Trump ha sido el Presidente de Estados Unidos más denostado y más investigado de la historia, lo cual debe tener algún significado político, más allá de que sea un mequetrefe porque eso es bastante común en los inquilinos de la Casa Blanca.

Primero fue investigado por el FBI porque era un agente encubierto del Kremlin, un asunto que se fue destapando como lo que era: un montaje absurdo del FBI.

El verano del año pasado registraron su casa en Florida y encontraron lo que buscaban: Trump se había llevado documentos secretos al perder la Presidencia en 2020, lo cual es un delito grave. Pero el mismo delito le encontraron a Biden, por lo que tuvieron que tapar ambos asuntos. También debe ser algo frecuente entre los presidentes de Estados Unidos.

Ahora llega el tercer asunto escabroso, que se abre para impedir que se presente a las elecciones presidenciales del año que viene. Hace 15 años mantuvo relaciones con Stormy Daniels, una prostituta y actriz porno.

Para no desatar un escándalo en plenas elecciones presidenciales, a Daniels le pagaron 130.000 dólares y le hicieron firmar un contrato de confidencialidad para que mantuviera la boca cerrada.

El abogado de Trump en aquel momento, Michael Cohen, se encargó de la fontanería, pero luego traicionó a su cliente, se olvidó de su obligación de mantener el secreto profesional y llegó al típico acuerdo con la fiscalía del sistema judicial gringo: acusar a Trump a cambio de una sentenia reducida en su contra.

La acusación es por un delito electoral: Trump pagó a la prostituta con un dinero que estaba destinado a su campaña electoral. Es un fraude y una falsificación de documentos comerciales porque en Estados Unidos las elecciones son así: asuntos comerciales.

Pero el fiscal no lo tiene tan fácil, ni siquiera con el chivato de Cohen de su parte, por dos motivos. El primero es que una parte de los fondos de la campaña electoral procedían del bolsillo de Trump. El segundo es que el dinero no fue a parar directamente a Daniels, sino al abogado en concepto de honorarios profesionales. Fue Cohen quien, a su vez, pagó a Daniels. Se hizo de esa manera porque el abogado así lo aconsejó.

El plan de la fiscalía es condenar a Trump antes de noviembre del año que viene, fecha de las elecciones presidenciales.

Es un caso sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Ni siquiera se atrevieron con Nixon en los años setenta, que también recurrió a los fondos de su campaña electoral para espiar al partido demócrata en el Caso Watergate.

Tampoco lo hicieron con Clinton cuando estalló el Caso de Mónica Lewinski y el entonces Presidente no hizo más que contar mentiras para tratar de sacudirse el asunto de encima.

A Trump le fallan los gabinetes de imagen, y no puede ser ninguna casualidad porque están para lavar la cara de los presidentes de Estados Unidos, incluso la de los más repugnantes.

El especulador inmobiliario se ha convertido en un muñeco de feria. Nadie le quiere, salvo sus hinchas más acérrimos, que han visto en él algo que los demás no ven por ninguna parte.