El Sudamericano                                                                                                     James Petras                                                                                                                           17/03/26

Dialéctica, año 23, n.° 32: primavera de 1999¹

*

El debate en torno a la relación entre democracia y capitalismo ha sido continuo, desde el comienzo del siglo XIX hasta el presente. Para algunos investigadores, el capitalismo y la democracia están en “contradicción”. Ellos sostienen que el ‘contenido democrático’ en la democracia capitalista es un producto de los movimientos populares y la lucha de clases más que un elemento integral de la expansión de las relaciones de mercado. Resultante de la fusión ‘capitalismo’ y ‘democracia’ es visto como un desarrollo contradictorio sustentado por un equilibrio político en el que las fuerzas democráticas deben vigilar constantemente las prácticas autoritarias inherentes al poder capitalista.

En el otro lado, están los académicos que sostienen que el desarrollo del capitalismo y la democracia están interrelacionados: la libertad de mercado y las elecciones libres son vistos como procesos que se refuerzan mutuamente. De acuerdo con esta linea de razonamiento, la libertad de mercado aumenta las opciones, favorece el individualismo y promueve el pluralismo social; ingredientes que son esenciales en la producción de un sistema político democrático.

Una tercera escuela de pensamiento sostiene que los principales discursos históricos pasan por alto la importancia de los procedimientos y la clara definición de ‘las reglas del juego’ que son las garantías básicas de la democracia independientemente de la existencia o la presencia de movimientos populares o de mercados capitalistas. Ellos sostienen que el acuerdo social sobre las reglas de la competencia política (el consenso político) garantiza que las fuerzas en competencia permanecerán en alternancia política en el entendido de que las mismas reglas permitirán a los gobernantes retener el poder y a la oposición alcanzar el poder.

Estas tres concepciones enfocan diferentes esferas del sistema social: los críticos del capitalismo, las luchas y los movimientos en la sociedad; los que celebran el capitalismo, la magia del mercado, y los procedimentalistas, las relaciones al interior de las clases políticas Aunque estas perspectivas teóricas captan parte de la realidad no son capaces de explicar las experiencias históricas discordantes que no encajan dentro de sus teorías.

Por ejemplo, los que sostienen el punto de vista que percibe una contradicción entre capitalismo y democracia tienen dificultades para explicar la introducción y el apoyo hacia los regímenes democráticos de los políticos capitalistas en Europa occidental al término de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque es cierto que los políticos capitalistas en Estados Unidos resistieron la inclusión de la gente de color y de las mujeres en el campo electoral, su eventual incorporación tuvo lugar bajo la égida del capitalismo y no ha habido ningún intento de revertir su inclusión en el proceso político. Más recientemente, políticos capitalistas en Europa y en Estados Unidos han estado promoviendo la democracia en América Latina, Asia y África, incluso condicionando préstamos económicos e inversiones a la introducción de elecciones libres. Y aunque los críticos del capitalismo sostienen que este cambio a la democracia es incompleto, oportunista o meramente procedimemal y no sustantivo, dichas acciones parecen poner en duda, no obstante, la idea de las inherentes contradicciones entre el capitalismo y la democracia: el proceso de más mercados y más elecciones nos trae a la mente la idea de Lenin de que la república democrática burguesa es la forma institucional ideal bajo la cual las relaciones capitalistas pueden alcanzar su expresión más plena.²

Los teóricos de la democracia de libre mercado tienen un serio problema al considerar un gran cúmulo de experiencias históricas que comprenden largos períodos de tiempo. Los orígenes del capitalismo en los estados absolutistas europeos tienen poco que ver con la democracia, como también tienen poco que ver la conquista y la esclavitud de millones de personas del Tercer Mundo que financiaron la revolución industrial temprana. Más recientemente, durante los años 60 y hasta la mitad do los años 80. la introducción de las reformas de mercado en Asia (Indonesia) y en América Latina (Brasil, Chile. Argentina y otros países) fue precedida y alentada por crueles dictaduras militares. Los defensores del libre mercado y la democracia podrían sostener que existe un ‘atraso’ entre la democracia y los mercados libres, y que estos últimos requieren un periodo de autoritarismo para consolidar el sistema económico, estableciendo con ello las bases para el surgimiento de la democracia. Sin embargo, los que sostienen esta teoría se equivocan al dar por hecho que las economías de mercado revertirán un gobierno dictatorial o autoritario. Pensemos en el caso de Italia, en los años 20; de Alemania, en los años 30; de Francia, al final de los años 50; de Grecia, en los años 60 y de Turquía, en los años 80. Los países recientemente ‘democratizados’ que experimentaban políticas democráticas anteriores a la introducción de las reformas de libre mercado –bajo los regímenes socialistas y populistas– como Chile. Argentina y Uruguay, sucumbieron a las dictaduras y a los mercados libres, los cuales subsecuentemente evolucionaron hacia la fórmula actual de democracia y libre mercado. Las afirmaciones simplificadoras de los ideólogos del libre mercado y las elecciones libres, no obstante su mérito propagandístico, no pueden explicar las numerosas experiencias históricas discordantes disminuyendo su valor analítico.

Los procedimentalistas proponen un conjunto más preciso de condiciones que definen los prerrequisitos de la democracia, independiente de las ideologías político-económicas que están patentes en la discusión precedente. Las “reglas del juego” especifican los procedimientos para la competencia electoral, la alternancia y la sucesión. Las reglas se basan en el consenso político que excluye la disrupción del proceso democrático en tanto los actores políticos sigan las reglas. El problema es que la noción “reglas democráticas del juego” es tautológica, se asume como hecho lo que aún tiene que ser demostrado: que las reglas por sí mismas den una oportunidad suficiente a los conjuntos alternativos de intereses y movimientos para acceder a las sillas del poder. En otras palabras, las suposiciones de la aproximación procedimental acerca de los parámetros del poder político excluyen un análisis de los antecedentes históricos que formaron a las fuerzas institucionales que deciden las “reglas del juego”. Por ejemplo, las “reglas democráticas del juego” en América Latina tuvieron lugar en el contexto de la continuación de las instituciones autoritarias del estado que tenían la capacidad de definir los asuntos fundamentales del poder, la estructura social y las relaciones internacionales. Así mismo, las “reglas democráticas” en Europa occidental, tuvieron lugar bajo la ocupación militar norteamericana y la reconfiguración del estado fascista.

Por otra parte, el planteamiento general acerca de la importancia de las reglas procesales en el sostenimiento de la democracia pasa por alto la manera en que esos mismos procedimientos pueden ser aplicados de manera diferencial, revisados y redefinidos en diferentes coyunturas históricas para sostener a los gobernantes y a sus clases aliadas en el poder. En ese sentido, lo que parecen ser “ajustes” en los procedimientos pueden cumplir la función de un coup d’etat al negarle a la oposición la oportunidad de ejercer el poder. Los ejemplos en América Latina de presidentes en funciones que modifican cláusulas constitucionales para permitir su reelección es una muestra del ejercicio de prácticas autoritarias dentro de los procesos electorales. Puesto que esos cambios son vistos como cambios “solamente” procedimentales, se consideran parte del sistema político democrático competitivo. Irónicamente, los teóricos de la centralidad de los procedimientos frecuentemente pasan por alto o se equivocan cuando analizan la manera en que los cambios sutiles del procedimiento alteran el contenido fundamental de los procesos democráticos. Igualmente importante resulta el que los procedimentalistas no acierten cuando examinan la larga lucha política por el poder y el modo en que ésta afecta el camino para lograr un consenso sobre las reglas del juego y la manera en que los ‘procedimientos’ mismos se redefinen para perpetuar el ejercicio autoritario del poder. Lo que parece ser una definición neutral de la democracia basada en un conjunto de procedimientos comúnmente aceptados, en realidad oculta la interrelación entre la economía política y los cambiantes usos y abusos de las reglas electorales.

.

Democracia capitalista: una perspectiva instrumental

Además de los ideólogos normativos que hablan de la democracia como “un bien en sí mismo”, parece haber algunas bases históricas o empíricas para hacer ese pronunciamiento a nombre de los principales actores políticos en las democracias capitalistas, a saber, la clase capitalista. Durante largos períodos de gobierno capitalista más o menos estable esta proposición parece reflejar una realidad creciente. Los partidos de oposición son tolerados, existe una prensa crítica y elecciones competitivas y la alternancia es la norma entre partidos que comparten la ideología económica dominante. Por consiguiente, el argumento de que la democracia y el capitalismo son al menos compatibles si no es que se refuerzan mutuamente, parece ser una proposición válida.

Sin embargo, la cuestión crucial es ver el comienzo de la democracia, cualquiera que sea su origen, “popular” o ‘de mercado’, como un proceso inacabado, contingente, en la perpetuación de un régimen de propiedad, poder y privilegio. Si la democracia es la culminación del trabajo de las fuerzas del mercado, ¿qué ocurre con las circunstancias en las que las relaciones de mercado son desafiadas por fuerzas sociales dentro del marco democrático? Si los mercados globales alientan la democracia en todas partes, ¿cómo explicamos la intervención de fuerzas políticas externas para socavar regímenes democráticamente electos que desafían los dictados del mercado de “los poderes hegemónicos”? ¿Cómo explicamos que los poderes hegemónicos alternativamente sostengan a regímenes democráticos y a dictaduras militares que apoyan el libre mercado? Inversamente, ¿cómo explicamos la subversión de regímenes democráticos que se oponen al libre mercado por regímenes que también pueden ser considerados democracias? Claramente, hay fuerzas más profundas trabajando que la simple afinidad a los regímenes democráticos por sus partidarios. A nivel nacional, ¿por qué los actores políticos que estaban a favor de las reglas democráticas repentinamente patean bajo la mesa cuando pierden las elecciones y aceptan arbitrariamente regímenes dictatoriales? ¿Por qué personas y asociaciones empresariales ligados por mucho tiempo a partidos y procedimientos democráticos aceptan soluciones totalitarias y rechazan los resultados democráticos que le son desfavorables a sus intereses? Y, ¿por qué vuelven a procesos democráticos más adelante?

Es claro que la democracia no es un valor universal que opere de acuerdo a grandes leyes históricas económicas; ni tampoco es accidental la aceptación de valores democráticos y normas procedimentales. Como hemos sostenido, éstas varían en tiempo y lugar, en muchos casos alternan con otros conjuntos de intereses, compromisos y realidades políticas. La democracia tampoco es un producto de la lucha popular que modifique el funcionamiento del sistema capitalista para hacerlo responder a los intereses de la mayoría: hemos visto cómo inclusive las democracias capitalistas socialmente más avanzadas pueden ser transformadas en estados dictatoriales.

La clave para comprender la evolución de la democracia dentro del sistema capitalista es entender su naturaleza fundamentalmente contingente, desde siempre y en todas partes, al menos en donde contamos con datos históricos y empíricos. Contingencia significa que su verdadera existencia y no existencia depende del grado en el que las reglas democráticas son compatibles con la perpetuación del sistema de relaciones de propiedad capitalista, la estructura de clase y las instituciones del estado que sostienen a éste último y a las relaciones hegemónicas entre los estados.

En pocas palabras, los capitalistas tienen una visión instrumental de la democracia en la que sus virtudes o defectos son definidos de acuerdo a los más fundamentales intereses de la propiedad. Esta aproximación nos permite explicar la relación cambiante entre la democracia y el capitalismo en cualquier tiempo y lugar. Cuando la democracia es dirigida por la clase capitalista es vista como “buena en sí misma”. Cuando proporciona una plataforma para la transformación de las relaciones sociales y los derechos de propiedad es vista como un “lujo”, prescindible, reemplazable por un sistema autoritario que es un mejor instrumento para la protección de la propiedad.

En este sentido, los teóricos procedimentalistas han incorporado esta condicionalidad dentro de su teoría de la democracia sin reconocer públicamente sus profundas consecuencias teóricas: que la amenaza capitalista de volver a la dictadura si la propiedad cambia, es un factor procedimental clave que le resta fuerza a cualquier idea acerca de un campo de juego equitativo y una creación abierta de reglas democráticas. La primacía de la propiedad y de los intereses hegemónicos sobre la democracia son entonces el verdadero significado de la asociación ‘democracia capitalista’. Por tanto, existen límites en la democracia, aún en el más avanzado estado benefactor. Esta ‘ley’ no escrita se ha verificado en numerosas experiencias históricas que han tenido lugar tanto en Europa como en Norte América así como en el Tercer Mundo. Vale la pena examinar estos casos. Para los propósitos de este ensayo podemos considerar a Finlandia (1918), Guyana (1953), Chile (1973). Alemania (1953), España (1936), Guatemala (1954) e Irán (1955).

En todos estos casos, regímenes populares fueron electos democráticamente y eventualmente derrocados por fuerzas militares respaldadas por la clase capitalista y por los poderes hegemónicos debido a sus intentos de transformación o de reforma de las relaciones de propiedad. No existen casos registrados en los que la clase capitalista consintiera una legislación que hiciera una profunda incursión en el poder y en las prerrogativas de la posesión de la propiedad. Vale la pena examinar brevemente los ejemplos históricos.

Finlandia (1918). Un poco después de la Revolución Rusa de 1917, se llevó a cabo una elección democrática en la que los trabajadores socialistas de base, simpatizantes de la Revolución, fueron elegidos democráticamente para gobernar. El nuevo gobierno, respaldado por representantes de los trabajadores, sindicatos y comités de fábrica, adoptó una serie de medidas diseñadas para mejorar la posición de la clase trabajadora en la sociedad. Frente a ello, la clase capitalista recurrió a una serie de medidas extraparlamentarias que fueron diseñadas para socavar al régimen. Luego que éstas fallaran apoyaron un levantamiento militar respaldado por una invasión de las tropas alemanas que, durante el derrocamiento del régimen y la instalación del gobierno autoritario pro-capitalista de Mannerheim, masacraron, encarcelaron o forzaron al exilio a uno de cada cuatro trabajadores. Mannerheim restableció el dominio capitalista en las fábricas y en el Estado.

Guyana (1953, 1961-1964). En 1953, la mayoría de ciudadanos guyaneses eligió como Primer Ministro a Cheddi Jagan, un socialista democrático. Jagan, marxista, intentó, en medio de las vastas desigualdades socioeconómicas de la sociedad guyanesa, tomar el mando, limitar el papel de las compañías multinacionales e introducir una distribución más equitativa de la tierra. A ciento treinta y tres días de su mandato, el gobierno británico intervino y derrocó al gobierno democrático, implantó un régimen interino dócil, reescribió la Constitución y concentró el poder en el gobernador colonial. Subsecuentemente, se llevaron al cabo nuevas elecciones dentro del marco de una constitución restrictiva. En 1956 y en 1961. Jagan ganó nuevamente las elecciones. Sin embargo, cuando éste adoptó una vez más una serie de medidas para democratizar a la sociedad e incrementar el control nacional sobre la economía, la CIA intervino para socavar su gobierno, atizando animosidades raciales entre los afro-guyaneses y los indo-guyaneses, dando como resultado el reemplazo de Jagan por el régimen corrupto y déspota de Forbes Burnham. En este caso, los intereses políticos y económicos imperialistas intervinieron, a través de la fuerza militar y la policía secreta (CIA), para restablecer el control político y reafirmar la primacía de los intereses de la propiedad privada como factor fundamental condicionante del regreso a la política electoral. El retorno de políticas electorales se apoyó en la nueva constitución y en el parámetro político-económico-militar definido por el ejercicio de poder autoritario. El ejercicio de gobierno autoritario subsecuente del régimen de Burnham cimentó Sus bases en los eventos históricos antidemocráticos y la configuración institucional que le precedieron. La experiencia guyanesa ilustra claramente la naturaleza ‘instrumental’ que tiene la democracia para la burguesía anglo-americana: el derrocamiento de un régimen democrático cuando es incompatible con su mando, su restauración cuando un régimen dócil puede ser ajustado al poder.

Chile (1970-1973). El derrocamiento del gobierno socialista democráticamente electo de Salvador Allende es probablemente el caso más notorio y mejor conocido en el que la burguesía (local e internacional) estableció claramente su preferencia por una dictadura que defendió a los grandes inversionistas sobre una democracia que estaba orientada hacia políticas redistributivas. El golpe militar de 1973 estuvo precedido por un conjunto entero de acciones extraparlamentarias que emprendieron la clase capitalista y la policía secreta norteamericana: paros, boycots, sabotaje terrorista, asesinatos de importantes funcionarios del gobierno, acaparamiento de productos así como subsidios de la policía secreta norteamericana a grupos selectos de los medios de comunicación. El haber fracasado en el debilitamiento del apoyo electoral del régimen socialista –en realidad, su voto electoral se incrementó entre 1970 y 1973– llevó a la burguesía y a los intereses de las compañías norteamericanas a dar un decidido apoyo al golpe militar. Después del golpe, importantes sectores de la burguesía colaboraron con la dictadura militar proporcionándole los nombres y las direcciones de los antiguos activistas sindicales, socialistas y comunistas, que habían sido empleados por medio de un contrato colectivo. Muchos fueron encarcelados, torturados, exiliados o asesinados. El gobierno norteamericano, junto con las mayores compañías multinacionales, organizó y financió el programa de desestabilización, colaboró de manera cercana con los militares golpistas y proporcionó a la recién formada policía secreta chilena una lista detallada de los activistas democráticos del régimen derrocado. Después del golpe, el gobierno de Estados Unidos, que se había opuesto al financiamiento internacional del régimen electo democráticamente, dio su aprobación para un flujo masivo de recursos financieros para la dictadura militar.

En la mitad de la década de los años 80, debido a que la economía chilena entró en una profunda depresión (entre 1982 y 1981 la economía declinó más de un 15%) y debido a que el malestar masivo se extendió por todo el país desafiando al régimen, Estados Unidos en alianza con sectores de la burguesía buscaron un regreso a las elecciones dentro del marco de la Constitución autoritaria de 1980 establecida por la dictadura. El enviado norteamericano Gelbard intervino y dividió exitosamente a la oposición, convenció a la dictadura de llevar a cabo un referéndum y aseguró la aprobación de los socialistas y los demócratas cristianos de los contornos básicos del estado pinochetista y del orden socio-económico. Después del referéndum y de la consolidación del modelo de libre mercado, tanto la clase capitalista como Estados Unidos apoyaron la reintroducción de las elecciones.

El sistema electoral ha servido para legitimar el liderazgo político y para profundizar la política del libre mercado dentro de los páramenos institucionales de la dictadura, incluyendo la permanencia de Pinochet, durante toda una década después de la primera elección, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Durante la nueva década electoral, los líderes militares frecuentemente emitieron pronunciamientos interrumpiendo de manera efectiva la discusión legislativa o la acción judicial o ejecutiva en asuntos relacionados con la violación militar de los derechos humanos, el presupuesto, los nombramientos, etc. La concentración de la riqueza y las vastas desigualdades producidas por el régimen militar permanecieron intactas, como lo muestra la ausencia de cualquier iniciativa legislativa seria respecto a políticas redistributivas de tierra, ingresos o impuestos. De ese modo, la burguesía y Estados Unidos reintrodujeron la democracia en respuesta a la presión popular pero bajo condiciones que garantizaban el dominio de los intereses de la propiedad capitalista en la conformación de) poder institucional, las reglas constitucionales y el papel y la posición del Ejército.

Guatemala (1950-1954). En 1950, los guatemaltecos eligieron democráticamente a Jacobo Arbenz como Presidente. Arbenz fue un populista-nacionalista moderado interesado por un lado, en restringir el poder excesivo de la United Fruit Company, propiedad norteamericana y, por otro lado, en extender los derechos sociales a los sindicatos. En 1954, la CIA en alianza con los sectores del Ejército guatemalteco, terratenientes y grandes intereses empresariales, derrocaron al gobierno y establecieron un régimen militar que encarceló, torturó y asesinó a muchos activistas democráticos. Durante los siguientes 30 años, el gobierno de Estados Unidos y sus empresarios corporativos simpatizantes entrenaron, armaron y organizaron al Ejército guatemalteco. El resultado fue el asesinato de cerca de 200.000 guatemaltecos. Elecciones fraudulentas fueron convocadas periódicamente a fin de eliminar sistemáticamente cualquier oposición, primero a la élite socio-económica y luego, a los aliados militares corporativos. Una prolongada lucha popular y guerrillera resurgió a principio de los años 60 y continuó hasta la mitad de la década de los años 90. Washington, respaldó a sectores de la élite guatemalteca que intentaban abrir algunos espacios electorales para los comandantes de la guerrilla.

Subsecuentemente, la élite y Washington negociaron y apoyaron un acuerdo de paz. Dicho acuerdo desarmó a las guerrillas, preservó el status quo socio-económico, dio impunidad a los militares en los crímenes cometidos en contra de la humanidad y permitió a los ex-comandantes y a sus seguidores organizar partidos políticos y presentar candidatos en las elecciones. Así, la reintroducción de elecciones libres por la burguesía, estuvo condicionada a la aceptación por los comandantes de la guerrilla de la abolición de la temprana legislación progresiva de Arbenz, a la permanente existencia de fuerzas militares y paramilitares y a un estado autoritario. Es tan clara la primacía de la propiedad en esta transición democrática, que muchos defensores de los derechos humanos, campesinos e indígenas y organizaciones de masas han rechazado o criticado agudamente la naturaleza autoritaria y elitista del sistema político-económico. Mientras tanto, inclusive las cláusulas del Acuerdo de Paz que garantizarían derechos elementales son inoperantes: aún operan fuerzas militares que asesinan activistas –e inclusive ministros de culto– que elevan la voz para denunciar los abusos de los derechos humanos. Ello no impidió al presidente Clinton y a la Secretaria de Estado Albright declarar una gran victoria para la democracia y los mercados libres a la Cumbre Hemisférica de Santiago, Chile (15-17 de abril de 1990), menos de 2 semanas después de que los militares apoyaran el asesinato del Obispo de la Ciudad Capital de Guatemala y pocos días después de que fuera asesinado el ombudsman de los derechos humanos en Bogotá, Colombia.

Irán (1954). Al comienzo de la década de los años 50 Mossadegh fue electo Primer Ministro de Irán. Mossadegh fue un nacionalista que intentó reducir la excesiva dependencia de Irán de las compañías petroleras extranjeras en el país (principalmente anglo-americanas). Fue derrocado por un golpe largamente organizado y financiado por la CIA. Mossadegh fue reemplazo por el Shah Pahvklavi quien promovió los negocios norteamericanos y mantuvo los sentimientos nacionales iraníes en jaque a través de las operaciones de un vasto aparato policiaco secreto, la infame SAVAK. Washington proporcionó entrenamiento al ejército y a la policía militar así como armas y asistencia financiera durante más de un cuarto de siglo.

Como en Guatemala, el alcance y la duración del apoyo norteamericano a la dictadura sobre la democracia sugiere que esta política no es una aberración o un producto extraordinario de una presidencia conservadora sino un componente fundamental de la política norteamericana que antepone los intereses de la propiedad capitalista sobre los valores y las instituciones democráticas cuando las dos están en conflicto. La respuesta unificada de los inversionistas extranjeros indica los valores autoritarios profundamente arraigados que rigen el negocio de las ganancias privadas. La falta de una cultura democrática y de un compromiso con las instituciones democráticas cuando el mandato popular desafía las prerrogativas capitalistas no excluye, sin embargo, el apoyo capitalista para políticos democráticos en diferentes circunstancias. Cuando el Shah fue derrocado y la policía secreta y las Fuerzas Armadas desmanteladas, Washington cambió a los aparatos y respaldó a los políticos liberales en contra de los políticos nacionalistas islámicos y los marxistas. En el contexto donde los principales pilares de apoyo dictatoriales se habían colapsado, Washington y los intereses comerciales anglo-americanos promovieron a los políticos democráticos liberales con inclinación hacia los inversionistas extranjeros como vía para conservar sus privilegiados intereses en la economía.

En este sentido, tanto la dictadura como la democracia son consideradas instrumentalmente y las relaciones entre el capitalismo y la democracia son definidas contextual y estructuralmente. Aunque el capitalismo tenga como prioridad sus intereses de propiedad al definir sus preferencias políticas, el modo en el que funcionan sus intereses económicos varía de acuerdo con las posibilidades en cada contexto político. Históricamente hablando, el capitalismo no tiene relaciones permanentes con la democracia (o con las dictaduras), sólo tiene intereses económicos permanentes.

Haití (1991 y 1994). A final de la década de los años 80, un movimiento popular masivo conocido como Lávalas forzó a la corrupta y elitista dictadura de Haití a la realización de elecciones. Después de muchos años de apoyar a la dictadura de la familia Duvalier, Washington optó por apoyar a un ex funcionario del Banco Mundial en la campaña electoral de 1991 en contra del sacerdote populista Jean Bertrand Aristide. Washington ejerció una intensa presión sobre Aristide para retirarlo de las elecciones. El autodenominado observador electoral y ex presidente de Estados Unidos, James Carter, advirtió a Aristide que habría un ‘baño de sangre’ y una masacre si el pueblo haitiano votaba a su favor. Aristide ignoró los consejos de Carter, continuó en campaña y finalmente obtuvo más de las dos terceras partes de la votación. Después de asumir el cargo, de manera inmediata comenzó a implementar su programa de reformas populistas y democráticas y, al mismo tiempo, intentó limitar el poderabsoluto y los privilegios de los militares corruptos. Washington, consternado por este cambio en los acontecimientos, entabló vínculos secretos con las fuerzas militares, paramilitares y la policía secreta. En menos de un año, Aristide fue derrocado. Aunque el presidente Bush condenó públicamente el golpe, de hecho Washington entabló una relación de trabajo con el nuevo régimen.

El apoyo de Washington al golpe en Haití parece contradecir su apoyo a las transiciones democráticas en otros países en América Latina. Esta paradoja puede explicarse por el hecho de que el régimen en Haití intentó implantar, en el periodo de transición, políticas nacionalistas y re-distributivas, mientras que en América Latina, los nuevos regímenes electorales que llegaron al poder profundizaron y dieron gran campo de acción a los inversionistas locales y extranjeros y fueron muy parciales con el programa de “libre mercado, libre comercio” de Washington.

La antipatía antidemocrática subyacente que avisa a Washington y a los grupos empresariales extranjeros cuándo se encuentran en riesgo los intereses de los inversionistas, fue también notoria en al caso de Nicaragua. En este país, en 1984, el régimen revolucionario llevó a cabo elecciones libres y competitivas, garantizadas por observadores imparciales de Europa y América Latina. Sin embrago. Washington rechazó las elecciones y sus resultados (la victoria de los sandinistas) y eligió acelerar la guerra que patrocinaba a través de un ejército dirigido por la CIA debido a que el partido ganador se había opuesto a su programa económico.

La cuestión teórica importante es que durante la década en que Washington aceptó ostensiblemente las transiciones democráticas, no lo hizo en los casos en donde los regímenes democráticos desafiaban el poder absoluto de los inversionistas locales y extranjeros.

Al definir la relación del capitalismo y la democracia, la idea del predominio de los intereses de la propiedad se fortalece con la serie de eventos que acontecieron más tarde en Haití y Nicaragua. Después del golpe de 1991, decenas de miles de haitianos huyeron de la dictadura y de las adversidades económicas y se dirigieron a la Florida. Clinton desarrolló una doble estrategia de presión sobre los militares, para permitir el regreso de la política electoral y sobre Aristide, para hacerlo renunciar a su programa de reformas en favor de un programa de “libre mercado” diseñado por Estados Unidos. A través de una invasión militar y de una intensa presión Washington fue capaz de imponer su propia versión de una transición democrática. Una transición que marginó a las masas, que destituyó a los gobernantes militares y que privilegió el papel de la propiedad privada.

Un proceso similar tuvo lugar en Nicaragua en 1989, cuando la candidato derechista pro-norteamericana Violeta Chamorro derrotó a los sandinistas. Washington cesó su apoyo al ejército mercenario y reconoció esas elecciones como democráticas.

La evidencia es bastante concluyente. Con la eliminación de todo régimen político que pudiera imponer obligaciones al capital en el Hemisferio, Washington y sus grandes socios comerciales pudieron proclamar su apoyo a la democracia y el vínculo cercano entre las elecciones libres y los mercados libres.

Alemania (1933). La conexión del capitalismo y la democracia también puede ser examinada en el contexto de los países capitalistas avanzados. El colapso cercano del capitalismo, el desempleo masivo y la existencia de poderosos partidos socialistas y comunistas y sindicatos dentro del sistema político democrático alemán presentaron un serio desafío a la clase capitalista. Por un lado, los socialistas (quienes desde mucho tiempo antes habían renunciado a su programa revolucionario) presionaron a la clase capitalista para obtener concesiones y conservaron una capacidad potencial de veto sobre las más severas medidas económicas de austeridad. Por otro lado, los comunistas, aunque representaban una minoría, comenzaron a atraer a los trabajadores jóvenes desempleados y encabezaron de manera creciente marchas a gran escala y protestas que pusieron en problemas al sistema capitalista. Los dos partidos juntos representaban cerca de 20 millones de votos, aunque éstos en realidad nunca formaron un bloque unificado.

El ascenso de los nazis al poder fue financiado en parte por un sector del capital alemán, que vio en Hitler un bastión frente a los bolcheviques. Cuando los nazis tuvieron todo el poder y destruyeron sistemáticamente a los partidos socialista y comunista y a los sindicatos, la clase capitalista colaboró abiertamente con el estado v fueron los principales beneficiarios. Los patrones proporcionaron a la policía secreta nazi nombres y otra información sobre los militantes de los sindicatos mientras tomaban ventaja del nuevo régimen para librase a si mismos de los acuerdos previos con los trabajadores sobre la repartición del poder y los contratos colectivos. La clase capitalista alemana prefirió un trato directo con la élite política nazi que la más tortuosa y difícil tarea de comprometerse en elecciones con resultados inciertos. Mientras la clase capitalista se volvió hacia el autoritarismo nazi, los líderes socialistas del parlamento alemán continuaron siguiendo tácticas de acomodo, inclusive con el nuevo orden emergente dirigido por Hitler. Los comunistas creyeron que la victoria del nazismo era un resultado temporal que crearía las condiciones para su próximo ascenso.

El aspecto teórico es que ambos partidos de izquierda no reconocieron la concepción ‘instrumental’ de la democracia sostenida por la burguesía. Los socialistas, por principio, los comunistas, por consideraciones tácticas en las que asumieron que el orden electoral y constitucional proporcionaba las bases para cambios en el poder político. Esta fe en el orden político democrático existente explica por qué los socialistas y los comunistas no activaron las decenas de miles de militantes de la clase trabajadora ni utilizaron su bien surtido arsenal para combatir el ascenso al poder de Hitler. Éste, por supuesto, no poseía semejantes reservas y la burguesía no tuvo remordimientos serios para respaldar la violenta represión de Hitler en contra de sus enemigos de clase.

Experiencias similares, de apoyo burgués para la resistencia violenta frente a las victorias populares en los resultados electorales, tuvieron lugar en Italia en los años 20 y un poco después de la victoria del Frente Popular en España, en 1936. Mientras la Izquierda percibió a la democracia como “un bien en sí mismo” y se limitó ella misma a las normas constitucionales y a las reglas habituales del juego electoral, la burguesía vio a las mismas reglas y normas como instrumentos de apoyo o desecho de acuerdo con sus intereses estratégicos. El fracaso de la Izquierda para desarrollar una visión más realista de los parámetros de clase de las reglas democráticas y poner sus intereses de clase en el centro estratégico de sus cálculos políticos impidió cualquier acción efectiva de contragolpe que hubiera evitado el triunfo del autoritarismo burgués. Así mismo, el retorno de la democracia capitalista, que continuó extendiendo su gobierno autoritario, siempre incorporó configuraciones institucionales de poder y prerrogativas del capital establecidas durante el periodo dictatorial.

Los teóricos de las transiciones democráticas han creado toda una mitología para justificar la clasificación del régimen democrático híbrido, cuando de hecho éste combina reglas democráticas y poder estatal burgués incontrovertible. El pasado pre-autoritario, en el que la Izquierda era poderosa, en el que eran desafiadas las relaciones de propiedad y en el que la lucha era por los asuntos básicos de la desigualdad de clase, es clasificado por los publicistas y los académicos apologistas de las actuales transiciones como “caótico”, como “crisis destructivas”, “dominadas por extremistas de la izquierda y de la derecha”. Esta imagen diabólica del pasado oculta el hecho de que el elemento esencial en el fallecimiento de la democracia fue el rechazo burgués de las reglas democráticas del juego. En contraste, a la democracia establecida recientemente bajo la hegemonía burguesa se le asigna un carácter ‘sin clase’ y las reglas del juego y los procedimientos políticos que gobiernan la competencia electoral y la alternancia política son descritos como “buenos en sí mismos”, como si éstos no respondieran a los grandes modelos históricos y a los amplios intereses de clase a los que sirven.

La naturaleza instrumental de la democracia es la norma histórica en todo el mundo capitalista. Éste ha llevado frecuentemente al retroceso de los beneficios acumulados que ha logrado la clase trabajadora y otros grupos oprimidos. Esto es particularmente cierto en momentos históricos en donde diferentes clases sociales explotadas en diferentes regiones convergen en un movimiento nacional para desafiar a la hegemonía capitalista.

Estados Unidos (1877). Inmediatamente después de la Guerra Civil norteamericana (1861-65), los antiguos esclavos fueron liberados de sus opresores y empezaron a ejercer sus derechos democráticos bajo la mirada protectora del Ejército Federal. Comenzaron a organizarse políticamente y a demandar derechos sociales y económicos incluyendo la redistribución de la tierra de las plantaciones. En el Norte, la rápida industrialización creó una nueva clase trabajadora, altamente explotada v concentrada en grandes industrias. En el Oeste, los granjeros comenzaron a cuestionar el poder y la autoridad del transporte privado y de los monopolios financieros. Cada región representó un conjunto distinto de intereses sociales y, sin embargo, encaraban a un adversario político común: una Legislatura y un poder ejecutivo controlado por los grandes intereses. La convergencia de estos intereses de clase regionales pudieron haber alterado seriamente el balance del poder de la Nación. El Acuerdo de 1877 cercenó al menos una pierna de esta alianza potencial al reestablecer el poder del capital sobre las plantaciones y aceptar su dominio regional a cambio del respaldo, a nivel nacional, del capital industrial del Norte. El resultado fue un retroceso masivo de los derechos democráticos de los antiguos esclavos a un reino del terror. Grupos paramilitares como el KKK, respaldados por autoridades locales y estatales, cuidaron el poder de los antiguos terratenientes y de los intereses comerciales. A su vez, la élite del Sur respaldó la legislación del capital industrial del Norte limitando el papel del trabajo y reprimiendo a los sindicatos.

El aspecto teórico es que las reglas democráticas fueron aplicadas a una competencia electoral entre élites, Norte y Sur, y excluyeron por medio de leyes y del terror a la mayoría negra en muchos estados del Sur.

Así, el mantenimiento de las formas constitucionales y de los acuerdos políticos, fueron aplicados selectivamente y sancionados discriminatoriamente entre los actores políticos legítimos en el sistema. El retiro de las tropas federales proporcionó a las élites políticas del Sur grandes oportunidades políticas para ejercer sus derechos políticos a la vez que se excluyó a la mayoría negra. El mito de la continuidad de la democracia fue difundido y el debate público y los procesos electorales se realizaron sobre la base de una definición racialmente selectiva de ciudadanía.

La visión instrumental burguesa de la democracia no sólo lleva al abandono de la democracia sino también a la redefinición de las reglas y los procedimientos para el arreglo de nuevas alianzas estratégicas.

.

Conclusión

La idea de que hay “reglas del juego” y procedimientos que gobiernan la participación política en las democracias pasa por alto la suprema importancia de los intereses de la propiedad capitalista. La experiencia histórica nos proporciona muchos ejemplos en la que los procedimientos democráticos fueron desechados por la clase capitalista cuando proporcionaban un vehículo para los desafíos populares a los derechos de propiedad. La idea de que “la democracia es un bien en sí mismo”, expuesta por los teóricos políticos liberal-democráticos, no es un postulado analítico útil porque supone que uno de los mayores contendientes por el poder comparte esos valores. Como hemos visto, no ha sido éste el cuso de la clase capitalista en numerosos contextos. Por el otro lado, la Izquierda que ha aceptado este concepto ha avanzado, trabajosamente, con una decidida desventaja: el limitarse ella misma a normas y prácticas constitucionales que no son efectivas frente a las prácticas violentas y subversivas que llevan a cabo sus adversarios capitalistas locales y extranjeros. Aunque no hay nada teóricamente objetable sobre el establecimiento de normas y procedimientos para la democracia, bajo el argumento de que éstas son “buenas en sí mismas” independientemente de los resultados, uno también está obligado a identificar al sistema social y a los actores de clase que están dispuestos a aceptar esas reglas independientemente de su desenlace político. De aquí que es irresponsable que los científicos sociales expliquen a la Izquierda el valor intrínseco de la democracia y sus procedimientos bajo la hegemonía capitalista, ignorando al mismo tiempo los datos históricos que demuestran que cuando se voltean las mesas, los capitalistas están destinados a recurrir a prácticas antidemocráticas.

El aspecto teórico es que la democracia capitalista no existe independientemente de los intereses de clase y la lucha de clases. Sostener que es “buena” es un juicio relativo basado en el grado de tolerancia capitalista de la oposición. La tolerancia no comprende cambios en el poder del estado. La democracia y los procedimientos democráticos funcionan mejor bajo condiciones en las que no hay lucha contra la hegemonía capitalista o, hablando en términos teóricos, donde los trabajadores han consolidado un nuevo estado libre de la subversión capitalista e imperialista. En el primer caso, el funcionamiento de la democracia se relaciona directamente con pugnas aisladas sobre la propiedad, donde el capitalismo, a través de las élites políticas, puede elaborar políticas estratégicas que favorezcan sus inversiones. En el segundo caso, las reglas democráticas proporcionan los elementos necesarios para la alternancia y la competencia entre las clases sociales y grupos antes explotados, quienes no derivan su status, sus ganancias y su influencia política de la propiedad. En el contexto de la democracia de los trabajadores, la competencia y el conflicto tienen lugar dentro de los parámetros de la posesión de la propiedad pública y de la posesión de la propiedad privada a baja escala.

La idea de que la democracia y el capitalismo están en conflicto constante ignora los largos periodos de tiempo y las extensas regiones del mundo donde los regímenes capitalistas, particularmente desde la Segunda Guerra Mundial, han introducido o restablecido la democracia y los procedimientos democráticos. La idea de que hay un ‘contenido subversivo’ para la democracia implica que los votos, las libertades democráticas y la competencia política contienen las “semillas” para un cambio radical. Los más serios desafíos a los gobernantes autoritarios y a las democracias capitalistas dominadas por una élite han tenido lugar en luchas extraparlamentarias como las del Verano de 1968, en Francia, el Otoño caliente en Italia, en 1969, y las luchas de las masas en contra del libre mercado que han tenido lugar en América Latina durante los años 90. El así llamado “contenido radical” de la política democrática proviene de una actividad extraparlamentaria que antecede los avances electorales de la Izquierda. Pensar de otra manera es atribuir a las elecciones una influencia independiente de la hegemonía ejercida por el capitalismo sobre el conjunto de las fuerzas sociales. Los procesos y los procedimientos electorales son ‘modificados’ y ampliados mediante la acción social, y son precisamente la ampliación y la profundización del compromiso político de las clases contra-hegemónicas las que producen el rechazo de la clase capitalista a las reglas y a los procedimientos democráticos y a las propias instituciones democráticas.

La aparente estabilidad de la democracia capitalista y de las reglas del juego democrático en el mundo contemporáneo, pueden ser atribuidos, en parte, a que la Izquierda dejó de lado, estratégicamente, cualquier amenaza seria a la propiedad capitalista. Es crucial entender la secuencia política histórica que antecede a este acomodo y el papel que, al producirse dicho acomodo, juegan para la hegemonía capitalista la represión, el terror y la ilegalidad. La secuencia comprende desafíos de la Izquierda a la propiedad dentro de la política democrática, la reacción capitalista y el reino de un régimen represivo, el retorno a la democracia y la aceptación de la Izquierda de la hegemonía capitalista. Lo que es crucial en la secuencia es el “factor medio”, el papel de la violencia y la represión capitalista en la alteración de los valores y la orientación política básica de la Izquierda. El control sobre la Izquierda, el reconocimiento forzado de que la democracia tiene límites bajo el capitalismo, es subsecuentemente “interiorizado” en su ideología política. Esta debilidad y acomodo estratégicos es luego convertido en una virtud, la idea de que “la democracia es un bien por sí mismo”. Esta vaga fórmula oculta la política democrática sustantiva de la Izquierda en el pasado, la visión instrumental burguesa de la democracia y el control sobre la Izquierda.

* * *

NOTAS: