La propiedad, ubicada en el barrio paceño de Sopocachi, había sido objeto de otro ingreso policial durante el golpe de 2019, que la había dejado destruida por completo. Esta vez, sin embargo, sólo se confiscaron una computadora y dos cajas con documentación. Quintana, ex embajador boliviano en Cuba, no se encontraba en su vivienda al momento del allanamiento.

La versión oficial

Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron a la vivienda pasada la medianoche, luego de que la Fiscalía dispusiera la aprehensión de Quintana, al incluirlo en un proceso por presunto “terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado”, según un documento al que accedio la señal televisiva Unitel.

La Procuraduría había pedido por su captura en el marco del caso de los bloqueos de caminos por parte de los seguidores de Morales, concentrados en Cochabamba, y prolongados por 24 días.

Durante el cuarto día de las protestas, el ex funcionario había dicho que “los bloqueos se alimentan con sangre” en una entrevista con Abya Yala. La declaración causó revuelo al interior del Gobierno, pero sólo recientemente se tradujo en consecuencias legales.

“Plan de escarmiento a la lucha social”

Al interior del Movimiento al Socialismo (MAS), las acciones fueron consideradas como parte de una persecución política para neutralizar las protestas contra el gobierno en medio de una crisis económica.

El propio Evo Morales aludió a intentos de censura este jueves. “Existe un plan de escarmiento a la lucha social al estilo de las dictaduras militares, donde a través de la manipulación de la justicia se busca disciplinar a la sociedad para que acepte callada y sumisa la actual situación económica”, escribió el líder aymará en su cuenta de X.

Mas tarde, el representante del MAS, Aldo Flores, denunció en el Senado lo que considera una política de “terrorismo de Estado” implementada en Bolivia, dados los allanamietnos a domicilios, persecuciones y detenciones de partidarios del expresidente.

Campesinos y pueblos originarios

El día anterior, en la ciudad de Quillacollo, a 13 kilómetros de Cochabamba, tres hombres de civil secuestraron en plena calle a la diputada Gladys Chumacero, quien fue liberada en la ruta, y al secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Humberto Claros.

Luego de su captura, Claros fue trasladado a los cuarteles de la FELCC, en La Paz, junto al dirigente del Pacto de Unidad indígena, Ramiro Cucho, detenido en Potosí horas antes.