En Canarias, aproximadamente 220.000 personas, es decir, una décima parte de la población, controlan el 60% de la riqueza.  Mientras tanto, más de 1,1 millones de canarios, que representan más de la mitad de los habitantes de las Islas, apenas poseen entre el 2% y el 4% de la riqueza total.

Estos datos, recogidos en un reciente informe de la Universidad de La Laguna, muestran una realidad preocupante que coloca al Archipiélago entre los territorios con mayor desigualdad del Estado español y  Europa occidental.

Una distribución tan desigual de la riqueza evidencia que el modelo económico impuesto en las Islas favorece a una pequeña élite, mientras la mayoría de la población lucha por acceder a bienes básicos como la vivienda o un empleo bien remunerado. Pero, ¿quiénes son los que controlan esa porción mayoritaria de la riqueza? Y, más importante, ¿cómo llegaron a ocupar esa posición de privilegio?

EL PEQUEÑO GRUPO QUE ACAPARA LA RIQUEZA

Dentro del 10% más rico de Canarias, formado por unas 220.000 personas, se concentra una parte desproporcionada de la riqueza. Este grupo controla activos principalmente en sectores inmobiliarios y empresariales, siendo propietarios de múltiples inmuebles y negocios en sectores clave como el Turismo y la Construcción. Las propiedades inmobiliarias representan el pilar fundamental de sus fortunas, lo que les garantiza un flujo constante de ingresos y una capacidad creciente para especular con el valor del suelo y las propiedades.

Dentro de este grupo del 10%, hay una élite aún más rica: el 1% más acaudalado, que equivale a unas 22.000 personas en Canarias y concentra su riqueza en negocios y activos financieros. Es decir, poseen participaciones en empresas, acciones cotizadas en bolsa y, en algunos casos, inversiones en pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo, la verdadera cúspide la ocupan unos 2.200 residentes, que representan el 0,1% de la población, cuyo principal ingreso proviene de inversiones en acciones y negocios altamente lucrativos. 

Este pequeño grupo no solo controla la riqueza, sino que tiene una ventaja histórica: la herencia. Según el informe, un 30% de la desigualdad en Canarias proviene de las fortunas heredadas, lo que perpetúa la acumulación de capital en unas pocas manos y cierra las puertas a quienes no forman parte de estos linajes privilegiados.

LA MAYORÍA DE LOS CANARIOS: RIQUEZA ESCASA Y DIFICULTADES

Mientras una pequeña fracción de la población disfruta de grandes fortunas, más de 1,1 millones de canarios tienen que conformarse con apenas un 2% o 4% de la riqueza total. Esta enorme disparidad hace que la mayoría de los habitantes de las islas se enfrenten a un día a día de precariedad económica. Muchas de estas personas dependen de empleos mal pagados en sectores como la hostelería y el turismo que, aunque son claves para la economía canaria, no ofrecen salarios dignos ni oportunidades reales de progreso.

Veamos cómo se distribuye este sector más desfavorecido de la población en cada una de las islas del Archipiélago:

– Tenerife: Con aproximadamente 928.000 habitantes, cerca de 464.000 personas apenas poseen entre el 2% y el 4% de la riqueza.

– ​Gran Canaria: De sus 870.000 residentes, alrededor de 435.000 forman parte de los más afectados por la desigualdad.

– Lanzarote: Con una población de 157.000 personas, unas 78.500 enfrentan grandes dificultades económicas.

​– Fuerteventura: De los 126.000 habitantes de la isla, unos 63.000 se encuentran en esta situación.

​– La Palma: Aproximadamente 42.500 personas de las 85.000 de la isla están en el grupo con menos acceso a la riqueza.

​​– La Gomera: De sus 21.000 residentes, la mitad (unos 10.500) apenas tiene recursos económicos.

​​– El Hierro: En la isla menos poblada, con 11.000 habitantes, unas 5.500 personas enfrentan esta realidad de desigualdad.

Este desglose demuestra que, aunque las islas más grandes y pobladas, como Tenerife y Gran Canaria, tienen más personas afectadas en términos absolutos, la desigualdad se siente en todas las islas del archipiélago, sin importar su tamaño o población.

LA INFLUENCIA DEL CAPITAL EXTRANJERO

Uno de los factores que agravan esta desigualdad en Canarias es la creciente presencia de capital extranjero. Gran parte de los inmuebles, complejos turísticos y negocios en las islas no están en manos de los canarios, sino de inversores foráneos que ven en el Archipiélago una oportunidad para maximizar sus beneficios. Esto incluye tanto a ciudadanos europeos que adquieren segundas residencias en las islas, como a grandes corporaciones internacionales que controlan hoteles y grandes proyectos inmobiliarios.

Este fenómeno tiene varias consecuencias negativas para los habitantes locales. En primer lugar, los precios del suelo y de la vivienda suben de manera exponencial, dificultando aún más el acceso a la propiedad a las familias canarias, que ya lidian con salarios bajos y un alto coste de vida. Además, los beneficios obtenidos por estos inversores rara vez se reinvierten en la economía local, ya que muchos de ellos repatrian sus ganancias a sus países de origen. Esto contribuye a la fuga de capitales y agrava la falta de redistribución de la riqueza en las islas.

El mercado inmobiliario es uno de los sectores donde esta influencia extranjera se nota con más fuerza. Mientras los canarios luchan por poder acceder a una vivienda digna, grandes empresas y propietarios extranjeros continúan elevando los precios, aumentando la especulación y haciendo cada vez más difícil que las familias locales puedan adquirir propiedades. La vivienda, que debería ser un derecho básico, se convierte así en un bien de lujo inaccesible para muchos.

¿SE PUEDE REVERTIR ESTA SITUACIÓN?

La propuesta incluida en el informe de la Universidad de La Laguna es claramente reformista y no se cuestiona siquiera la posibilidad de  traspasar los límites  de las actuales estructuras económicas del Archipiélago.

Para paliar la situación, propone una serie de soluciones que, según el informe, podrían ayudar a reducir la brecha económica en Canarias, empezando por “la necesidad de diversificar la economía”. Efectivamente, las islas dependen de manera abrumadora del sector turístico y de la construcción, dos áreas que, aunque generan empleo, están limitadas en el tiempo y en el espacio.

La propuesta de los técnicos de la ULL es apostar por “sectores más sostenibles y orientados al conocimiento”, como la tecnología, la innovación y la investigación científica. Este cambio -dicen – permitiría la creación de empleos de mayor calidad, bien remunerados y menos vulnerables a las crisis globales que tienden a afectar negativamente al turismo.

Por otro lado, los autores del informe plantean que es crucial implementar políticas fiscales más justas que graven de forma progresiva las grandes fortunas y las herencia, facilitando una redistribución más equitativa de la riqueza.

“Esto –apuntan – permitiría reducir la acumulación de capital en manos de unos pocos y ofrecer más oportunidades a las familias canarias que actualmente no tienen acceso a los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida”.

Sin embargo, y más allá de la pertinencia de las medidas propuestas por los autores del informe de la Universidad de La Laguna, no resulta realista suponer que modificar una realidad que provoca una desigualdad tan alta como la que caracteriza la sociedad y la economía canaria  sea una tarea que pueda abordarse de manera exclusivamente técnica.

La propia estructura económica que perpetúa esta desigualdad está al servicio de los intereses de la clase social que detenta la mayor parte de la riqueza que se genera en el Archipiélago. Este 10% más rico, beneficiado por el sistema, no solo controla los recursos materiales, sino también los instrumentos políticos, mediáticos y jurídicos que garantizan la reproducción de sus privilegios.

Pensar que se puede reducir esta  brecha abismal entre ricos y pobres mediante simples ajustes técnicos en la fiscalidad o mediante la diversificación económica implica ignorar que quienes se benefician del actual modelo son los mismos que cuentan con el respaldo del poder político.

Los partidos del arco parlamentario, desde la presunta “izquierda” moderada hasta la derecha, defienden objetivamente, y en última instancia, los intereses de esta clase privilegiada, por lo que cualquier propuesta de reforma que atente contra sus privilegios, si no se encuentra respaldada por una mayoría social organizada y consciente de sus intereses de clase, encontrará poderosas resistencias o acabará siendo desvirtuada.

La concentración de la riqueza en Canarias: ¿Quiénes controlan el dinero y por qué la mayoría apenas tiene nada?