08/12/25
La política exterior española vuelve a desbordarse por los márgenes del Sáhara Occidental, y esta vez el epicentro no está en Madrid, sino en Canarias. El Gobierno autonómico ha asumido en la práctica la narrativa marroquí sobre Dajla, presentando a la ciudad —clave en el territorio ocupado del Sáhara Occidental— como parte de Marruecos y promoviendo viajes empresariales al puerto que Rabat construye allí. La maniobra no solo choca frontalmente con el derecho internacional, sino también con la sentencia del TJUE de 2024, que prohíbe usar fondos o acuerdos europeos en el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.
Y todo ocurre mientras España concluye una nueva cumbre bilateral con Marruecos, blindando un marco político que margina a Canarias y deja cada vez más en evidencia a las instituciones españolas respecto a sus obligaciones históricas y jurídicas.
La información publicada por El País y otros medios como Canarias Ahora, Atlántico Hoy y El Independiente confirma que la empresa pública Proexca organizó un viaje de negocios entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre al puerto de Dajla, promocionándolo como infraestructura “marroquí” y como oportunidad para la economía canaria. El Ejecutivo regional, pese a su división interna entre PP y Coalición Canaria, validó el enfoque marroquí sin mencionar que Dajla está situada en un territorio no autónomo pendiente de descolonización y bajo ocupación militar. La normalización de Dajla como “mercado vecino marroquí” supone un alineamiento político que contradice tanto la posición histórica de Coalición Canaria como la reciente PNL aprobada por el Partido Popular defendiendo un referéndum de autodeterminación. En paralelo, ECSaharaui y Sahara Press Service han recordado que Marruecos utiliza la obra del megapuerto de Dajla como elemento central de su estrategia para consolidar la ocupación y desplazar a Canarias como nodo logístico en el Atlántico.
El giro del Gobierno canario se inscribe en un contexto más amplio: la lectura interesada que el Ejecutivo español ha hecho de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad. Aunque el texto no reconoce soberanía marroquí ni deroga el derecho a la autodeterminación, Moncloa ha adoptado la fórmula de que el plan de autonomía es “la base” de las negociaciones. A partir de ahí, el discurso se filtra hacia abajo: si España difumina el marco jurídico internacional, resulta más sencillo para un gobierno autonómico asumir la narrativa marroquí sin pagar costes políticos inmediatos. Pero ese deslizamiento tiene consecuencias. Como señaló el Frente Polisario en declaraciones recogidas por El Día y Europa Press, cualquier cooperación económica que trate al Sáhara Occidental como parte de Marruecos vulnera el derecho internacional, erosiona la posición europea frente al TJUE y normaliza una ocupación que Naciones Unidas sigue calificando como un proceso inconcluso de descolonización.
La misión empresarial ha abierto también un frente económico. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, calificó la operación como “un error estratégico” que puede convertir a Dajla en un competidor directo de los puertos canarios. Informaciones de La Provincia y Diario de Avisos coinciden en ese análisis: el megapuerto marroquí está diseñado para captar tráficos que hoy pasan por Canarias. Renunciar a la defensa del espacio económico propio no solo es imprudente, sino que además fortalece la estrategia marroquí de desplazar el papel logístico de las islas. Esta crítica económica converge con otra política: varios grupos parlamentarios canarios denuncian que la operación compromete a las instituciones autonómicas, las alinea con una potencia ocupante y expone a las empresas isleñas a riesgos legales si participan en proyectos desarrollados en un territorio cuya soberanía está judicialmente disputada.
El asunto estalló, además, en plena XIII Reunión de Alto Nivel España–Marruecos celebrada en Madrid. La ausencia de Canarias en la cumbre generó malestar en el Ejecutivo autonómico, mientras el Gobierno central insistía en que la representación correspondía únicamente a Moncloa. Pero la pregunta de fondo que se hacen analistas en El Confidencial y La Marea es otra: ¿cómo afecta a Canarias una política española que legitima el marco marroquí en el Sáhara, acepta sin discusión proyectos estratégicos en territorios ocupados y no defiende la posición jurídica internacional? La respuesta es clara: debilita la capacidad de Canarias para proteger sus intereses económicos, diluye su margen de acción en la delimitación marítima, y normaliza una arquitectura política diseñada por Rabat para dejar atrás cualquier referencia al derecho de autodeterminación.
A medida que la política española abandona el marco jurídico internacional y se acomoda al discurso de Rabat, el coste no solo lo paga el pueblo saharaui, sino también Canarias, que queda atrapada en una doble desprotección: jurídica, porque ignora las sentencias europeas, y estratégica, porque abre la puerta a que el puerto de Dajla reordene el mapa económico del Atlántico. Mientras Marruecos avanza, paso a paso, en la consolidación de la ocupación con proyectos logísticos, energéticos y diplomáticos, España y Canarias parecen limitarse a adaptarse a hechos consumados.
El caso del viaje empresarial a Dajla no es un simple error administrativo. Es un síntoma de una deriva política que borra al Sáhara del mapa, normaliza su ocupación y coloca a Canarias en la posición más frágil posible: aquella en la que se acepta la narrativa marroquí sin obtener nada a cambio, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo jurídico. Marruecos avanza; España y Canarias, de momento, solo observan.