Pavan Kulkarni                                                                                                                          Peoples Dispatch                                                                                                                   21/12/25

Foto: El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Foto: Gobierno de Burkina Faso

La ruptura de vínculos con el consejo judicial liderado por Francia, anunciada el 15 de diciembre como parte de una ruptura más amplia de Burkina Faso con Françafrique.

En otro movimiento que se aleja de Françafrique, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) de Burkina Faso anunció el 15 de diciembre su decisión de suspender su participación en la Red Francófona de Consejos de la Magistratura, conocida por su acrónimo en francés, RFCMJ.

Con sede en Quebec, una región francófona de Canadá, la organización busca desarrollar estándares comunes en los sistemas judiciales de los países francófonos. Más de la mitad de sus 23 miembros son antiguas colonias africanas.

El CSM de Burkina Faso fue uno de los cinco consejos judiciales de la actual oficina del RFCMJ, junto a Guinea, Líbano, Quebec y Francia, que lo preside.

Tras la primera reunión del CSM en 2025, su presidente, Adama Ouédraogo, anunció su decisión de suspender su participación en la RFCMJ, una de las plataformas bajo el paraguas de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).

Burkina Faso, junto con sus socios de la Alianza de los Estados del Sahel (Malí y Níger), se retiró de la OIF, denunciándola como un «instrumento político teledirigido» operado desde París para satisfacer sus «consideraciones geopolíticas». La decisión de separarse de la RFCMJ se derivó de esta retirada de la OIF, según declaró Ouédraogo a los miembros del CSM.

En su discurso de apertura de la reunión, el 15 de diciembre, el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, habló sobre los cambios geopolíticos actuales, los desafíos de seguridad planteados por grupos terroristas supuestamente respaldados por Francia y las reformas soberanistas en marcha desde la expulsión de las tropas francesas.

“Readaptarse a todos estos factores requiere considerable altruismo y valentía, y ustedes están demostrando esta determinación”, declaró Traoré, reafirmando el compromiso de su gobierno con la salvaguardia de la independencia del poder judicial. Ouédraogo, a su vez, reiteró que el poder judicial sigue siendo “un pilar esencial de la República y una condición sine qua non para una paz duradera”.

Libre Info informó que los miembros del CSM en la reunión también deliberaron sobre la importancia de los tribunales inferiores y las maneras de hacerlos más eficaces. Asimismo, examinaron cómo el derecho consuetudinario y la justicia tradicional pueden contribuir al sistema judicial.

Si bien por un lado se centra la atención en los tribunales inferiores y se replantean los sistemas tradicionales de impartición de justicia, por el otro el poder judicial de Burkina Faso también está en proceso de modernización, con una campaña de digitalización en marcha para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el alcance.

Impulso a la digitalización

El 15 de diciembre, mientras el CSM suspendía su participación en el RFCMJ, el Ministerio de Justicia lanzó tres nuevas plataformas digitales. Una permite a los ciudadanos presentar casos y seguir su progreso en línea, otra programar visitas para reunirse con familiares detenidos, y la tercera permite a las empresas obtener certificados en línea de registro, no quiebra, etc.

“Estas iniciativas tienen como objetivo digitalizar los procedimientos administrativos, mejorar la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial y responder a la fuerte demanda pública de mayor transparencia y eficiencia”, explicó Émile Zerbo, ministro de Administración Territorial y Movilidad.

El 12 de diciembre, el Ministerio de Justicia destacó el éxito de las iniciativas de digitalización ya en marcha. En tan solo dos años, la plataforma lanzada para obtener certificados de nacionalidad en línea había recibido 49.000 solicitudes hasta el 11 de diciembre.

Se procesaron 418.000 solicitudes a través de otra plataforma para facilitar la obtención en línea de un extracto de antecedentes penales, cuyo certificado limpio es necesario para verificaciones profesionales, visas, desempeño de cargos públicos, etc.

Décadas de subdesarrollo bajo regímenes neocoloniales han dejado al país con una conectividad y transporte deficientes, lo que supone una pérdida de tiempo y dinero para sus ciudadanos, quienes deben desplazarse a las oficinas de las autoridades para obtener estos documentos legales esenciales. Este impedimento se ve agravado por la inseguridad en algunas regiones, tras la destrucción de Libia por parte de la OTAN, que dio origen a grupos terroristas en todo el Sahel.

Al facilitar el acceso en línea para superar este impedimento, las dos plataformas habrían generado más de USD 600.000 para el presupuesto nacional.