Hablamos con Giselle Tepper, periodista e integrante de HIJOS Capital, sobre la emisión de una orden de traslado para 19 represores a una cárcel VIP por parte del Ministerio de Seguridad. Estos genocidas, entre los que se encuentra Alfredo Astiz, estaban detenidos en un penal de Ezeiza y a partir de la decisión del Director General de Régimen Correccional Gabriel Aquino, ahora pueden disfrutar de una celda en Campo de Mayo. «Nos preguntamos por qué este gobierno piensa que los genocidas tienen que tener privilegios», aseguró la entrevistada. El Servicio Penitenciario justificó la medida en la sobrepoblación carcelaria, pero familiares, víctimas y querellantes denuncian que detrás de esta decisión se esconde la intención de otorgar privilegios a torturadores, violadores y apropiadores de niños y niñas.

El traslado benefició a los genocidas Alfredo Ignacio Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Fonda Tigel, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro y Rodolfo Oscar Cionchi, condenados en la causa ESMA; Gerardo Jorge Arráez, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Avena y Luis Juan Donocik, condenados en la causa Atlético, Banco y Olimpo (ABO); Lucio César Nast y Mario Alfredo Marcote, condenados en la causa Feced; Julio César Argüello, condenado en la causa Circuito Camps; Marcelo Cinto Courtaux, condenado en la causa Contraofensiva Montonera y padre de uno de los funcionarios más cercanos a Victoria Villarruel: su director general de Relaciones Parlamentarias del Senado, Manuel Cordero Piacentini, condenado en la causa Plan Cóndor; y a Raúl Antonio Guglielminetti, condenado en las causas Escuelita, ABO, Orletti y Coordinación Federal.