La casualidad (o quizá mi subconsciente) me lleva a comentar la propuesta sobre bajas laborales flexibles que acaba de hacer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones justo el día 7 de octubre, cuando se desarrolla la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

Aunque esta es una jornada convocada por la Confederación Sindical Internacional desde 2008, el concepto y la reivindicación del trabajo decente viene de más lejos y nació en el seno de la Organización Internacional del Trabajo.

Según esta agencia de Naciones Unidas, el trabajo decente «significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres».

Justo lo que hoy día no hay de forma generalizada.

Según los datos de la propia OIT, unos 2.000 millones de empleos en todo el mundo son informales, es decir, carecen de algún tipo de contrato y protección social. Eso es lo que hace que 4.000 millones de personas, prácticamente la mitad de la población mundial, carezca de esta última, lo mismo que le ocurre al 76% de los niños del mundo.

En España, unos 2,5 millones de personas empleadas viven en situación de pobreza y más de 475.000 trabajan en la ilegalidad.

Todos estos datos muestran lo muy extendido que está en la realidad laboral de nuestro tiempo lo contrario del trabajo decente, es decir, el indecente.

En este contexto, quizá el tema de las bajas laborales flexibles adquiera una dimensión diferente a la que ha dado la ministra.

Yo creo que cualquier persona que defienda a la Seguridad Social y el papel imprescindible del sector público para corregir la desigualdad y promover bienestar, equidad y libertad efectiva, debe ser partidaria de que sus recursos se usen del mejor modo posible. Esto es, con eficacia y combatiendo cualquier tipo de despilfarro o fraude, lo cometa quien lo cometa.

En consecuencia, soy partidario de que se trate de disminuir a su nivel estrictamente necesario y justo el gasto cada día más elevado que el Estado (la ciudadanía en su conjunto) realiza como consecuencia de las bajas laborales.

También estoy de acuerdo (por sentido común, puesto que no tengo conocimientos suficientes para defender algo así desde un punto de vista médico) con la idea que la ministra utiliza para fundamentar su propuesta. Entiendo que, a veces, una enfermedad puede ser parcialmente compatible con el trabajo e incluso lo conveniente para lograr una mejor y más pronta recuperación.

Sin embargo, ¿no hay un riesgo oculto detrás de esa posibilidad de alta parcial decidida  «libremente» y  en favor de su salud o condición laboral por el trabajador o trabajadora que están enfermos?

Esto último no me parece una pura especulación, si se atiende a una circunstancia que es bien conocida desde hace mucho tiempo. En la relación laboral hay una asimetría que impide que se pueda hablar de auténtico libre albedrío o autonomía de la voluntad cuando se trata de las decisiones que toma el trabajador. Por tanto, es muy fácil -por no decir, lo más probable- que la flexibilidad que supuestamente se establece para ayudar a la parte más débil se convierta en la obligatoriedad de adoptar decisiones que no le convienen y que, en este caso, pueden afectar a la salud, algo sagrado y con lo que no se debe jugar, como correctamente ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En el actual sistema de bajas laborales hay un problema de cuya existencia la ministra sabe mejor que nadie: se está produciendo un incremento extraordinario del gasto por ese concepto que convendría atajar. Pero, en lugar de poner sobre la mesa sus posibles causas y hacerle frente, la ministra plantea (sin decir claramente que sea como solución a ese problema) una propuesta de flexibilidad que, al menos a corto y medio plazo y sin conceder mayor autonomía efectiva y poder de decisión a los trabajadores, puede tener dos efectos indeseados. Uno, el incremento del gasto, porque puede ocurrir que esta medida lleve a que se pidan más bajas, ahora parciales, que en la actualidad. El otro, altas laborales forzadas como consecuencia de que la asimetría que hay entre la dirección de la empresa y los trabajadores obligue a que estos las adopten cuando no sean la mejor opción para su salud.

Para racionalizar el gasto y evitar despilfarro o fraudes, seguramente los hay, lo que debería haber hecho en primer lugar la ministra es haberlos estudiado con rigor y concreción y presentar sus conclusiones. Y, a partir de ahí, actuar sin contemplaciones atendiendo a sus causas reales.

¿Está provocado ese aumento de gasto por absentismo? ¿Falla el control? ¿Se produce sin que haya aumentado al mismo tiempo la enfermedad o los accidentes laborales? ¿Tendrá que ver con las condiciones de trabajo y, en particular, con la duración de la jornada o, en general, con las condiciones laborales? ¿Podría ser que la desatención presupuestaria al sistema de salud alargue innecesariamente las bajas, costando más de lo que ahorra? ¿Funciona bien nuestro sistema de prevención de riesgos laborales?…

Y, por otro lado, ¿qué medidas complementarias habría que adoptar para que una solución, en principio y a primera vista tan razonable como la de establecer bajas laborales flexibles, no tenga efectos adversos sobre la salud en un medio ambiente laboral tan informal, precario y desigual como el que existe en nuestro país?

No dar respuesta a estas preguntas, tratar de dar soluciones a un problema sin antes analizarlo bien, sin hacer pedagogía y, para colmo, sin ni siquiera ponerse de acuerdo entre quienes tienen la responsabilidad de gobernar, es un error, como otros tantos, que luego se paga en las urnas.