La provincia de Jujuy se encuentra ubicada junto a la frontera argentina con Bolivia, en el llamado Noroeste Argentino (NOA), territorio donde casi el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Su gobernador es Gerardo Morales, un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical y de perfil derecho, con buena sintonía entre los principales grupos económicos del país.

El marco de la violenta represión promovida desde el gobierno provincial es la promulgación de la Ley Nº 6302 de Jujuy, que abre un período de sesiones para una reforma de su constitución. Argentina, al ser un Estado Federal, y ser las provincias santeriores al Estado, todas tienen su propia Carta Magna. La reforma apunta a un progresivo deterioro del sector público y otorga facilidades a las multinacionales interesadas en la minería, con especial atención al litio.

El pasado 7 de mayo, los jujeños, además de votar por gobernador y legisladores, eligieron a los 48 diputados que redactarán la nueva Constitución. Se trata de una iniciativa impulsada por Morales, que busca modificar el texto en el sentido de limitar el derecho a la protesta e incluso apunta a eliminar las prohibiciones vigentes de indulto para los casos de corrupción y femicidio.

Si bien el preámbulo de la reforma incide en que el objetvo es “modernizar las instituciones y promover la protección del ambiente”, lo cierto es que tras la misma se vislumbra el interés estratégico por la minería del litio, bajo el pretexto de “apostar por la lucha contra el cambio climático y la adopción de agenda moderna con priorización de la puesta en marcha de políticas de promoción de energías renovables”, apuesta que en la práctica es una declaración de guerra contra las comunidades que serán afectadas por su extracción en los salares de altura de la provincia, debido tanto a la competencia por el agua como a los riesgos de contaminación.

Aunque este conflicto minero no es nuevo, la protesta de las comunidades indígenas se ha sumado a las protestas que los docentes llevan realizando en todo el país desde hace semanas y que, tras la represión de estos días, ha tomado su punto álgido con la convocatoria de paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), cuyas protestas también han sido violentamente reprimidas, lo que ha dado todavía mayor repercusión internacional al conflicto de fondo.

Argentina es uno de los tres países, junto con Chile y Bolivia, que componen el llamado «triángulo del litio”, donde se contiene el 80 % de las reservas mundiales de este mineral. El desarrollo de esta minería fue impulsada tanto bajo los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, y ahora bajo el gobierno de Alberto Fernández, en connivencia con los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca, entre otros.

De hecho, el avance de los negocios extractivistas es una de las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional para garantizar que el Gobierno consiga los dólares que necesita para «honrar» la deuda que el Estado argentino mantiene con el organismo.

Una de las bazas negociadoras que los acreedores internacionales siempre han sostenido con Argentina es proponer un «canje» de la deuda externa por recursos naturales, o en algunos casos, cesiones de territorio soberano; o en el mejor de los casos, concesiones de auténtico privilegio, como ocurrió con la multinacional Pfizer en las negociaciones de las vacunas COVID.

La reforma constitucional de Morales apunta precisamente a dar marco legal a esta práctica histórica en las relaciones que Argentina ha tenido con los organismos financieros y bancos internacionales, prácticamente desde su fundación como Estado. Pero sería una reforma que sería parcial si no contemplara un cuerpo legal represivo que limitara las lógicas protestas.

El pasado 9 de junio, el gobierno provincial dictó un decreto que reforma el llamado «Código Contravencional» (equivalente a la Ley de Seguridad Ciudadana española) que establece un régimen de excepción para el derecho a la protesta y que impone multas, derivaciones a la justicia penal, y en el caso de empleados públicos, el despido.

La contundencia de las medidas represivas refleja cómo el interés por el litio argentino resucita los resabios de la histórica política colonial, y su alianza con los cuadros políticos locales.

En Jujuy, en el Salar de Olaroz, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, se desarrolla el proyecto Sales de Jujuy que opera una sociedad integrada por la australiana Allkem, con el 66,5% de las acciones, la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, JEMSE (8,5%).

Sin embargo, el pasado 10 de mayo Livent y Allkem anunciaron su fusión para crear NewCo, una empresa global con capacidad de producción de aproximadamente 250 mil toneladas anuales de litio para 2027 en sus proyectos operativos en Argentina y Canadá.

Una vez concretada la fusión, el grupo de accionistas de Allkem será titular del 56% de la nueva compañía mientras que el 44% restante quedará en manos de los accionistas de Livent.

Una investigación realizada por la organización periodística Ruido (Red Contra el Silencio Oficial) y la Fundación de Políticas y Derechos Humanos (Fundeps) -antes de que se conociera la fusión de ambas compañías- había revelado que “4 de los mayores fondos de inversión del mundo [N. de la R.: se refieren a Blackrock y Vanguard en el caso de Livent; y a las empresas financieras JP Morgan y HSBC en el caso de Allkem] son los principales dueños de las empresas que producen litio en Argentina”. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Fuentes: Red de Comunicación Popular (REDCOM) y Punto.ar