A un año de las anteriores elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, robadas por una derecha neofascista y racista con el apoyo y la complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la embajada de los EEUU, que terminó con un sangriento Golpe de Estado y la usurpación de la presidencia por parte de la señora Jeanine Añez; el país ha sido llamado de nuevo a las urnas este próximo 18 de octubre.

Estas elecciones presidenciales han sido repetidamente retrasadas con la crisis sanitaria del coronavirus como excusa y presentan al candidato del MAS-IPSP, Luis Arce, liderando todas las encuestas y seguido a bastante distancia del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. De hecho, lo único que queda por saber el 18 de octubre son dos cosas: Saber si se respetará el triunfo del candidato del MAS si se diese;  y si en caso de una segunda vuelta todo el voto de derechas se unirá alrededor de Carlos Mesa. También es bastante esclarecedor la retirada de la carrera presidencial de la actual autoproclamada presidenta Añez, lo cual deja claro algo que muchos llevamos denunciado casi un año: esta señora no tenía prácticamente ningún apoyo popular ni ninguna legalidad para usurpar el sillón presidencial que le correspondía de manera legítima a Evo Morales.

Jeanine Añez ocupó su gobierno de facto apoyada por fuerzas militares

Más al norte, en la República Bolivariana de Venezuela también se espera con esperanza e incertidumbre las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre. La Asamblea Nacional que pasó a manos de la oposición en 2015 y que entró en desacato en 2016, ha sido instrumentalizada por los diferentes sectores opositores de derecha y de extrema derecha, para realizar un sabotaje institucional contra el gobierno bolivariano y demás poderes de la república. Recuperar para el movimiento bolivariano el control del poder legislativo es fundamental para la recuperar esa tan importante estabilidad institucional, que necesita Venezuela ya que enfrenta una guerra no convencional contra el imperialismo de los EEUU, la Unión Europea y el cartel de países reunidos alrededor de eso que se conoce como el Grupo de Lima.

En esa guerra no convencional contra Venezuela no se usan misiles Tomahark lanzados desde destructores de la US Navy, sino que se utiliza un arma que es infinitamente más cruel y destructiva para un país: las sanciones económicas. No solo matan más gente, sino que lo hacen poco a poco y en un periodo mucho más largo en el tiempo. De esa destrucción se tarda mucho más tiempo en salir ya que en reconstruir los edificios destruidos por misiles, suele ser más fácil si la economía funciona medianamente bien. Además, con el añadido de que no suelen generar importantes campañas de solidaridad y sus terribles daños no suelen abrir los informativos de ningún país.

Titular de prensa sobre robo del oro venezolano perpetrado por el Tribunal Superior británico

Venezuela, en permanente estado de guerra no convencional, acosada y amenazada por los EEUU, rodeada por tierra de países que se han declarado abiertamente enemigos del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, enfrenta en esta situación tan delicada, nunca vivida en los 21 años de proceso bolivariano las próximas elecciones legislativas el 6 de diciembre. En esta coyuntura, un sector de los partidos de izquierda, aliados del PSUV en el proyecto de unidad política creado por Chávez en 2012 y llamado “Gran Polo Patriótico Simón Bolívar”, han decidido lanzarse al aventurismo político en la llamada “Alternativa Popular Revolucionaria”, en lo que a mi entender es un error de estrategia política enorme. Que además ha generado en la dividida oposición derechista venezolana una inesperada alegría y que pone en peligro el objetivo tan importante para las capas populares venezolanas como es la recuperación de la Asamblea Nacional.

(Artículo aparecido en La Comuna, el 20 de septiembre de 2020)