“Con el carbón colombiano que se exporta a Israel se construyen las armas con las que se está atentando contra Palestina”, trinó el presidente Gustavo Petro, poco después de anunciar la suspensión de las exportaciones de ese producto a Israel, hasta cuando se detenga el genocidio.

La decisión, adoptada mediante decreto del 14 de agosto pasado, se inscribe en el conjunto de medidas tomadas en contra del Estado sionista. «Colombia considera que las operaciones militares contra el pueblo palestino representan una transgresión de una norma imperativa del derecho internacional», dice el decreto.

La medida despertó fuerte controversia en el país y por fuera. Recibió entusiasta respaldo de las autoridades palestinas y de los pueblos que vienen denunciando y condenando las atrocidades de Israel en Gaza. Fue entendida como un llamado a otros países de la región y del mundo a tomar medidas similares.

Pero como podría esperarse, la oposición en Colombia rechazó la decisión. Gremios y dirigentes políticos han puesto el énfasis en sus supuestas consecuencias negativas para el comercio y las finanzas nacionales.

Israel importa más del 50% de su carbón de nuestro país, pero para Colombia, quinto exportador mundial del mineral, representa apenas una pequeña parte de sus exportaciones en este rubro. El año pasado las ventas a Israel ascendieron a 450 millones de dólares.

La oposición acusa al gobierno de violar acuerdos internacionales y de poner en riesgo la confianza inversionista. Augura que el impacto para nuestra economía será enorme y que se afectarán las regalías para los municipios productores de carbón. Insiste en que las decisiones comerciales deben ser estrictamente técnicas y no deben responder a consideraciones ideológicas y políticas.

Por supuesto, todos estos sectores defienden la lógica neoliberal imperante, que les permite apoyar o convivir con las atrocidades de Israel en Palestina, en aras de los negocios.

La decisión de Petro es consecuente con su postura frente al genocidio. Fue uno de los primeros gobernantes latinoamericanos que lo denunció con todas sus letras y lo relacionó con el holocausto. Ello le ha valido confrontaciones abiertas con las autoridades sionistas, que los han tildado de “antisemita lleno de odio”. Funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca también han cuestionado su postura al respecto y lo han llamado a reconsiderarla.

El pasado primero de mayo, en medio de una enorme movilización sindical y social en respaldo a sus reformas sociales, el presidente anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

En este punto, es importante aclarar el alcance y la importancia de dicha decisión. En el marco de su histórica sumisión a los designios estadounidenses, Colombia ha tenido también una relación muy estrecha con Israel.

Este país desempeñó un papel crucial en la exacerbación del conflicto armado colombiano. Durante los años ochenta, exmilitares israelíes, entre ellos Yair Klein, asesoraron y entrenaron al paramilitarismo, contratados por la extrema derecha en distintas regiones del país, en especial el Magdalena Medio y Urabá.

Sin embargo, todos los intentos de extraditarlo a Colombia para que respondiera por sus crímenes fracasaron. Pero en entrevista radial declaró haber actuado en el territorio nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, financiado por hacendados, entre ellos Uribe Vélez.

Todas sus atrocidades de estos grupos fueron bastante documentadas, tanto en el informe Basta Ya (2013) como en el informe final de la Comisión de la verdad (2022).

Pero las relaciones entre Colombia e Israel tienen otro capítulo importante. En 2013, el gobierno de Santos suscribió con Netanyahu un Tratado de Libre Comercio entre los dos países, precisamente en la ciudad de Jerusalén, con todo el simbolismo que esto representa. Fue presentado como el único acuerdo de última generación que, además del intercambio de bienes y servicios, incluía asuntos de inversión, compras públicas y cooperación.

El embajador de Israel en Colombia de ese entonces afirmó que este acuerdo sería su prioridad, por cuanto su país consideraba al nuestro como su aliado estratégico en la región. De hecho, hablamos del principal receptor de armas de EEUU y del que era entonces el tercero.

La mayor parte de las exportaciones de Israel a Colombia están relacionadas con lo militar: armamento, servicios de seguridad y tecnología y asesorías en este campo. Según datos oficiales, en 2012 el 94.3% de las exportaciones de Colombia a ese país correspondía a carbón.

El 3 de agosto de 2018, días antes de concluir su mandato presidencial, Santos sorprendió al país con el reconocimiento al Estado de Palestina. Hasta entonces, Colombia era el único país de Suramérica y uno de los tres latinoamericanos que no lo reconocían. El gobierno de su sucesor, Duque, intentó revertir esa decisión, pero no pudo hacerlo.

Es importante señalar que el desarrollo de las armas convencionales y de última generación ha encontrado en los territorios ocupados de Palestina su campo de prueba y experimentación. De hecho, los operativos militares que lanza el Estado sionista contra el territorio palestino desde su ocupación le han representado enormes ganancias. Antes del genocidio, la venta de armas se incrementaba de manera espectacular, y con ello las ganancias de Elbit System, la mayor empresa privada productora de armamento del país.

Todo este contexto nos permite entender la importancia de la decisión adoptada por el mandatario colombiano contra el genocidio y en favor de la causa palestina.