El caso de Muñoz: el Gobierno de Biden une fuerzas con mayoría ultraderechista en la Corte Suprema para desmantelar los derechos democráticos Tom Carter 25/06/24
El viernes, la Corte Suprema falló por mayoría 6 a 3 a favor de la afirmación del Gobierno de Biden de poderes irrestrictos para separar a ciudadanos estadounidenses de sus cónyuges inmigrantes. El fallo allana el camino para una gran intensificación de los ataques de los derechos básicos.
El acto perpetrado contra Sandra Muñoz y Luis Asencio Cordero es una más de las incontables injusticias que ocurren a diario a manos de las autoridades migratorias estadounidenses.
En 2010, Muñoz, una ciudadana estadounidense, se casó con Asencio Cordero, oriundo de El Salvador. Dado que Asencio había ingresado Estados Unidos sin documentos en 2005, la pareja se vio obligada a emprender un proceso prolongado y engorroso para regularizar su estado migratorio.
Muñoz y su marido cumplieron con todas las fechas y requisitos, incluyendo el paso degradante de demonstrar que su matrimonio era bona fide o auténtico. No obstante, como condición para obtener una visa, el Gobierno exigió que Asencio-Cordero viajara a El Salvador para una entrevista en 2015. Cuando lo hizo, las autoridades le prohibieron su regreso y se rehusaron a ofrecer una explicación.
Después de años de litigios exasperantes, el Gobierno finalmente se vio obligado a declarar una razón para negarle la visa a Asencio-Cordero. Sus tatuajes, según los funcionarios, estaban relacionados con pandillas. Pero Muñoz y sus abogados demostraron en la corte que su esposo nunca estuvo en una pandilla, no tiene antecedentes penales y sus tatuajes (incluyendo imágenes religiosas católicas y un retrato de Sigmund Freud) no tienen ninguna conexión plausible con nada ilegal.
La posición del Gobierno se mantuvo imperturbable durante los Gobiernos de Obama, Trump y Biden. Asencio-Cordero se ha visto obligado a permanecer en El Salvador desde entonces, sin poder vivir con su esposa o ser parte de su vida diaria. No fue hasta 2022 que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito finalmente dictaminó que los derechos de Muñoz habían sido violados por la negativa del Gobierno a dar razones para la denegación de la visa durante tanto tiempo.
Si el Gobierno de Biden no hubiera tomado ninguna medida en ese momento, la familia ya podría haber sido reunida. En cambio, el Gobierno dio el paso vengativo de apelar la decisión del Noveno Circuito para mantener la familia separada y evitar cualquier disminución de sus poderes supuestamente indiscutibles sobre la inmigración. La petición de la Administración de Biden a la Corte Suprema adoptó las posiciones más autoritarias posibles y el tribunal las ratificó en su fallo el viernes.
El caso Muñoz es significativo porque presenta al Gobierno de Biden en una alianza abierta con la mayoría alineada con los republicanos de la Corte Suprema. El resultado de esta alianza indecorosa ha sido un fallo tan reaccionario, tanto en su contenido inmediato como en sus implicaciones, que fue objeto de una opinión disidente por parte de los tres jueces de la minoría alineados con los demócratas, incluyendo a la jueza designada por el propio Biden, Ketanji Brown Jackson.
Muchos informes prominentes en los medios de comunicación estadounidenses intentaron restarle importancia al fallo del viernes, presentando el caso como una cuestión de “tatuajes” o sugiriendo que Asencio-Cordero era, después de todo, miembro de una pandilla. Contrariamente a estos informes engañosos, el caso se trataba de si el Gobierno tenía que darle a Muñoz y a su esposo razón alguna para negarle la visa. El New York Times, portavoz del Gobierno de Biden, no informó prominentemente el fallo en absoluto, probablemente porque entraría en conflicto con sus esfuerzos por promover la reciente maniobra electoral de Biden que promete un camino limitado hacia regularizar el estatus de algunos cónyuges inmigrantes.
El ala más abiertamente fascista de la élite política estadounidense, encabezada por Trump y los republicanos, respondió al fallo con regodeos, mentiras e incitación racista, celebrando la exclusión de un “miembro de la Mara Salvatrucha” del país.
La alianza entre el Gobierno de Biden y la mayoría de extrema derecha de la Corte Suprema es otra manifestación de la coalición efectiva que ahora existe entre el Gobierno de Biden y el Partido Republicano en el Congreso, basada en un programa conjunto de guerra en el extranjero y ataques a los derechos democráticos en el país. Específicamente, esto incluye un gasto militar masivo para la guerra entre Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, los preparativos para la guerra con China, el pleno respaldo al genocidio israelí en Gaza, un asalto conjunto a los derechos de los inmigrantes y refugiados y la supresión de huelgas y protestas dentro de Estados Unidos.
El argumento básico del fallo de la Corte Suprema en el caso Muñoz es que todos los derechos que no están específicamente consagrados en la Constitución o la Carta de Derechos, y que, según la mayoría de extrema derecha, no están “profundamente arraigados” en la tradición nacional, no tienen protección constitucional. La jueza fundamentalista cristiana Amy Coney Barrett, escribiendo para la mayoría, concluyó sobre esta base que “un ciudadano no tiene un interés de libertad fundamental en que su cónyuge no ciudadano sea admitido en el país”.
La jueza Sonia Sotomayor, escribiendo para los tres disidentes, respondió citando el caso Obergefell vs. Hodges de 2015, cuyo fallo protege los matrimonios entre personas del mismo sexo y establece: “El derecho a casarse es fundamental como cuestión de historia y tradición”. Lo que es aún más importante, observó Sotomayor, la lógica sesgada de la mayoría es una desviación de décadas de precedentes, despejando el camino para una gran expansión de los esfuerzos para debilitar o abolir otras protecciones democráticas básicas.
“La justificación de la opinión, de que los derechos fundamentales no existen a menos que se enumeren textualmente en la Constitución, plantea una amenaza inminente al derecho al matrimonio, a la privacidad, al voto, a la anticoncepción y mucho más”, dijo el abogado Eric Lee, quien representó a Muñoz en los argumentos orales ante la Corte Suprema en abril, en respuesta al fallo.
Lee continuó:
La opinión se basa ominosamente en la política explícitamente racista de la exclusión china y en las Leyes de Cuotas de Orígenes Nacionales para justificar su absurda conclusión de que el derecho de un ciudadano al matrimonio no incluye el derecho a vivir con su cónyuge.
De hecho, toda reforma legal que refleje algo progresista en el desarrollo social y político estadounidense está actualmente bajo ataque. Hoy se cumplen exactamente dos años desde el fallo de la Corte Suprema de abolir el derecho al aborto, que fue parte de una serie de fallos reaccionarios atacando los derechos democráticos en todos los ámbitos.
Esta serie de fallos coincide con un histórico escándalo de corrupción en la Corte Suprema. Más recientemente, el juez Samuel Alito fue expuesto por ondear banderas políticas en su casa asociadas con el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021, una conspiración en la que la esposa del juez Clarence Thomas, Virginia “Ginny” Thomas, estuvo implicada al más alto nivel.
Pero como deja claro el caso Muñoz, la ofensiva contra los derechos básicos no solo emana del ala republicana fascistizante del establishment político. El candidato presidencial del Partido Socialista por la Igualdad, Joseph Kishore, el único candidato que firmó una petición exigiendo que Asencio-Cordero fuera regresado a casa, declaró en respuesta al fallo en X:
Los demócratas siempre argumentan que es necesario votar por ellos en cada elección debido a la importancia de los nombramientos en la Corte Suprema. Pero el caso Muñoz demuestra que los demócratas se apoyan en los jueces fascistas para respaldar su ataque conjunto a los derechos democráticos.
A pesar de toda la retórica política oficial sobre “libertad y democracia”, el carácter asombrosamente antidemocrático de la configuración política estadounidense se está volviendo cada vez más evidente. Todo el poder estatal está en manos de un estrecho grupo de individuos grotescamente ricos y sus representantes y cómplices. La clase gobernante, que se encuentra protegida de toda rendición de cuentas democrática por el Colegio Electoral y las leyes de acceso a la papeleta que son prácticamente imposibles de satisfacer, está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar que la oposición popular a su régimen se manifieste.
Toda institución del Estado está infectada con las consecuencias dictatoriales de las guerras interminables y los niveles extremos de desigualdad social, desde el Congreso de los millonarios, hasta el aparato militar-policial masivo, hasta la presidencia ejecutiva. Este último fue el foco de un intento de golpe fascista hace apenas tres años y medio, encabezado por el presunto candidato del Partido Republicano en las elecciones de 2024, Donald Trump. Mientras tanto, Biden se concentra en respaldar un genocidio en Gaza e intensificar la guerra de Estados Unidos y la OTAN con Rusia en Ucrania, que tiene las consecuencias más catastróficas, completamente a espaldas de la población.
La Corte Suprema, la rama del Gobierno más aislada de la responsabilidad democrática, está repleta de agentes políticos de extrema derecha. Los nueve jueces son nombrados de por vida, y la mayoría actual está compuesta por jueces nombrados por presidentes que perdieron el voto popular. Sus decisiones no se pueden apelar y, como lo han dejado claro los últimos sucesos, no existen mecanismos funcionales para abordar la corrupción desenfrenada de los jueces o su negativa a adherirse a la lógica o al precedente establecido.
En 1857, poco antes del estallido de la Guerra Civil, la Corte Suprema emitió su famoso fallo en el caso Dred Scott. Dred Scott, un esclavo, había demandado para exigir su libertad con el argumento de que había vivido en áreas donde la esclavitud era ilegal. De todos los motivos posibles para decidir el caso, la Corte Suprema eligió los motivos más reaccionarios imaginables, declarando que Scott no podía ser ciudadano por sus orígenes africanos, que no tenía derechos constitucionales y, además, que el Congreso no tenía derecho a restringir la esclavitud en los territorios.
La decisión de Dred Scott no fue anulada por ninguna autocorrección por parte de la Corte Suprema. Fue “anulada” por una lucha revolucionaria que movilizó a las masas populares, que culminó con la abolición de la esclavitud y la emancipación de 3,5 millones de seres humanos.
La base social para la defensa de los derechos democráticos es la clase trabajadora, en los Estados Unidos y en todo el mundo. No se puede hacer frente al autoritarismo y la dictadura mediante apelaciones a un sistema político corrupto y desacreditado, sino a través del desarrollo de la lucha de clases.
La lógica de estas luchas se dirige a la conquista del poder por parte de la clase trabajadora, la expropiación de los oligarcas, la creación de instituciones auténticas de democracia participativa y el control democrático establecido sobre la vida social y económica. Por estas razones, la defensa de los derechos democráticos es inseparable de la lucha por el socialismo.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de junio de 2024)