranaje institucional, un sistema que, en lugar de proteger, criminaliza la maternidad negra y legitima su separación bajo discursos de «interés del menor» que encubren prejuicio racial y clasismo.
Ambos casos muestran una lógica colonial que sigue viva, la que niega a las mujeres negras el derecho a criar a sus hijos. Es la herencia más cruel de la esclavitud, la idea de que los cuerpos negros son prescindibles y sus vínculos afectivos, intercambiables.
El caso de Omozele interpela directamente al Estado español, pero también a la memoria histórica. La práctica de arrebatar a las madres negras a sus hijos es una herencia directa del colonialismo y la esclavitud, donde la maternidad negra fue despojada de valor y de reconocimiento. Hoy, en pleno siglo XXI, esa violencia persiste a través de un lenguaje institucional que habla de «procedimientos», «protocolos» y «protección», mientras destruye familias enteras.
La crueldad disfrazada de frio trámite administrativo. Se legitima con informes técnicos, se oculta tras un sello institucional y se perpetúa con el paso del tiempo. Y mientras el Estado mira hacia otro lado, una madre negra sigue esperando el día en que pueda volver a mirar a su hija a los ojos.
Redacción Afroféminas
