Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2024/04/24/kogh-a24.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws                     Miguel Andrade                                                                              24/04/24

El presidente del Tribunal Supremo de Brasil (STF, Supremo Tribunal Federal), el magistrado Luís Roberto Barroso, participó el 6 de abril de la Conferencia Anual de Brasil en la ciudad de Boston, un evento promovido por estudiantes de Harvard y del MIT. Los propios organizadores adinerados de la conferencia, que acogen a las autoridades del país y a multimillonarios, la denominan con orgullo el “foro brasileño de Davos”.

Después de participar en un panel con el profesor estrella de Harvard, Steven Levitsky, sobre populismo, democracia y el papel de los tribunales constitucionales, Barroso ofreció una conferencia de prensa en la que describió el papel del ejército brasileño en los últimos 35 años como “ejemplar”. La justicia brasileña criticó a quienes advierten sobre la implicación de militares en el intento de golpe promovido por el fascista expresidente Jair Bolsonaro, afirmando que él no “participa en este proceso de denigración de las fuerzas armadas, al contrario de eso”.

Tras admitir –con eufemismos- que “en algunos momentos de los últimos años ha habido una implicación política indeseable e incompatible con la Constitución” por parte de los militares, Barroso concluyó, asegurando a la prensa, que “esto ha sido superado y en la vida debemos aprender a pasar la página”.

Barroso habló menos de una semana después del 60º aniversario del sangriento golpe de estado del 31 de marzo de 1964, en el que el ejército brasileño, respaldado por Estados Unidos, derrocó al presidente electo João Goulart del Partido Laborista Brasileño (PTB), inaugurando así una dictadura de 21 años que asesinó y torturó a miles de personas. Sus declaraciones hicieron eco de las del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), quien ordenó la cancelación de cualquier ceremonia en memoria del golpe, declarando que el país debe “saber cómo hacer avanzar la historia, [en lugar de] siempre obsesionarse por ella, obsesionarse por ella”.

Mientras el juez Barroso hablaba en Cambridge, la Policía Federal de Brasil (PF) continuaba su investigación de al menos 18 oficiales de alto rango en servicio activo o retirados, incluidos ex comandantes de las fuerzas armadas, por ayudar a Bolsonaro a preparar un golpe de estado después de su derrota en las elecciones brasileñas de 2022. El complot culminó con el asalto fascista del 8 de enero de 2023 a la sede del gobierno en la capital de Brasilia.

Los intentos de Barroso y Lula de encubrir el papel de los militares en los intentos de golpe, ya sea hace 60 años o bajo la administración de Bolsonaro, revelan el pudrimiento del gobierno burgués de Brasil en su conjunto. De esta manera, Bolsonaro y su camarilla deben presentarse como aislados de la institución del ejército que, según ellos, desempeña un papel estrictamente constitucional.

Con el objetivo de contrarrestar el efecto desestabilizador del intento de golpe de Bolsonaro y al mismo tiempo mantener a sus colaboradores en el Congreso, el ejército y los principales círculos empresariales, en junio la autoridad electoral brasileña decidió suspender sus derechos políticos durante ocho años, o dos ciclos electorales presidenciales. Bolsonaro fue declarado culpable de abusar de sus poderes presidenciales con fines electorales al convocar a embajadores extranjeros en julio de 2022 para presentar sus afirmaciones infundadas de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se estaba preparando para manipular las elecciones de octubre.

En una importante escalada de la crisis, el 15 de marzo, el STF desclasificó los testimonios jurados de los ex comandantes del Ejército, general Marco Antônio Freire Gomes, y de la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista, Jr. Ambos excomandantes han reconocido que a los jefes militares se les presentaron las llamadas “actas de golpe”, es decir, un borrador de documento que establece un estado de sitio por parte de los militares y la extensión del gobierno de Bolsonaro. También han declarado que el comandante de la Marina, almirante Almir Garnier, ofreció sus fuerzas para llevar a cabo el golpe.

En el último de una serie de testimonios jurados, el principal asesor de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, declaró que el jefe de gabinete del expresidente y compañero de fórmula para las elecciones de 2022, el general Walter Braga Netto, había pedido ayuda en recursos financieros al Partido Liberal para desplegar ilegalmente fuerzas especiales del Ejército en apoyo de las manifestaciones de los partidarios fascistas de Bolsonaro. La investigación de la PF ya había señalado la participación de dichas fuerzas especiales –los llamados “niños pretos”– en el asalto del 8 de enero a Brasilia. Las nuevas revelaciones sobre Braga Netto proporcionan el primer vínculo directo entre la camarilla de Bolsonaro y el asalto del 8 de enero.

Braga Netto también ha sido implicado recientemente en el caso del asesinato en 2018 de la concejal de la ciudad de Río de Janeiro, Marielle Franco, del pseudoizquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL). El 24 de marzo, la PF arrestó a dos conocidos políticos de Río de Janeiro y al exjefe de policía de la ciudad, el diputado Rivaldo Barbosa, como autores intelectuales de la ejecución. Barbosa fue nombrado directamente jefe de policía por Braga Netto, quien entonces era el jefe de una intervención militar federal sin precedentes en Río, que tomó el control de las fuerzas de seguridad del estado. La nominación de Barbosa fue en contra del consejo de los órganos de inteligencia del estado, que habían identificado vínculos creíbles entre él y las llamadas milicias, bandas compuestas principalmente por expolicías.

El rápido desarrollo de la crisis política ha dejado a las autoridades brasileñas pisando terreno delicado. El 11 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no presentar cargos contra Bolsonaro por haberse refugiado en la embajada de Hungría en Brasilia entre el 12 y el 14 de febrero, sólo cuatro días después de que entregó su pasaporte a la PF. La policía vio la suspensión como un posible preludio a una solicitud de asilo político y trató de acusar a Bolsonaro de obstrucción de la justicia, lo que implicaría también al personal diplomático húngaro.

El 6 de abril, los casos contra Bolsonaro también contaron con la intervención del multimillonario de extrema derecha Elon Musk, quien inició una serie de publicaciones en  X/Twitter señalando los denominados “Archivos Twitter”, órdenes de bloqueo de cuentas de extrema derecha brasileña en las redes sociales. Musk los hizo públicos y los criticó como “autoritarios” y “en contra de la Constitución brasileña”. Las órdenes estaban directamente relacionadas con las investigaciones contra Bolsonaro dirigidas por el juez del STF Alexandre de Moraes, a quien Musk personalmente calificó de “dictador”.

La acción de Musk llevó a Moraes a incluirlo en una investigación que comenzó formalmente a contrarrestar las amenazas en línea a las autoridades realizadas por la extrema derecha, pero que sigue clasificada por el STF. Bolsonaro respaldó inmediatamente las “revelaciones” de Musk y, según se informa, sus abogados están buscando una manera de utilizar las acusaciones de abuso de Musk como parte de la defensa de Bolsonaro ante los tribunales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de abril de 2024)