¡Ya vemos la escalada de la minera estadunidense Vulcan contra México aumentando el monto de su demanda a mil 900 millones de dólares! (https://bit.ly/3KTsZ5d).

Emir Sader ( La Jornada, 17/4/23) afirma que el viaje del presidente Lula a China tuvo un enorme significado económico y político, pues representa el fin del mundo unipolar y de la hegemonía global estadunidense, fortaleciendo al bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). La apuesta de Brasil por la multipolaridad le regresa, tras algunos años de aislacionismo bajo Jair Bolsonaro, un liderazgo diplomático en el hemisferio. Lula ha sabido al mismo tiempo tratar con cuidado la relación con Estados Unidos, habiendo visitado antes al presidente Biden en Washington.

Pero además del impresionante despliegue geopolítico, una lección del viaje de Lula es la libertad que tiene Brasil para establecer relaciones comerciales y económicas con potencias más allá de las occidentales. Mientras Biden pretende crear un partenariado de las Américas para la prosperidad económica, y la Unión Europea negociar tratados de libre comercio con el Mercosur (otra instancia de integración regional que Lula se dispone rescatar), México y Chile, Lula zarpó a Pekín a firmar 15 acuerdos económicos con China.

A diferencia de México, sujeto a las reglas del T-MEC, Brasil no está bajo el yugo de reglas de tratados de libre comercio (TLC). Como advirtió John Saxe-Fernández ( La Jornada, 6/6/19) EU ya impuso a México y Canadá, entre otros, una lesiva cláusula que nos encierra en un bloque multidimensional con EU en su fricción con China, que va acentuándose a guerra comercial, tecnológica y monetaria, y de seguridad. Se refiere al artículo y cláusula 32.10 del T-MEC que establece que si México (o Canadá) se propusiera alcanzar tratados comerciales con países cuya economía no sea de mercado (léase China), se deberá consultar con Estados Unidos con tres meses de antelación, con los riesgos de retaliación económica que esto conlleva.

La libertad de Brasil de relacionarse con China y con quien sea, en cambio, se basa en su alejamiento del modelo neoliberal basado en las reglas de inversiones contenidas en los más de 2 mil 600 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones (Appri), también llamados tratados bilaterales de inversión (TBI), ratificados en el mundo. Brasil tiene tan sólo un TBI ratificado y es precisamente con México.

En contraste con los tratados neoliberales de inversión de los que México y la mayoría de países del hemisferio son súbditos, Brasil tiene su propio modelo.

Como indica un estudio del International Institute for Sustainable Investment, aunque Brasil firmó 14 TBI tradicionales entre 1994 y 1999, éstos nunca fueron aprobados por el Congreso nacional, por considerar que el régimen de arbitraje entre inversionista y Estado limita el derecho a regular dado que otorga beneficios extraordinarios a los inversores extranjeros; por ende, discriminando a los inversores nacionales. Por las mismas razones, Brasil no firmó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados de 1965 (Convenio del Ciadi). Aun así, “Brasil siguió consolidando su posición como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en el mundo y reforzando la concepción de que tener TBI vigentes no es decisivo para atraer inversiones… y desarrolló un modelo innovador que no se enfoque únicamente en la protección de […] las inversiones, sino que apunte a la promoción y facilitación de la inversión productiva de alta calidad. Por tanto, gobiernos brasileños, a pesar de los vaivenes políticos, han adoptado como política de Estado otro modelo: el Acuerdo de Cooperación y Facilitación de las Inversiones (ACFI) (https://bit.ly/40qoTHr).

A su vez, el Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia ha publicado un informe sobre los costos y beneficios del modelo neoliberal de acuerdos internacionales de inversión concluyendo que los supuestos beneficios en atraer la inversión extranjera son altamente dudosos en el mejor de los casos, e incluso son perjudiciales en el sentido de que promueven una competencia para reducir al mínimo los estándares laborales, ambientales y de derechos humanos. Demuestra como los costos son tan sustanciales, especialmente las demandas contra Estados y el llamado efecto congelador para regular y, concluye, que los Estados difícilmente pueden justificar la continuación de sus acuerdos de inversión o la conclusión de cualquier acuerdo similar nuevo (https://bit.ly/3N2hjQ8).

En 2015 Brasil y México firmaron un acuerdo pero bajo el esquema brasileño de ACFI. Alberto Arroyo, de la UAM-I, y Luciana Ghiotto, de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, nos ofrecen una detallada comparación de éste con los tradicionales TBI (https://bit.ly/3AlwaNY) y encuentran cambios sustanciales incluyendo la exclusión de inversiones de cartera o especulativas; de la llamada expropiación indirecta que permite demandas por pérdida de ganancias esperadas; elimina prohibiciones a controles de flujos de capitales; y mejora el mecanismo de solución de disputas al incluir la posibilidad de que los inversionistas también sean evaluados. Establece también mecanismos para minimizar las controversias y, sobre todo, que éstas se resuelvan bajo regímenes legales de los estados, eliminando el privilegio a corporaciones de recurrir directamente a tribunales supranacionales como el Ciadi del Banco Mundial.

Ojalá Brasil siga impulsando este modelo de tratados de inversiones en el hemisferio, y que la 4T, en su propósito de terminar con el neoliberalismo y defender la soberanía, se sume.

*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org