Washington. El gobierno del presidente Joe Biden dijo ayer: no creemos que lo que está sucediendo en Gaza sea un genocidio, al tiempo que Israel acusó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) de difundir datos falsos sobre el número de víctimas entre los palestinos.

Creemos que Israel puede y debe hacer más para garantizar la protección y el bienestar de civiles inocentes, aseveró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Para llegar a esta conclusión, Estados Unidos utilizó el término internacionalmente aceptado para genocidio, que incluye un enfoque en la intención, añadió el funcionario.

Israel Katz, canciller israelí, indicó que la ONU primero publica cifras infladas de víctimas civiles en Gaza, luego las reduce a casi la mitad y luego afirma que esto es absolutamente correcto y normal. Antes, el diplomático israelí David Saranga indicó que la ONU informó el día 6 acerca de 34 mil 700 muertos en la franja, incluidos más de 9 mil 500 mujeres y 14 mil 500 niños. Dos días después, la ONU reportó 34 mil 844 muertos, incluidos 4 mil 595 mujeres y 7 mil 797 niños, agregó el diplomático.

La ONU redujo su estimación de mujeres y niños asesinados en Gaza en 50 por ciento y afirma que se basó en los datos del Ministerio de Salud de Hamas. Cualquiera que se base en los datos falsos de una organización terrorista para promover libelos de sangre contra Israel es antisemita y apoya el terrorismo, escribió Saranga en la red social X.

Estabilidad, amenazada

El canciller egipcio, Samé Shukri, señaló a su homólogo estadunidense, Antony Blinken, que los ataques israelíes contra Rafah suponen una grave amenaza para la estabilidad en la región. Ambos abordaron durante una conversación telefónica la dimensión humanitaria y de seguridad de la operación israelí y abogaron por la reapertura de los pasos fronterizos para la entrega de ayuda.

El gobierno de Maldivas anunció ayer que se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, por el posible delito de violación a la Convención contra la Prevención y Sanción del delito de Genocidio.

Egipto, Turquía, Libia, Colombia y Nicaragua también se han sumado a la demanda.