Tanta insistencia en cursar la carrera de maestro rural no provenía de una irresistible vocación por la docencia, sino de algo más simple: era un OBI (órgano de búsqueda de información) del Ejército, con fachada de alumno, es decir, un espía que debía infiltrarse en Ayotzinapa, hasta que finalmente lo logró. De acuerdo con informaciones del entonces comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, general de división Alejandro Saavedra Hernández, el soldado López Patolzin tenía como encomienda remitir la información obtenida, por medio de mensajes y llamadas telefónicas esporádicamente, cada vez que se lo permitía la situación.

El OBI López Patolzin entró al 50 batallón de infantería de Chilpancingo, el 16 de enero de 2009. Estuvo en servicio cinco años y ocho meses.

Según Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, pese a haber desaparecido en la comisión de un trabajo oficial, las fuerzas armadas no activaron el protocolo de búsqueda de militares. Nunca realizaron ningún esfuerzo por ponerlo a salvo. Abandonaron a uno de los suyos. Si lo hubieran hecho, quizá la historia habría sido diferente.

La presencia de López Patolzin en la normal rural no fue una iniciativa de un mando militar aislado, sino de una política de la institución castrense. Era parte de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas contra la escuela. Tanto así que, además de Julio César, el Ejército tuvo más infiltrados entre los alumnos o en su entorno inmediato. Gracias a estos espías y a sus servicios de inteligencia, autoridades en funciones de diferentes niveles supieron en todo momento lo sucedido a los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero ocultaron y manipularon la información.

Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las actividades que realizaba López Patolzin en la escuela desde 2012 consistían en informar lo que acontecía en las asambleas que se realizaban en la normal; dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad y detectar vínculos con integrantes de organizaciones subversivas, grupos de la delincuencia organizada y todo movimiento que pusieran en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional.

¿Qué fue lo que el soldado López Patolzin dijo en sus últimos reportes a sus superiores? Ni los padres de familia de los desaparecidos ni el GIEI han podido saberlo porque el Ejército niega dar esa información. Conocerla sería relevante para saber el paradero de los 43.

Otro Julio César, también estudiante de Ayotzinapa pero apellidado Mondragón, no fue desaparecido. Él fue uno de los tres normalistas asesinados la noche del 26 de septiembre. Pero, además, horror sobre horror, fue salvajamente torturado y asesinado. Su rostro fue desollado. Su cuerpo mutilado apareció tirado en una calle de Iguala el 27 de septiembre. Curiosamente, existen tres versiones oficiales distintas sobre lo sucedido con ese joven.

Según la ex Procuraduría General de la República, dirigida por Jesús Murillo Karam, una llamada anónima alertó que había un cuerpo sin vida en la zona industrial El Andariego. Personal del 41 Batallón de Infantería encontró al finado Julio César a las 8:30 de la mañana.

Pero, de acuerdo con el GIEI, hay otros dos relatos sobre cómo se encontró el cuerpo, ambas del Ejército. En la primera, una fuerza de reacción del Batallón 27 recibió una llamada al C4 y fue por el cadáver a las 10:20 de la mañana. En la otra, el responsable de derechos humanos de la Sedena documenta el descubrimiento de un cuerpo sin vida del sexo masculino en las inmediaciones del poblado de Mexcaltepec, cerca de Taxco, por parte de la 35 Zona Militar.

El celular de Julio César no se encontró en su cuerpo, pero estuvo activo tras su muerte. El GIEI solicitó la sábana con las llamadas de la línea telefónica, pero nunca se le entregó.

No se trata de los únicos hechos que el Ejército no ha informado o lo ha hecho mal. Según los expertos, la documentación entregada, al día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en que hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.

Más allá de los avances en las investigaciones y de las detenciones efectuadas, se está lejos aún de conocer la verdad a fondo y de que se haya hecho justicia plena. Ciertamente, es relevante que el subsecretario de Gobernación califique de crimen de Estado la barbaridad perpetrada, pero es insuficiente para cerrar el caso.

Un crimen de lesa humanidad como este, interpela tanto al Estado como al conjunto de la sociedad. Es una herida abierta que no ha cicatrizado y que daña al conjunto del país. Para que sane, los archivos deben abrirse completamente, la investigación debe continuar y se debe hacer justicia. A nueve años de distancia, los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala son nuestros grandes héroes cívicos. Su tenacidad, compromiso y dignidad son ejemplo a seguir.

Twitter: @lhan55