Historial de agravios

Los temores del #YoSoy132 sobre el regreso del partido autoritario en México se cumplieron. Casi dos años después de aquel 1º de diciembre, el país se había hundido en una espiral de mano dura y reformas neoliberales. Septiembre de 2014 fue el momento más oscuro de lo que se había convertido en una pesadilla para quien resistía al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Apenas un día después de la represión de diciembre de 2012, el PRI encabezó la firma de un gran acuerdo con todos los partidos políticos –a excepción de MORENA, en proceso de constituirse formalmente en partido- para impulsar las (contra)reformas energética y educativa. El denominado “Pacto por México” abría, por un lado, los hidrocarburos y la electricidad a la iniciativa privada llegando al clímax del largo ciclo de apertura de mercado del país. Por el otro, enfrentaba al gobierno priista con los docentes disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que fue hostigada durante todo el sexenio y brutalmente reprimida en junio de 2013, en el ápice de la lucha en contra de la reforma.

Las exiguas protestas del naciente MORENA no lograron frenar la reforma energética provocando un clima de impotencia ante la unidad de los partidos que la aprobaron en el Congreso en 2014. La nueva Ley de Telecomunicaciones, que mantenía privilegios de Televisa y reducía al mínimo los medios públicos y sociales -exactamente lo contrario a lo demandado por el #YoSoy132- se aprobó sin resistencia ese mismo año. Todas fueron derrotas desmoralizantes. El neoliberalismo se imponía sin contenciones.

A la mitad de 2014, la espiral de violencia generada por la llamada guerra contra el narcotráfico no se había detenido. La Procuraduría General de la República (PGR) reconocía que desde 2011 y hasta ese momento, el número de personas desaparecidas en México llegaba a más 52 mil. Organismos defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideraban “crítica” la situación en el país.

Durante agosto y septiembre de ese año, el derrame tóxico en el río Sonora -uno de los ecocidios recientes más graves- fue un escándalo de primera plana durante varias semanas. La empresa minera Grupo México, propiedad de uno de los empresarios más acaudalados del país, había sido privilegiada por el gobierno de Peña Nieto y operaba impunemente. En ese mismo periodo se daba el anuncio de más concesiones mineras, de reformas que permitían el despojo de tierras comunales para ser utilizadas por las grandes corporaciones así como la reactivación de un nuevo proyecto aeroportuario que avivó el conflicto con San Salvador Atenco. El líder opositor Andrés Manuel López Obrador, ante el informe presidencial de septiembre, declaró que el país estaba en decadencia y que Enrique Peña Nieto debería renunciar: “entre más dure mal gobernando desgraciadamente peor nos va a ir”. Los ecos del movimiento anti-Peña de 2012 seguían retumbando de manera sorda.

La utilización facciosa de la justicia contra los movimientos sociales es una práctica muy común en México. Pero en los primeros años del gobierno peñista se generalizó a través de una avasalladora y vengativa oleada de órdenes de aprehensión y encarcelamientos que pretendían debilitar a innumerables movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales en todo el país. Valgan los siguientes botones de muestra. En 2013, líderes de la llamada Policía Comunitaria de Guerrero fueron encarcelados bajo graves acusaciones penales. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Puebla, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota en Guerrero y autoridades tradicionales del pueblo yaqui movilizadas en defensa del agua en Sonora fueron apresados a lo largo de 2014. Desde las cárceles todos ellos denunciaban ser presos políticos. Del ascenso de la movilización popular vivida en 2012 se pasó a un atrincheramiento defensivo. El autoritarismo y la impunidad reinaban sin que existiera organismo o denuncia internacional de violaciones a los derechos humanos que los lograra detener.

Las Escuelas Normales Rurales en todo el país también habían sufrido la mano dura no sólo del gobierno de Peña Nieto sino de sus predecesores. Nacidas en los años treinta del siglo XX, al calor de la educación socialista promovida por el presidente Lázaro Cárdenas, para formar maestros para las alejadas y empobrecidas zonas rurales, se conformaron a la par de sus internados. En ellos, los hijos de los campesinos podían estudiar y a la vez sobrevivir con los escasos apoyos estatales y a partir del trabajo colectivo y la autogestión en cada centro educativo. En los internados se formaban estrechos lazos de reciprocidad y responsabilidad similares a los de una comunidad campesina, lo cual propiciaba la conformación de cohesionadas organizaciones estudiantiles.

La presión beligerante de los normalistas, generalmente movilizados ante gobernadores despóticos en cada entidad, defendiendo sus centros de estudios o exigiendo más y mejores apoyos para sus internados y escuelas se volvió una dinámica permanente de conflicto con el régimen del partido de Estado. El normalismo, sin contar con la fuerza de la masividad de las universidades ni la atención mediática urbana, estableció formas de protesta y negociación basadas en la toma de instalaciones gubernamentales, bloqueos a carreteras y toma de autobuses. Ese tipo de acciones de fuerza obligaron durante décadas al régimen a responder a sus compromisos. Sin embargo, los gobiernos neoliberales fueron cada vez más reacios a cumplir con las demandas de los normalistas y pasaron a la ofensiva, buscando desmantelar el normalismo rural y obligando a los estudiantes a la resistencia.

Las agresiones se volvieron particularmente brutales, aunque suene paradójico, durante los gobiernos de la alternancia democrática. En Chiapas, en 2003, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía cerró la normal de Mactumatzá y canceló los puestos de maestro a las que los normalistas tenían derecho de forma automática al terminar sus estudios y, a raíz de un enfrentamiento de las policías con los normalistas, hubo 200 detenidos acusados de asociación delictuosa, motín, asonada y rebelión. En 2010, durante las negociaciones sobre el proceso de admisión entre las autoridades y las mujeres de la Escuela Normal Rural Justo Sierra en Aguascalientes, se dio un operativo salvaje de desalojo contra las estudiantes. Dos años después la brutalidad policiaca escaló contra los normalistas de Michoacán. Un operativo policiaco -después de un diálogo con el gobernador apenas unas horas antes- tomó por sorpresa de manera simultánea a la Escuela Normal Indígena de Cherán, la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío y al Centro Regional de Educación Normal de Arteaga. Los normalistas habían tomado algunos autobuses como medida de presión. Las fuerzas del orden dañaron las instalaciones, mataron a los animales de corral, lanzaron bombas lacrimógenas, balas de goma y tomaron detenidos a 176 estudiantes, muchos de ellos golpeados brutalmente. Las mujeres normalistas sufrieron tocamientos y vejaciones, amenazas y hostigamiento verbal por parte de la policía, que las señalaba de “andar de putas” en el movimiento. Medios de comunicación y autoridades estigmatizaban a las normales por ser “semilleros de guerrilleros”, “nidos comunistas”, o “centros de formación bolchevique”. Este trato despótico desde el poder irritó no sólo al normalismo sino a los movimientos sociales que los apoyan en distintos lugares del país. La Normal Rural Isidro Burgos mejor conocida como Ayotzinapa, ubicada en una de las regiones más pobres del país, recibió la respuesta más feroz del Estado, siendo asesinados dos jóvenes estudiantes -Jorge Herrera y Gabriel Echeverría- por la policía al desalojar un bloqueo carretero el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista México-Acapulco por medio del cual los normalistas exigían audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Casi tres años después, el 26 de septiembre de 2014 los normalistas de esa escuela se preparaban para acudir a la movilización nacional del 2 de octubre en Ciudad de México, que conmemora precisamente la masacre represiva contra los estudiantes de 1968. Para ese entonces los estudiantes de Ayotzinapa seguían exigiendo justicia para sus compañeros asesinados en la carretera.

La mañana de ese mismo día, aparecieron en un diario de circulación nacional unas imágenes desconcertantes que mostraban dos cadáveres en el piso. Las fotografías y un testimonio en la revista Esquire de unos días antes confirmaban una historia terrible: Las Fuerzas Armadas durante un operativo antidrogas en Tlatlaya en junio de ese año habían ejecutado a una veintena de personas y manipulado la escena para encubrir la acción, sembrando armas a los cadáveres para hacer parecer públicamente que se trató de un enfrentamiento. El crimen de Tlatlaya escandalizó al país.

Era el 26 de septiembre y era el preámbulo de la indignación nacional por lo que sucedería aquella noche terrible en Iguala.

Lo intolerable

Si el movimiento #YoSoy132 había comenzado como una explosión de alegría, el movimiento por la aparición de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa comenzaba como un estallido de rabia que generó una oleada expansiva de indignación que llenó las calles y los centros educativos en Guerrero, en la capital del país, en todo México y en innumerables ciudades del mundo.
Desde que declinaron las protestas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, ya no se habían dado movilizaciones masivas contra la violencia. Pero en la última semana de septiembre y los primeros días de octubre de 2014 se produjo un nuevo e inédito quiebre en la conciencia nacional.

Esa ruptura tardó en formarse varios días debido a la confusión en la reconstrucción de los acontecimientos de aquella noche. Lo que se fue sabiendo es que los normalistas de Ayotzinapa tomaron cinco autobuses de la central de Iguala, en el Estado de Guerrero, la noche del viernes 26 de septiembre para acudir a las protestas del 2 de octubre en la capital del país. Al salir de Iguala fueron perseguidos, interceptados y atacados brutalmente de manera simultánea con disparos, entre las 21 horas y la media noche, por distintos cuerpos armados del Estado -Policías de Iguala y Cocula- que trataban de evitar a toda costa que los normalistas se llevaran los autobuses. En los distintos ataques a cada vehículo hubo estudiantes heridos. De manera paralela fue atacado otro autobús que no había sido tomado por los normalistas sino que trasladaba a un equipo juvenil de futbol llamado “Los Avispones” donde murieron dos de sus ocupantes y resultaron heridos otros siete. En Iguala, se obligó con extrema violencia a los normalistas a bajar de dos de los autobuses tomados y los policías se llevaron en medio de la noche a 43 de ellos.

Hacía tres meses habían asesinado a mi hermano menor en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, Guerrero; y tanto mi familia como yo, no habíamos podido hacer nada al respecto pues tanto las autoridades como los narcos del lugar nos “sugirieron” no moverle una vez que vieron nuestra insistencia por investigar los hechos. Recuerdo perfectamente que yo era el más insistente en buscar venganza, y que en el sepelio de mi hermanito mi padre, en ese entonces de 74 años, pronunció unas palabras que jamás podré olvidar y que tres meses después habrían de hacerme sentido para siempre: “no hijos, no podemos buscar venganza porque a quienes lo mataron otros los matarán enseguida y si lo hacemos nosotros nos ganaremos enemigos sin sentido; además nosotros por lo menos tenemos el cuerpo de Narci (Narcizo), otras familias ni siquiera saben donde quedan su hijos”. Una vez ocurrido lo del 26 de septiembre de 2014 y con toda la rabia encima de no haber podido hacer nada con mi hermano, el impulso por hacer algo no se dejó esperar. Y no digo que el resto de mis compañeros sobrevivientes, también testigos y denunciantes, no tuvieran sus motivos, pero al ser yo un poco mayor que el resto y al sentir que tenía un atropello reciente, “la dosis de vanidad que todos llevamos dentro” me empujó a buscar estar al frente. Aquello que no pude hacer por mi hermano y mi familia lo haría así por las familias y por mis 48 compañeros. Lograr algo de justicia por ellos era para mí, hacer justicia por mi hermano.

Dolió mucho saber que esa tarde junto al resto de compañeros, obedeciendo los acuerdos, los veinte activistas me pidieron chance de irse a la actividad de toma de camiones. El Cochiloco, compañero dirigente del Comité de Lucha igualmente me lo había pedido y yo, al ver que iban dos de mis mejores amigos, el “güicho” y “Acapulco”, decidí sin pensarlo dos veces decirles que sí, que se fueran, no sin pedirle al “güicho” y a “Acapulco” que me mantuvieran al tanto. Horas después, cuando “güicho” me llamó y me dijo al teléfono que la policía les estaba disparando y que ya tenían un muerto, me moví junto al resto de compañeros que igual había recibido llamadas de sus amigos que se hallaban en Iguala, para trasladarnos de inmediato hacía allá. Me moví porque estaban atacando a mi escuela, pero ante todo porque allá estaban mis activistas. ¿Cómo entonces no luchar por los 43 si entre ellos están diez de aquellos que estaban a mi cargo? El movimiento de los 43 marca la historia de México hasta nuestros días.

Manuel Vazquez Arellano (Omar García), Escuela Normal Rural Isidro Burgos: Ayotzinapa.
Los estudiantes de Ayotzinapa no detenidos y que sobrevivieron al ataque creyeron en aquel momento que se trataba de otro episodio represivo -aunque desmedido- dentro de la trayectoria de violencia estatal contra el normalismo. Pero era algo más.

Miles de muertes y desapariciones ocurren desde hace años en México. Las desapariciones generalmente están vinculadas al crimen organizado, pero de vez en vez, a las fuerzas del Estado. Las miles y miles de desapariciones son una tragedia silenciosa que ha sido denunciada y documentada a lo largo de los años: la mayoría de las víctimas son gente común, sin poder, fama o dinero. Sin embargo, los normalistas, hijos de campesinos, estigmatizados y criminalizados, contaban con la fuerza organizativa de sus internados y sus escuelas, con liderazgo y experiencia para afrontar la represión. Por ello reaccionaron rápidamente apenas unas horas después de los hechos, reagrupándose para encontrar a sus compañeros, creyendo que se encontrarían como en muchos otros operativos, detenidos en algún ministerio público. Aquella misma noche, en la madrugada y al día posterior denunciaron los hechos ante la prensa, exigieron saber donde se encontraban los normalistas detenidos, enlistaron sus nombres y activaron las redes de solidaridad y apoyo en Guerrero. De manera inusual las víctimas tenían voz y la alzaron rápidamente.

Como los ataques se realizaron casi hasta la media noche, la información de la agresión apareció hasta el domingo 28 en los diarios nacionales, aunque por redes sociales se viralizó desde el día anterior una imagen que horrorizó al país durante los días siguientes: el cadáver del normalista Julio César Mondragón con el rostro desollado, asesinado esa noche, después de huir en solitario.

Es hasta el lunes 29 que circuló un número impreciso de más de 50 normalistas desaparecidos. Ese mismo día se trasladaron a Acapulco a los agentes municipales presuntamente involucrados en las detenciones. Los padres de los desaparecidos comenzaron una frenética búsqueda de sus hijos. El gobierno del Estado de Guerrero aseguró que también los buscaba intensamente. Habían pasado ya 48 horas vitales después de la desaparición. El martes 30 una masiva movilización en Chilpancingo exigió juicio político al gobernador Ángel Aguirre, del PRD, el mismo responsable de la represión que había sufrido la normal en 2011. Las protestas terminaron con destrozos en el Congreso del Estado. Se había desatado la furia de los normalistas sobrevivientes y de las organizaciones sociales de ese estado, desesperados por no conocer el paradero de los estudiantes.

En la crisis abierta por las desapariciones explotó una reacción social no sólo de los estudiantes sino de los guerrerenses y sus organizaciones populares, magisteriales y campesinas que en las siguientes semanas bloquearán carreteras, prenderán fuego a instalaciones y vehículos, tomarán radiodifusoras y lanzarán bombas molotov. Esa beligerancia se sustentó –a diferencia de las miles de desapariciones en todo el país- en la certeza de que fueron elementos de las fuerzas del orden quienes capturaron a los normalistas. No había duda de ello, debido a que todos los estudiantes sobrevivientes al ataque confirmaron que fueron las policías del Estado quienes se los llevaron aquella noche. Reapareció por eso muy pronto la consigna histórica que desde la década de los setenta, en medio de la llamada “guerra sucia”, exigía la devolución de los desaparecidos por el Estado: VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS.

La Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional exigieron aclarar las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya e Iguala, llevando el escándalo a nivel internacional. Los dos casos se superponían, haciendo evidente la crisis de violaciones a los derechos humanos que involucraba directamente a las fuerzas del orden del Estado mexicano.

Al siguiente día, el primero de octubre, apareció en los medios el posible vínculo de las policías de Iguala con el narcotráfico. El presidente Peña Nieto llamó al gobierno de Guerrero a asumir su responsabilidad. Es obvio por esa y otras declaraciones del Ejecutivo Federal que intentaba no ser involucrado. Se provocó un problema entre poderes cuando el Gobernador Aguirre y su partido, el de la Revolución Democrática, declararon como inaceptable que Peña eluda su propia responsabilidad por la violencia generalizada en el estado. El alcalde y jefe policiaco de Iguala se dieron a la fuga fortaleciendo la hipótesis de su complicidad con el crimen organizado. Es probable que Ángel Aguirre rehuyera afrontar el caso por los antecedentes represivos del que es responsable y por lo cual los normalistas lo señalaban. Es factible a su vez que Enrique Peña Nieto quisiera acotar el caso Ayotzinapa a una dimensión local, para no hacer frente de manera simultánea a la crisis del caso Tlatlaya, que el mismo 30 de septiembre tenía ya como acusados a tres militares por homicidio, bajo la mirada de organismos internacionales de derechos humanos y con la creciente irritación de los militares por los procesamientos judiciales.

Esta secuencia de deslindes de responsabilidad y descoordinación política entre poderes y entre partidos provocaron la desconfianza generalizada. Involucramiento en el ataque o negligencia estatal para responder a la tragedia, eran dos posibilidades que atravesaban las consideraciones y los discursos de los movilizados durante los siguientes meses. Pero también, los gobernantes mostraban de forma patente mezquindad y cinismo inaceptables al anteponer su preocupación de no ser culpados antes que responder a la emergencia de las desapariciones.

Los estudiantes en Ciudad de México movilizados el 2 de octubre declararon su apoyo a los normalistas. Obispos mexicanos condenaron el ataque y las desapariciones. Se realizó una primera movilización de protesta internacional en Londres el 3 de octubre. Los estudiantes del Politécnico, ya movilizados por sus propias demandas, exigieron la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa en la Secretaría de Gobernación en la capital de país. Sin embargo, fuera de Guerrero todavía no había protestas callejeras.

El punto de inflexión llegará entre el 4 y el 6 octubre cuando se descubrieron en Iguala fosas clandestinas con restos humanos de una treintena de personas, varias de ellas incineradas. La historia de horror de Ayotzinapa se recrudeció: no sólo había sido un violento ataque policial que dejó muertos y heridos. El fiscal de Guerrero declaró que el director de seguridad pública municipal de Iguala fue quien dio la instrucción de detener a una parte de los estudiantes y un sujeto, apodado El Chucky, de la organización criminal Guerreros Unidos ordenó a los policías asesinarlos. En un video de cámaras de seguridad en las calles de Iguala difundido en los medios se podía ver, apenas unos segundos, a los estudiantes en la parte trasera de camionetas de la Policía de Iguala pasar rápidamente para luego perderse en la oscuridad.

Frente a estas relevaciones, algunos empezaron a reaccionar en la capital del país. Un núcleo de activistas de las universidades públicas que habían participado en el #YoSoy132 envió una propuesta a los padres de los desaparecidos a través de las organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañaban: llamar a la movilización central en Ciudad de México hacia el zócalo. Colectivos y organizaciones capitalinas consultados por los universitarios dudaban de la iniciativa. En medio del torbellino represivo en el país, muchas protestas habían fracasado y les recomendaron prudencia para la convocatoria. Los estudiantes valoran en cambio que, como en otras emergencias nacionales, la denominada sociedad civil podría responder al llamado. Evaluaban además que la convocatoria debía hacerse -como en el 132- a través de las redes sociales. Intuyeron que las desapariciones habían indignado a muchos, recibieron el visto bueno de los padres para realizar la protesta y con eso comenzó una espiral de movilización. Colocaron un cartel en Facebook y twitter que demandaba justicia y tres ejes de lucha: presentación con vida de los desaparecidos, castigo a los asesinos y apoyo total al normalismo rural. En cuestión de minutos la convocatoria comenzó a viralizarse. Se multiplicó de manera exponencial con cientos, miles de comentarios de los propios internautas que escribieron mensajes de empatía con los normalistas. Se había atacado a los pobres, a los jóvenes, a los que luchaban por sus derechos. En Ayotzinapa las víctimas de desaparición forzada no sólo tenían voz a través de su organización, también tenían rostro: eran estudiantes que querían ser maestros de escuela. La represión contra los estudiantes en Tlatelolco de 1968 fue evocada una y otra vez. La asimetría de poder y el grado de crueldad provocaron en miles empatía, compasión y solidaridad con quienes habían sufrido un acto insoportable.

Esos cientos de personas que compartían el llamado a protestar expresaron un rechazo profundo a la negligencia del Estado para encontrarlos, a la corrupción demostrada por un aparato estatal infiltrado por el narcotráfico y se horrorizaban ante la posibilidad de que hayan sido asesinados. El ataque y desaparición contra los normalistas fue un agravio intolerable, un punto de quiebre de la relación entre Estado y sociedad.

Las redes sociales sancionaron a través de la multiplicación del cartel el enjuiciamiento por parte de la multitud indignada de todo un conjunto de poderes públicos. Entre las exclamaciones de la gente se registraban las siguientes: ¡Basta de narcopoder! ¡Hay que demandar justicia! ¡Esta catástrofe no puede quedar impune! ¡alcemos la voz contra el horror de Estado! ¡gobernantes corruptos… ¡Gobiernos de criminales! ¡Gobierno asesino! ¡el enemigo es el gobierno! ¡Deben renunciar!

La conmoción de Ayotzinapa se había convertido en solidaridad pero también en indignación. Muy pronto, en las calles, se convertirá en furia.

Fue el Estado

Era una marea humana. La avenida Reforma se llenó de luz por las antorchas y velas de la multitud en la noche del 22 de octubre. “Una luz para Ayotzinapa” convocó a miles y miles de personas en la capital del país. Marcharon desde el Ángel de la Independencia al zócalo ciclistas, monjas, músicos, performanceros, jubilados, padres y madres con sus hijos sobre los hombros o en brazos, organizaciones indígenas, populares, ambientalistas, de trabajadores, defensoras de los derechos humanos y, en especial, estudiantes. Miles de ellos. Parecía que sus escuelas se habían vaciado por completo para verterse en las calles. Desde los pequeños centros públicos como el Colegio de México o la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hasta los bachilleratos y Escuelas del Instituto Politécnico Nacional. Estaban ahí de nueva cuenta el numeroso contingente de la Universidad Iberoamericana, donde comenzó el #YoSoy132 y todas las sedes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Las facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México llevaban cada uno contingentes con mil, 2 mil y, en ocasiones, hasta 5 mil manifestantes cada una. Encabezados por numerosos, disciplinados y militantes desfilaban los contingentes de las Escuelas Normales Rurales de varias partes del país.
La leyenda ¡AYOTZINAPA VIVE! quedaba grabada con aerosoles en el piso, parabuses, vitrinas de comercios, paredes, pancartas, mantas. El conteo emblemático que va del 1 al 43 para terminar gritando ¡Justicia! se coreaba en cada contingente una y otra vez, como se repetía en actos públicos y espectáculos, en escuelas, misas y las protestas que se sumaban en todo el país.

La presentación con vida de los desaparecidos se había convertido en un clamor nacional e internacional. Eran las más grandes movilizaciones desde la Marcha del Color de la Tierra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 2001 y las encabezadas por Andrés Manuel López Obrador entre 2004 y 2006. Los movilizados por Ayotzinapa se contaban en esos meses por millones. Desde Barcelona hasta Buenos Aires, desde Londres hasta Santiago pasando por Nueva York, las protestas se sumaban a las de un centenar de ciudades en México: Toluca, Irapuato, Tapachula, Ciudad Juárez, Palenque, Morelia, Zacatecas, San Cristóbal, Querétaro, Chihuahua, León por sólo mencionar algunas. Por supuesto destacaban las marchas y protestas masivas. Pero también se realizaban oraciones y ayunos, actos artísticos, performances, lectura de poesía, veladas, protestas en embajadas, firmas de cartas y pronunciamientos, foros y actos políticos.

En la mayoría de ellos había pases de lista con los nombres de los 43 desaparecidos; en las escuelas, se colocaban, en 43 pupitres vacíos, carteles con sus rostros; en las redes sociales aparecían innumerables intervenciones artísticas sobre las fotografías de los estudiantes desaparecidos, que luego se colocaban en instalaciones con sus nombres en muros, plazas, salones e iglesias. Es como si diciendo sus nombres la esperanza de encontrarlos vivos no se apagara. Como si repetir los nombres de los normalistas desaparecidos fuera un símbolo para reivindicar a los miles que no se conocían. Enunciar y evocar a los normalistas, pareciera representar todo el dolor reunido en años de violencia, asesinatos y desapariciones en México. Pero también, cada imagen, cada semblante, pareciera estar ahí para recordar la infamia de lo que ha sucedido, para indignar a cada manifestante y empujarlo a seguir exigiendo justicia:

1)Felipe Arnulfo, 2) Benjamín Ascencio, 3) Israel Caballero 4) Abel García, 5) Alen Gaspar de la Cruz, 6) Dorian González Parral, 7) Luis González Parral, 8) Magdaleno Lauro 9) José Luna, 10) Mauricio Ortega, 11) Jovany Rodríguez Tlatempa, 12) Abelardo Vázquez, 13) Adan Abraján de la Cruz, 14) Tomás Colón, 15) Ángel Francisco Arzola, 16) Lorenzo Hernández, 17) Israel Jacinto, 18) Julio César López Patolzin, 19) Ángel Navarrete, 20) Marcial Baranda, 21) Miguel Mendoza, 22) Alexander Mora, 23) Bernardo Flores, 24) Ángel Abarca, 25) Jorge Álvarez, 26) José Campos, 27) Aníbal Cruz, 28) Giovanni Galindes, 29) Jhosivani Guerrero de la Cruz, 30) Cutberto Ortiz, 31) Everardo Rodríguez, 32) Alfonso Rodríguez, 33) Getsemany Sánchez, 34) Jonás Trujillo, 35) Eduardo Bartolo Tlatempa, 36) Leonel Castro, 37) Miguel Hernández 38) Iván Ramírez, 39) Antonio Tizapa, 40) Antonio Santana, 41) Marco Gómez, 42) César González y 43) Saúl Bruno.

A pesar de que el movimiento era evidentemente multisectorial y además tanto nacional como internacional, tenía dos epicentros: el primero en Guerrero, encabezado por los normalistas y por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de ese estado (CETEG) que formaron la Asamblea Nacional Popular (ANP) con más de medio centenar de organizaciones. Movimientos de tradición radical y discurso clasista y revolucionario conducían un verdadero terremoto sociopolítico en el Estado, un sacudimiento que dejaba entrever tintes insurreccionales. Se tomó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, demandando la desaparición de poderes y la renuncia del gobernador así como el castigo al prófugo José Luis Abarca, alcalde de Iguala por el PRD; se tomaron bancos, comercios, ayuntamientos; se propuso tomar todas las presidencias municipales del estado; se quemó la sede del PRD en Guerrero y, finalmente, ardieron el palacio de gobierno y la alcaldía en Chilpancingo. Había protestas en Apango, Tlapa y una enorme y pacífica movilización en Acapulco entre muchas otras ciudades y poblaciones. Guerrero parecía ingobernable: la ANP evidentemente atizó un alzamiento popular, que tuvo cierto eco en ese estado pero no en el resto del país. Los normalistas se preguntaban porqué en Ciudad de México no había comenzado la revuelta y presionaban a los estudiantes metropolitanos para que se radicalizaran.

En la capital del país había una trayectoria política y socioeconómica muy distinta a la de Guerrero. Gobernada desde hace tres lustros por la izquierda institucional, con la riqueza económica concentrada de México y con las organizaciones radicales a la zaga, era además el epicentro del naciente Morena que dirigía las energías de sus militantes por vías electorales y pacíficas. La capital, aunque indignada, mantuvo sus protestas dentro de una órbita más sosegada aunque no sin tensiones y con multitudes cada día más enojadas. Una conductora de un programa televisivo de noticias parecía comprenderlo cuando dijo que el presidente Peña Nieto, cada día que pasaba sin conocerse el paradero de los normalistas, tenía una bomba de tiempo en las manos sin desactivar.

Y es que no había un solo noticiario televisivo, radiofónico, digital o impreso que no siguiera las protestas y las indagatorias para ubicar el paradero de los normalistas. Nueve de cada 10 mexicanos conocía de las desapariciones de los estudiantes en Iguala. Si abajo había indignación, arriba había preocupación porque Ayotzinapa crecía como marea popular (en ciudad de México se pasa de 25 mil a 100 mil manifestantes entre el 8 de octubre y el 5 de noviembre y siguió en ascenso) y como presión política internacional: La ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y hasta Estados Unidos pidieron aclarar el caso de Iguala. El escándalo de Tlatlaya había manchado al Ejército, acusado desde hace años de violaciones a los derechos humanos y tortura en su actuación en las funciones policiales en la guerra contra el narcotráfico. El descubrimiento de más fosas con innumerables cadáveres en Iguala develó el desbordamiento total de la crisis de derechos humanos y del crimen organizado. Para rematar, a mitad del mes de octubre se hizo público que se investigaba a altos mandos del Ejército de la 22ava zona militar por su presunta implicación, omisión o colusión en el caso de las desapariciones de los estudiantes. Al siguiente día de las enormes movilizaciones del día 22, finalmente, cayó el gobernador de Guerrero a la manera mexicana: “pidiendo licencia de su cargo”, es decir renunciando sin hacerlo formalmente.

El epicentro secundario del terremoto social de protestas y movilizaciones en México y en el mundo era por supuesto la capital del país, donde operaban dos núcleos de articulación de las movilizaciones. El primero de estos era la Plataforma de Solidaridad con Ayotzinapa, una convergencia de organismos civiles y de derechos humanos, donde se integraron el puñado de universitarios de varias agrupaciones y sin organización que llamaron a la primera protesta en la ciudad. Desde ese espacio y con una fuerte influencia de tal grupo de activistas, se convocó a los llamados “Días de Acción Global por Ayotzinapa”, los cuales buscaban articular en un solo día todas las expresiones de presión y repudio a nivel nacional e internacional. Estas acciones vertebran una primera fase de la acción multitudinaria en las tres primeras fechas de movilización global. Pero en la capital se formó también rápidamente un movimiento estudiantil que activó, una a una, masivas asambleas en cada facultad, escuela o centro de estudio. Los estudiantes fueron la columna vertebral de las movilizaciones en la Ciudad de México y se reunieron en una “Asamblea Interuniversitaria” (AI), como eco no tan lejano del #YoSoy132. Reverberación también cristalizada en una generación de activistas en todas las escuelas que participaron en ese movimiento y ahora tenían que afrontar la responsabilidad muchas veces de dirigir asambleas desbordadas por una participación estudiantil inédita, explicable por la indignación y por la empatía con los estudiantes normalistas.

Un día después de la primera reunión de EPN con los padres de los normalistas recibí una llamada de un compa de lucha que falleció hace poco, Javier Bautista, comentándome que los padres de los normalistas iban a estar en varias universidades y preguntando si se podría abrir el espacio en el Colmex. Dije que sí y los compañeros de la escuela organizamos el evento en unas pocas horas, en un sábado 31 de octubre.

Ese día tuve que moderar. La audiencia escuchó en silencio, respetuosa y en pleno llanto las palabras de tres padres y dos normalistas que los acompañaron. Recuerdo que me impactó lo cansados que se veían sus ojos, y los pies que salían de los huaraches maltratados. Don Bernabé reveló ese día que el gobierno le había ofrecido 100 mil pesos por dejar de buscar a su hijo. Don Clemente contó que la última vez que había visto a su hijo le había dicho “Te quiero”. Buscó la cámara de los reporteros y sus cámaras y le envió un mensaje a su hijo Christian Rodriguez Telumbre “Si mi hijo me está viendo, si me está escuchando, le digo desde aquí que voy por él”. El 5 de julio de 2020 le informaron a Don Clemente, en su casa en Tixtla, que el laboratorio forense en Innsbruck había identificado como perteneciente a Christian un resto óseo hallado en la Barranca de la Carnicería en el Ejido de Cocula.

Durante ese primer encuentro con los familiares, un 20 de octubre, me mantuve ecuánime. A los padres les quedaba un largo día en otras universidades, y años más sin encontrar justicia, pero a los presentes en el Colmex pudimos dar por terminada la tarde. Le di un aventón a un par de compañeras, y luego conduje a recoger a mi mamá después de una junta. Mi mamá, como dos de mis tíos, estudiaron para maestros en la Escuela Nacional de Maestros, una normal urbana pero que comparte diversos rasgos políticos con las normales rurales: mis tíos y mi mamá todos fueron activistas socialistas en esos años, y el año que yo nací estuvieron involucrados en uno de los mayores movimientos magisteriales en México. Cuando llegamos a casa de mi madre ya estaba entrada la noche. Sólo entonces pude hablar de lo que había presenciado, y mi mamá y yo rompimos en lágrimas descontroladas.

Israel, Asamblea del Colegio de México

Entre esa asamblea y la primer movilización, nos organizamos en decenas de brigadas recorriendo salón por salón ambos turnos. No hubo un solo profesor que se negara a interrumpir sus clases para que se hablara del tema y se invitara a toda la comunidad a la marcha y a las asambleas. Aún en periodos tan intensos de movilización como en 2012 con el movimiento #YoSoy132, no era comparable el compromiso y la energía de lxs compañerxs para convencer a cada miembro de la escuela sobre lo crucial que era no permitir que lo ocurrido en contra de los normalistas de Ayotzinapa se quedara en un episodio más de impunidad. Las capacidades de los colectivos que existíamos desde antes de esa coyuntura, era rebasada por un alud impresionante de voluntades dispuestas a hacer todo por empujar a la universidad a la calle para exigir la presentación con vida de los desaparecidos.

Los días transcurrían y a diferencia de otras coyunturas la efervescencia de la movilización ascendía. No había pared de la universidad sin pintas o carteles, las asambleas eran cada vez más masivas, había una intención colectiva por llenar los días de actividades para fortalecer las acciones centrales de la asamblea interuniversitaria, así como en reunir recursos para las brigadas de estudiantes de Ayotzinapa y para los padres y madres de los desaparecidos que se desplazaban a la CDMX. En el periodo de septiembre y octubre pasamos de asambleas de 200 o 300, a más de mil compañerxs que semana a semana nos reuníamos para decidir las acciones a seguir. En plazas y jardines llenos de compñerxs, deliberamos parar cada vez que se nos convocó sin mayores disensos. Los pocos intentos por revertir la inercia de paros y movilizaciones vinieron de estudiantes de Medicina o QFB que acudían en grupos grandes tratando de boicotear las discusiones, pero la legitimidad de la demanda era tan grande que se terminaban convenciendo y subordinando a la voluntad de la asamblea. No había argumento que nos convenciera de no quemar las naves.

Luis, Asamblea de la UAM Xochimilco

Tanto en la Plataforma como entre los universitarios reunidos en asamblea hubo debates interminables y deliberaciones que revelaban la profundidad de la reflexión y la capacidad de análisis político de los jóvenes mexicanos. En la Plataforma, que llegó a aglutinar un centenar de organizaciones, había desacuerdos respecto a cómo caracterizar el régimen y sobre todo, señalar a los responsables. Unos se inclinaban por “narcoestado” y otros por “narcopoder”, ya que algunos organismos afirmaban que quizá el Estado mexicano en su conjunto operaba ya de manera criminal; en cambio, otros reconocieron que la degradación estatal era muy profunda aunque no se podía confirmar hasta qué niveles operaba el narcotráfico. Otros de plano asumían que el “terrorismo de Estado” explicaba las desapariciones, discurso que no convencía a casi nadie porque no pareciera explicarse un móvil estrictamente represivo o político en las desapariciones. Mientras que en Guerrero la ANP señaló rápidamente al gobernador como responsable, el Ejecutivo Federal y Estatal empujaban para responsabilizar solamente al presidente municipal y las policías locales rehuyendo la propia. El modo de señalar a los culpables y nombrar lo sucedido era también un problema en las calles. Una pancarta del 22 de octubre decía: “Ayotzinapa. Ni omisión de Estado ni crimen de Estado: terrorismo de Estado”. Otra más sostenía la leyenda: PRI+PAN+PRD= narcoestado. En la Primera Asamblea Interuniversitaria realizada el 10 de octubre se formulaba otra caracterización. En su minuta de acuerdos de una veintena de escuelas, influida por la propia minuta de la Asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, podía leerse:

Consideramos que el crimen de Ayotzinapa es un crimen de Estado cuya responsabilidad, por acción u omisión, corresponde a los tres niveles de gobierno y sus instituciones, integrados por los distintos partidos en el poder […] La masacre de Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos, perpetrada bajo los métodos más crueles y sanguinarios de un régimen cada vez más autoritario en contubernio con el narcotráfico, es un crimen de estado que no debe quedar impune.

La síntesis que hacía la Asamblea Interuniversitaria incluía la interpretación que muchos tenían en la cabeza: aunque todos desconfiaban de todos los niveles de gobierno por su posible relación con el crimen organizado, todos sabían también que la responsabilidad de protección del Estado en Ayotzinapa no se había cumplido. Responsabilizar a los tres niveles de gobierno fue uno de los ejes del movimiento estudiantil. Se señaló la complicidad directa del alcalde, así como la represión ya sufrida por los normalistas por el ataque directo del gobernador en 2011; además se aludía a la tolerancia de éste, al menos por omisión a la actuación del alcalde. En ese momento, el señalamiento al Poder Ejecutivo era difuso en torno de las desapariciones, pero la responsabilidad de éste se traslucía en la política de desmantelamiento del normalismo y en la negligencia para abordar la emergencia.

Otras asambleas estudiantiles habían realizado interpretaciones similares, destacando además la corrupción de todos los partidos políticos gobernantes así como la prolongada historia de represión en Guerrero. Empero, la formulación de todo ello en consignas o denuncias más sencillas y comprensibles parecía complicarse debido a la complejidad interpretativa que los estudiantes querían expresar. Una multitudinaria asamblea en Ciudad Universitaria convertida en mitin político con más de 10 mil estudiantes a mitad de octubre, señalaba al sistema político mexicano y no sólo a los responsables materiales de los asesinatos y desapariciones en el discurso central de los estudiantes:

Vivimos un régimen político que profundiza un proceso autoritario, represivo, antidemocrático, corrupto. Que practica la violencia de Estado para intentar acallar las voces que nos alzamos y decimos basta. […] Vivimos un régimen político que nos pinta la privatización y el despojo como progreso, la manipulación mediática como libertad, la crisis institucional como modernidad […] Una política implementada por los tres niveles de gobierno tiene un costo hoy lamentable […] esta es la primera jornada de lucha y la primera advertencia al gobierno: ¡Presenten con vida inmediatamente a nuestros compañeros normalistas!

Y es que los meses de crisis política por las desapariciones y las multitudinarias e inusitadas asambleas universitarias, las protestas en todo el país, el debate nacional en los medios, parecieron develar en aquel momento la situación intolerable que vivía México: la crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos, el escándalo de Tlatlaya, las reformas estructurales, la represión a los movimientos sociales, el privilegio empresarial en el ecocidio del río Sonora, la corrupción abierta de los gobernantes coludidos de una u otra forma con el crimen organizado y la ineptitud para afrontar la emergencia.

Pero también los responsables de cada nivel de gobierno y de cada partido político por el caso particular de Ayotzinapa eran claramente señalados: el PAN y el expresidente Felipe Calderón, por haber iniciado la guerra; el PRD por gobernar Iguala y Guerrero de manera criminal y represiva en cada caso; y al PRI por conducir al país de manera despótica, tratar de desmantelar al normalismo y, en especial, por ser incapaz de encontrar a los estudiantes desaparecidos. La crisis era total.

En la movilización “Una Luz por Ayotzinapa”, la Plataforma de Solidaridad emitió un discurso condenatorio mucho más fuerte y preciso que al inicio de las protestas. Leído en un zócalo abarrotado, con la presencia de los padres de los desaparecidos, hacía señalamientos claros:

Estamos en esta plaza para señalar con todas sus letras al ESTADO MEXICANO como responsable de lo sucedido en Ayotzinapa […] es necesario recordar que fueron policías, no narcotraficantes quienes se llevaron a nuestros estudiantes. Fueron autoridades locales, de partidos políticos nacionales quienes dieron la orden de llevárselos, no los grupos criminales. Fueron además, autoridades del Estado de Guerrero, fuerzas militares y hasta instituciones federales quienes no actuaron cuando ya tenían conocimiento de lo que sucedía en Iguala. Y fueron partidos e instituciones quienes toleraron por acción u omisión a políticos y empresarios ligados al crimen organizado que dieron la orden de llevárselos […] AYOTZINAPA ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO y exigimos JUSTICIA.

A pesar de la contundencia de esas palabras, no era sobre el templete de oradores donde se desarrollaba el acontecimiento principal de ese día. Un puñado de universitarios, activistas, artistas y ex integrantes del #YoSoy132, aglutinados en un colectivo llamado Rexiste decidió realizar una intervención político-artística en la plancha del zócalo capitalino, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo Federal y donde convergía la protesta de ese día. Llevaron a cabo una pinta monumental en el piso. El mensaje -escrito con pintura blanca sobre la plancha oscura de la plaza- fue fotografiado desde los edificios aledaños por la prensa; comenzó al siguiente día a darle la vuelta al mundo y se convirtió en un hashtag en las redes sociales. La frase lapidaria resumía las discusiones políticas y se convirtió en una formulación comunicacional comprensible para todos, para señalar la responsabilidad, por acción u omisión de los tres niveles de gobierno. La frase, convertida en slogan, denuncia o consigna, fue reproducido por miles y miles de manifestantes e internautas: FUE EL ESTADO.

Más de 100 mil manifestantes protestaron nuevamente el 5 de noviembre en la capital de país, 80 centros educativos pararon labores, junto a cientos de protestas una vez más en México y en el mundo bajo la convocatoria de un nuevo día de acción global llamado: Ayotzinapa: FUE EL ESTADO. El juicio de la multitud se había dado y el Estado era culpable.

El gobierno federal, sin embargo, anunciaba que informaría sobre los normalistas desaparecidos el 7 de noviembre. La atención nacional estaba puesta en esa conferencia encabezada por el responsable de la investigación, el Procurador General de la República, Jésus Murillo Karam. Era tal la expectativa que varias asambleas universitarias se convocaron para escuchar la explicación del Ejecutivo Federal. La historia que narró horrorizó al país. Según la versión oficial tres miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos” que fueron detenidos, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. Los habrían ultimado en un basurero de Cocula para luego incinerar sus cuerpos, encendiendo una pira que fue mantenida con guardias y relevos durante 14 horas (desde la noche del 26 de septiembre, hasta las 2 de la tarde del día siguiente) arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña y plástico. Posteriormente recibieron la orden de fracturar los restos de los huesos calcinándolos para ser depositados en bolsas negras, que fueron vaciadas en el río San Juan. “Esa es, la verdad histórica” diría el procurador, meses más tarde, defendiendo además que los hechos no implicaron un crimen de Estado, pareciendo responder al juicio de las calles: “Iguala no es el Estado mexicano” sentenció en aquel momento.

Fue sintomático lo que ocurrió en una de las asambleas de la UNAM. Los asistentes estaban conmocionados ante la narrativa de la “verdad histórica”. Pero conforme seguía la conferencia, se expresaron algunos gritos y expresiones entre los estudiantes: ¡No puede ser! ¡todo encaja demasiado! ¡algo ocultan! ¡asesinos!. Se escuchaban, además, algunos sollozos.

El 7 de noviembre durante un paro estudiantil prendimos las bocinas para escuchar la conferencia de prensa del procurador general de la república Jesús Murillo Karam, donde anunciaba la llamada “verdad histórica”, maestros, estudiantes y trabajadores escuchábamos en silencio como el estado mexicano trataba de sepultar el caso y enterrar en el cementerio de la impunidad a lxs compañeros de Ayotzinapa. Era imposible contener la rabia, el llanto se manifestaba en muchos compañerxs. Bastó el grito de un solo compañero para que se buscara desahogar la rabia y sin pensarlo mucho corrimos a cerrar periférico y las avenidas más próximas de la universidad, se improvisaron barricadas con sillas y mesas y se les prendió fuego. Nos avisaban que en varias escuelas ocurrían movilizaciones similares. Era más grande la indignación que cualquier cálculo o temor a la represión.

Las paredes de la universidad se llenaron de murales y pintas, algunos de esos registros permanecen y nos recuerdan hasta el día de hoy que la exigencia de presentación con vida de los compañeros de Ayotzinapa es una demanda viva, a la espera de una chispa que encienda nuevamente la rabia de la sociedad en la búsqueda de verdad y justicia.

Luis, Asamblea de la UAM Xochimilco

Hay que destacar también que la verdad histórica no explicaba las razones de las policías para entregar a los estudiantes a Guerreros Unidos. La desconfianza y sospecha de que la verdad había sido tergiversada se fue instalando intuitivamente, atizada por la hipótesis de un posible encubrimiento al Ejército en los acontecimientos. Pero fueron los padres de los desaparecidos quienes fortalecieron esa posible interpretación cuando rechazaron la versión oficial ante falta de evidencias más contundentes.

Hoy sabemos que la desconfianza de los padres, de las asambleas universitarias y del movimiento por la presentación de los desaparecidos no era infundada. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con los padres y el Estado mexicano, emitiría un año después un informe en el cual unos especialistas afirmaban que, dadas las condiciones de Cocula, las cremaciones no pudieron darse en el basurero como señalaron los testimonios. Aún más, en 2022 un nuevo reporte del GIEI demostró con material videograbado que la escena del crimen había sido modificada por la Procuraduría General de la República, lo que potencialmente implicaba un montaje. En un reporte previo, especialistas en criminalística descubrieron en la investigación oficial la omisión de la investigación sobre la toma de un quinto autobús por parte de los normalistas. Los expertos internacionales propusieron una hipótesis que subsanaba además la omisión del móvil en las conclusiones de la “verdad histórica”: el ataque pudo ser perpetrado por el trasiego de drogas en los autobuses -que los normalistas desconocían- y de cuya existencia sabían no sólo los cuerpos de investigación locales sino, también, el Ejército. Todo ello desmoronaba por completo la “verdad histórica” y mostraba que la investigación oficial estaba orientada a tergiversar los hechos.

Sin embargo, en noviembre de 2014, sin conocerse aún todos esos hallazgos posteriores, la explicación institucional simplemente no pareció convincente, se dudó de la “verdad histórica” y se desató la reacción popular ese mismo día, tanto en Guerrero, como en Ciudad de México.

Nos convocó la rabia y la indignación de un hecho imperdonable. La infamia y lo macabro de aquella noche de terrorismo estatal tocó una de nuestras fibras más sensibles, la memoria histórica. Lo que habíamos leído en nuestros libros parecía repetirse frente a nuestras narices. Iguala se convirtió así en nuestro Tlatelolco. De forma que las emociones fueron tan profundamente intensas que trastocaron nuestra humanidad, en particular, me atrevería a decir, la de los pequeños núcleos de militantes; puesto que era un ataque directo y despiadado contra nuestros compañeros, con quienes nos reuníamos anualmente para coordinar las marchas del 10 de junio y del 2 de octubre. Compañeros quienes siempre habían estado ahí, solidarios, junto con el magisterio democrático, siendo referentes de las mejores tradiciones del normalismo rural comunitario.
Luego, tomamos las calles y la respuesta fue exponencial. Los contingentes eran desbordantes. Por ejemplo, salir a marchar desde el campus central de la UNAM tomaba su tiempo pues implicaba transportar una fuerza movilizada de miles estudiantes. Un solo convoy del metro era insuficiente para el contingente de una sola facultad. Simplemente no cabíamos en los andenes de metro Universidad y Copilco y había que hacer fila para acceder. En pocos días habíamos cambiado de escala y ahora nos contábamos por miles. Fueron semanas muy intensas en las que las actividades asamblearias irrumpieron en la normalidad. Nada volvió a ser igual. Cientos y quizá miles de acciones diarias se realizaron en las diferentes geografías de nuestro país, sin olvidar la enorme solidaridad internacional que roció de vitalidad a la movilización y la cobijó, puesto que todas esas voces internacionales lograron evidenciar la inmundicia gubernamental y la profundización de su crisis institucional.

Max, Asamblea de la Facultad de Ciencias, UNAM

El incendio

n manifestante gritaba hacia las puertas del Palacio Nacional como si arengara a la multitud contenida detrás de las vallas que lo protegen. Casi a contraluz, en perspectiva, se veía el humo provocado por varias bombas molotov y a cientos de personas enardecidas frente a la puerta. La fotografía publicada en los diarios europeos parecía retratar una insurrección. Era la noche del 7 de noviembre, después de la conferencia oficial sobre el paradero de los estudiantes. Minutos después de capturada la imagen, las vallas cedieron y cientos de manifestantes, en especial jóvenes, se abalanzaron sobre la puerta del Palacio, lugar emblemático del poder presidencial -a pesar de que Enrique Peña Nieto no residía en sus habitaciones.
Aunque la mayoría de las 15 mil personas que protestan esa noche lo hicieron de manera pacífica, un nutrido grupo comenzó a atacar el acceso al Palacio usando como ariete improvisado las mismas vallas que cayeron unos minutos antes. Algunos jóvenes lograron prender fuego a la puerta. La pequeña multitud festejó las llamas coreando ¡FUE EL ESTADO! y ¡ASESINOS! Pero también ¡Fuera Peña! La policía antimotines dispersó violentamente a esos manifestantes y realizó numerosas detenciones. La imagen de la puerta ardiendo se reprodujo en los noticieros de todo el país y el propio presidente condenó los hechos diciendo que la violencia no se justificaba. Unos días antes una estación del metrobus próxima a la Ciudad Universitaria había sido incendiada por jóvenes encapuchados.

Casi de manera simultánea unos 600 normalistas de varias partes del país, en Guerrero, al grito de ¡Asesinos! apedrearon el Palacio de Gobierno del estado, volcaron una decena de vehículos y les prendieron fuego. Los movimientos guerrerenses exigieron la renuncia de Enrique Peña Nieto entre diversas protestas en las siguientes semanas que incluyeron la quema del Congreso de Guerrero encabezada por la CETEG y la sede del PRI en la entidad, así como el bloqueo del aeropuerto de Acapulco por los propios padres de los desaparecidos que se enfrentaron a las fuerzas policiacas.

Pareció ser el momento más crítico para el presidente Peña Nieto ya que esa misma semana al caso de Tlatlaya y a las protestas incendiarias en Guerrero, se sumaba el descubrimiento a través de una investigación periodística publicada el 9 de noviembre, que el jefe del ejecutivo y su familia habitaba una millonaria mansión, construida por el Grupo Higa, una de las empresas que ganó licitaciones de megaproyectos en su gobierno y que cuando fue gobernador había levantado obras en el Estado de México. Un directo conflicto de interés que olía a corrupción. El escándalo era descomunal. El colapso de la credibilidad del presidente, absoluto e irreversible.

A pesar de que Peña Nieto se reunió con los padres de familia, llegando a varios acuerdos, éstos iniciaron el 13 de noviembre una caravana desde Guerrero a varias partes del país. Desde entonces los padres tomaron por completo el liderazgo de las movilizaciones y llamaron a que las caravanas convergieran en una gran protesta el 20 de noviembre en la Ciudad de México. Acudieron a plazas y universidades en varias regiones, agitando la indignación nacional y convirtiéndola en rabia. La crisis mexicana era tan intensa que el gobierno de Estados Unidos llamó a la calma por Ayotzinapa y el Papa Francisco se solidarizó con los familiares de las víctimas. La explicación de la incineración de los normalistas se discutió en medios, universidades, partidos y cámaras, considerándola poco convincente. Si la “verdad histórica” buscaba dar un cierre a la crisis política, sólo la había avivado. Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir la renuncia del presidente.

El sábado 15 terminó con el ingreso de fuerzas policiales de la capital a Ciudad Universitaria donde se enfrentaron con estudiantes. El acceso de los cuerpos armados a la universidad fue leído como una señal represiva y una provocación. El propio presidente en gira por China pareció amenazar cuando declaró, en alusión a las protestas incendiarias de Guerrero y en otras partes del país: “no podemos aceptar a aquellos que han recurrido al uso de la violencia, al ataque a las instituciones, a lo que ha construido la sociedad mexicana”.

La crisis política se extendió a otros partidos cuando Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial, exigió la renuncia del líder del PRD y de su comité ejecutivo nacional en pleno. El presidente del Banco Mundial pidió justicia para los 43 normalistas. El conflicto había llegado a su clímax.

Fue quizá por eso, o bien por la rabia acumulada, que el 20 de noviembre las caravanas de los padres fueron recibidas multitudinariamente en Ciudad de México por un cuarto de millón de manifestantes. El país se cimbró con la protesta central y las numerosas manifestaciones en 30 estados del país.

La Asamblea Interuniversitaria, después de un virulento debate, se había dividido en dos facciones, una apoyando la movilización pacífica y otra por realizar acciones contundentes. El debate no resuelto en el #YoSoy132 revivió, encabezado casi por las mismas escuelas en cada uno de los polos. Sin embargo, la votación final definió que los estudiantes se sumarían a las movilizaciones de manera pacífica. Aquellos que optaron por acciones más beligerantes fueron reprimidos en la mañana del 20 de noviembre y dispersos antes de la gigantesca movilización que llenará las calles de Reforma por la noche.

La asamblea de posgrados de la AI acudió a la marcha con un monigote monumental representando la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Miles y miles de manifestantes rodearon la figura cuando los estudiantes le prendieron fuego en medio de la plaza. Los gritos que exigían su renuncia, o simplemente ¡Fuera Peña! parecían revivir el movimiento antiPeña de 2012 y el #YoSoy132. El repudio popular al presidente era intenso, profundo y generalizado.

Hicimos de todo, salimos a las calles a repartir volantes y a hablar con la gente sobre lo que estaba ocurriendo en Iguala;organizamos cientos de asambleas (algunos compañeros me apodaron Laura Asambleas, porque siempre estaba ahí organizando y hablando); hicimos cientos de protestas en la ciudad con distintas aproximaciones: desde una rueda casino, videos, canciones, hasta la construcción de un muñeco de cartón gigante que emulaba al entonces presidente Enrique Peña Nieto para luego quemarlo en la plaza del Zócalo, imagen que aún queda plasmada en fotografías y hasta en la portada de un libro.

Recuerdo que la idea de hacer un muñeco gigante de EPN surgió en una asamblea a la que no asistió mucha gente, sin embargo, al redactar la minuta me pareció una gran idea que había que desarrollar, así que seguí insistiendo en la propuesta hasta que germinó el 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana. En conjunto con algunos compañeros nos dimos a la tarea de reciclar y pintar un muñeco gigante de alambre y cartón; logramos que se asemejara al presidente, y un artista involucrado colocó una nariz de payaso en la cara del muñeco dándole el toque final. El traslado del muñecote no fue cosa fácil, la estructura era pesada y sobrepasaba los 4 metros de altura; en el contingente de posgrado nos organizamos para llevar al muñeco de manera segura hasta llegar al Zócalo, pero en el inter mucha gente le aventaba basura, le trataba de pegar y pedía que se quemara sobre la calle, la rabia era mucha. En el Zócalo formamos un gran círculo, todos amarrados de los brazos para evitar que la gente entrara y se quemara, soltamos la gasolina y las llamas crecieron como una gigantesca pira. Los ojos de todxs ardían pero no dejamos de gritar consignas hasta que el último resto del payaso se incineró.

Laura Nieto, Asamblea de Posgrados, UNAM

Sin embargo, casi al concluir la enorme y más exitosa movilización desde que iniciaron las protestas, cientos de policías arremetieron con una agresividad inusual contra la multitud. Hubo numerosas detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos y acusaciones de asociación delictuosa, motín y hasta tentativa de homicidio. Era evidente, por las declaraciones previas del presidente días antes y del Jefe de Gobierno de la capital, que no se toleraría más el estado de movilización generalizada en el país. Miles de familias, ancianos y mujeres con niños en brazos fueron amedrentados. Había miedo en el ambiente.

Siete días después de la gigastescas protestas y dos meses después de las desapariciones, el presidente, en un inusual acto político, dirigió un mensaje a la nación. Flanqueado por los 32 gobernadores de todo el país y de los representantes de los partidos políticos en el Congreso de la Unión, simbolizando la unidad de la clase política y un cierre de filas en torno de la crisis, Enrique Peña Nieto remató su llamado al orden diciendo, “Todos somos Ayotzinapa”. El evento, donde expuso 10 propuestas para enfrentar la crisis de seguridad, fue un intento de regreso a la normalidad, de cierre de la crisis del régimen, de restauración de lo que, es evidente, se había quebrado. Del lado del régimen, la crisis de Ayotzinapa debía terminar. El mensaje indignó a los movilizados, “usted no es Ayotzinapa” le respondieron en las protestas que siguieron.

Sin embargo, las movilizaciones efectivamente comenzaron a menguar sea por los acontecimientos represivos, porque se acercaba el periodo vacacional, por el cansancio de muchas semanas de intensas movilizaciones o por la desesperanza de saber, quizá, a los normalistas muertos. El 1 de diciembre marcharon en la Ciudad de México 40 mil participantes y el 6 de diciembre sólo 10 mil. La multitud nacional e internacional se contrajo, pero los padres de familia siguieron su lucha incansable para conocer la verdad, lograr la justicia y conocer el paradero sus hijos desaparecidos. Las asambleas se achicaron hasta desactivarse por completo. Es como si el fuego de Ayotzinapa también las hubiera consumido.

Aunque las llamas de la indignación y el antagonismo provocadas por las desapariciones no se convirtieron en una crisis destituyente, pareciera que disolvieron la credibilidad no sólo del presidente sino de las instituciones estatales y de todos los partidos políticos que las habitaban. Esos meses implicaron una inflexión, un punto de quiebre para millones en el país. Se había roto lo que quedaba de confianza en la élite que gobernaba México, se dobló el sistema de autoridad cuando el cúmulo de agravios llegó demasiado lejos; la multitud movilizada juzgó como intolerable el sufrimiento de los normalistas y sus familiares, y junto con ellos, el del país entero. México después de Ayotzinapa y sus llamas, no volvería a ser igual.

Habían transcurrido menos de dos años desde la efervescencia del movimiento #YoSoy132 que, entre otras cosas, se había caracterizado por las movilizaciones “espontáneas”, con carteles que se viralizaban sin un origen claro, sin referentes que asumieran la responsabilidad de la convocatoria y sin un mensaje político claro. Al calor del momento, el primer consenso fue que no tenía sentido replicar esa dinámica y que, al contrario, debíamos buscar el más amplio respaldo de organizaciones para hacer público un llamado contra lo sucedido en Ayotzinapa.

Colaboramos en tender el puente con organizaciones populares y estudiantiles para proponerles lanzar la convocatoria a una movilización el miércoles 8 de octubre, a las 16 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Los tres ejes de la movilización se definieron casi de forma natural: en primer lugar debíamos levantar la exigencia de la presentación con vida y en segundo lugar era necesario hacer visible el reclamo de justicia; al mismo tiempo, la historia reciente nos había mostrado que no podía separarse este crimen del constante acoso en contra de las escuelas normales rurales, por ello la movilización debía manifestar su apoyo a las y los normalistas.

Ya para ese momento se habían llevado a cabo asambleas en diferentes escuelas que, además de respaldar la lucha de los politécnicos, discutieron planes de acción para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas; convergieron en una primera asamblea interuniversitaria el 10 de octubre, que permitió en adelante definir de forma coordinada la ruta de la movilización, a partir de balances compartidos y en una lógica de unidad. Los llamados a las acciones globales desde la plataforma de organizaciones de la sociedad civil potenciaron la capacidad de convocatoria.

Sin duda, los paros universitarios impulsados por las asambleas estudiantiles jugaron un papel de especial relevancia para promover la reflexión y la organización de las comunidades escolares. En su marco fue posible rearticular un movimiento estudiantil que se encontraba disperso después de intensos periodos de movilización en 2012 (#YoSoy132) y 2013 (en contra de la reforma educativa). Al mismo tiempo, esos antecedentes hicieron posible la respuesta masiva que todos y todas atestiguamos.

Muy probablemente un punto de quiebre fue la conferencia del 7 de noviembre de 2014, donde Jesús Murillo Karam relató la histórica mentira con la que pretendió encubrir los crímenes de las fuerzas armadas cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa. En mi facultad, la de Filosofía y Letras, nos juntamos para escuchar el relato y reunirnos en la asamblea que discutió un plan de acción ante la nueva información. La indignación fue inmediata, pues sin una sola prueba era imposible creer el cuento que estaba narrándose en televisión nacional. De forma unánime se decidió mantener la movilización.

Después de intensos momentos de represión, como el ocurrido el 20 de noviembre, el final del año llegó dispersando irremediablemente la fuerza que se había acumulado. La desesperación de llegar a asambleas cada vez más pequeñas y mirar cómo la normalidad se impuso de forma inexorable, se contrarresta evocando la vida de Raúl Álvarez Garín, líder estudiantil en 1968: la lucha por la justicia es de largo aliento y la memoria es una batalla que no podemos dejar de pelear. Gracias a la constancia de las madres y los padres de los 43, más temprano que tarde conoceremos la verdad y llegará la justicia.

Atzelbi, Asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

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