Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2024/01/11/yczq-j11.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws                 Norisa Diaz                                                                           11.01.24

Biden solicita que la Corte Suprema conceda al Departamento de Estado el poder para separar a familias inmigrantes, provocando ira en Latinoamérica

El viernes, la Corte Suprema decidirá si atiende un caso que podría arrancar derechos constitucionales a millones de inmigrantes indocumentados y sus familiares ciudadanos estadounidenses mediante el “proceso consular”, que es la principal manera en que las personas indocumentadas obtienen visas de trabajo.

Las noticias del caso se han difundido ampliamente en EE.UU. y Latinoamérica por redes sociales, provocando enfado y preocupación entre inmigrantes y sus familiares en todo el continente.

El caso, Departamento de Estado v. Sandra Muñoz, involucra a un esposo y una esposa que vivieron juntos en Los Ángeles, California por varios años. La pareja fue separada en 2015 como resultado de una decisión arbitraria de un funcionario consular en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, quien le negó a Luis Asencio, esposo de Sandra Muñoz, la posibilidad de reingresar al país sin dar ninguna explicación.

Aunque el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que esto violaba la Constitución, el Gobierno de Biden está apelando la decisión ante la Corte Suprema, dominada por la derecha, argumentando que la Constitución no aplica en el proceso consular, ni siquiera para los ciudadanos estadounidenses que están permanentemente separados de sus cónyuges.

La ciudadana estadounidense y destacada abogada laboral de Los Ángeles, Sandra Muñoz, conoció a su esposo en la boda de un amigo mutuo en 2008. Asencio había llegado a los Estados Unidos en 2005 sin documentos, pero no tiene antecedentes penales en ningún país. La pareja se enamoró y se casó en 2010. En 2013, iniciaron el proceso consular, que permite a las personas indocumentadas con familiares inmediatos que son ciudadanos estadounidenses borrar las consecuencias de su entrada ilegal si cumplen con ciertos requisitos y se consideran “admisibles” en una entrevista en un consulado estadounidense en su país de origen.

Cada año, cientos de miles de cónyuges de ciudadanos se someten a este proceso, que requiere demostrar la autenticidad del matrimonio y establecer que el ciudadano-cónyuge sufrirá “dificultades extremas” si se separa. El proceso es costoso e intrusivo, y requiere que ambos cónyuges otorguen a los agentes federales la capacidad de ingresar a sus habitaciones sin previo aviso y entrevistar a sus vecinos para determinar si el matrimonio es legítimo.

Los funcionarios de migración determinaron que Muñoz y Asencio cumplían con estos requisitos y aprobaron la petición de Asencio de una exención provisional de su estatus ilegal. Como último paso hacia la adquisición de una visa de trabajo o Green Card (tarjeta de residencia o mica), la pareja viajó a El Salvador en la primavera de 2015 para una entrevista en el consulado de los Estados Unidos. Asumieron que el viaje sería breve, pero la pareja ha estado separada desde entonces. Un funcionario consular negó la admisión de Asencio a los Estados Unidos alegando que podría “incidentalmente” participar en “cualquier otra actividad ilegal”, sin proporcionar ninguna otra razón.

Aunque las regulaciones federales dan a los inmigrantes y sus cónyuges ciudadanos un año para proporcionar evidencia exculpatoria para sortear tales decisiones, la negativa del Departamento de Estado a proporcionar una razón para la denegación hizo imposible que Muñoz o Asencio refutaran las acusaciones del funcionario.

“Estaba desconsolada, confundida y frustrada”, dijo Muñoz al World Socialist Web Site. “Conocía y conozco a mi esposo. No iba a participar en actividades ilegales—lo que quiera que signifique. No sabía cómo refutarlo, excepto señalar nuestras vidas. Mi esposo no tenía antecedentes penales. No tenía antecedentes penales. Soy abogada, soy funcionaria de los tribunales de justicia. Era simplemente incomprensible que el Gobierno de los Estados Unidos hubiera llegado a una conclusión que no estaba respaldada por hechos y ni por nuestros historiales”.

La pareja presentó una demanda contra el Departamento de Estado y el entonces secretario de Estado John Kerry en enero de 2017, y en noviembre de 2018, tres años después de la entrevista, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Asencio había sido considerado inadmisible porque sus tatuajes demostraban que es miembro de la Mara Salvatrucha, un cartel transnacional. Los tatuajes de Asencio son de la Virgen de Guadalupe, un perfil de Sigmund Freud, representaciones de máscaras teatrales, dados y cartas y una imagen tribal con una huella de animal. Un experto en pandillas proporcionó al Departamento de Estado una declaración jurada que indica que estos tatuajes no están relacionados con la Mara Salvatruch ni con ninguna otra pandilla.

Después de una larga batalla legal, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo en octubre de 2022 que la denegación violaba el derecho fundamental de Muñoz al matrimonio y al debido proceso. Al negarse a proporcionar a la pareja una razón para la denegación, el Departamento de Estado privó a Muñoz de su derecho constitucional a notificar oportunamente la razón por la denegación y la oportunidad de responder, dijo el tribunal de apelaciones. El Gobierno de Biden pidió al Noveno Circuito que anulara el panel de tres jueces, pero el tribunal, sentado “en banc” estuvo de acuerdo con el panel y dictaminó en julio de 2023 que las acciones del Gobierno eran inconstitucionales. Once jueces designados por Trump en el Noveno Circuito publicaron fuertes opiniones discrepantes.

En lugar de cumplir con el Noveno Circuito y reunir a Muñoz con Asencio en Los Ángeles, el Gobierno de Biden apeló vengativamente la decisión ante la Corte Suprema a fines de 2022. Su escrito de apelación repitió los argumentos de los disidentes designados por Trump y argumentó que los tribunales nunca pueden revisar las decisiones de los funcionarios consulares, incluso cuando esto vulnera los derechos de los cónyuges ciudadanos estadounidenses.

Esta primavera será el noveno año desde que fueron separados.

La Administración de Biden argumenta que el derecho de Muñoz al matrimonio no ha sido violado ya que ella puede mudarse a El Salvador, escribiendo en su escrito a la Corte Suprema que la Administración “no ha prohibido que una pareja casada viva junta ni se ha entrometido en su privacidad marital”.

Pero los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho fundamental de vivir en los Estados Unidos bajo la protección de la Constitución, así como el derecho al matrimonio, y el Noveno Circuito sostuvo que el Gobierno no puede hacer que el ejercicio de un derecho dependa de la pérdida de otro. Además, El Salvador se encuentra actualmente bajo ley marcial, y el Departamento de Estado advierte actualmente a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al país, y que “varios ciudadanos estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros han sido detenidos bajo el Estado de Excepción, algunos de manera supuestamente arbitraria”.

Respondiendo al argumento de la Administración de Biden de que sus derechos no han sido violados, Muñoz dijo: “No es de ninguna manera razonable sugerir que puedo mudarme fácilmente a El Salvador. Soy ciudadana norteamericana. Nací en este país. Soy parte de este país. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial. Me costó mucho trabajo obtener mi título de abogada y establecerme como abogada aquí en este país. He ejercido la abogacía durante 26 años y he tenido mi propia oficina desde 2011. Mi carrera es cómo me gano la vida, es como contribuyo a este país. No puedo simplemente recoger y dejar todo eso atrás”.

La decisión de apelar el caso ha provocado indignación en Estados Unidos y América Latina. El viernes pasado, Andrea Castillo del Los Angeles Times publicó una exposición sobre el caso de la pareja, y segmentos de noticias nacionales en español en los Estados Unidos se volvieron virales durante el fin de semana. En las redes sociales, millones de personas han visto y compartido información sobre el caso, mientras que muchos de los principales medios de comunicación nacionales de América Central y del Sur lo han informado.

“Hay una multitud de personas en los Estados Unidos y América Latina que están legítimamente enojadas por las acciones de la Administración de Biden y temen las repercusiones para sus familias”, dijo el abogado de la pareja, Eric Lee, al World Socialist Web Site. “Lo que está en juego no podría ser más alto. Más de 1 millón de ciudadanos estadounidenses tienen cónyuges indocumentados y casi 4 millones de hijos ciudadanos estadounidenses tienen padres indocumentados. Biden se hace eco de Trump y argumenta que ninguna de estas personas tiene derecho a un día en la corte cuando el Gobierno federal bloquea arbitrariamente el regreso de sus seres queridos al hogar”.

Lee, quien también representa al trabajador automotor de base Will Lehman en su demanda pendiente contra el Departamento de Trabajo por la supresión de votantes en las elecciones del UAW, dice que la Administración de Biden está proporcionando al poder ejecutivo inmensos poderes que Trump usará si es elegido en noviembre. “Trump justificó sus prohibiciones de viaje haciendo los mismos argumentos que Biden y sus abogados están haciendo hoy. Como lo demuestra este caso, se está volviendo casi imposible distinguir entre las políticas de los dos partidos sobre los derechos de los inmigrantes y sus familias. La democracia en Estados Unidos ya pende de un hilo. Hacemos un llamamiento a todos los interesados a que difundan la información sobre este caso”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de enero de 2024)