En este caso se demostró el patrón de continuidad de la utilización de las instituciones fundamentales del Estado para fines distintos de aquellos para los que fueron creadas.

El Tribunal Permanente de los Pueblos que concluyó en noviembre de 2014 basó su acusación al Estado mexicano en la desviación de poder sustentada en numerosos casos presentados en audiencias celebradas en todo el país, lo cual dio lugar a una sentencia que destacó que existe en el país una condición estructural de desviación de poder, de uso faccioso del derecho. Como parte de los garantes en dicho proceso expresé en la audiencia final : Hoy vivimos la dramática desaparición de 43 jóvenes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, acaecida el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, estado de Guerrero. El titular de la Procuraduría General de la República negó hace unos días que se trate de un crimen de Estado, alegando que Iguala no es el Estado mexicano; en esa lógica, Tlatelolco en 1968 no es el Estado mexicano; la masacre de Acteal en Chiapas no es el Estado mexicano entre otros ejemplos.

Este año se cumplirán 10 años de la desaparición referida durante los cuales los padres de los estudiantes han luchado de manera incansable con la exigencia de justicia y verdad acompañados y representados por organismos de derechos humanos. Viene al caso la referencia a la desviación de poder porque la etapa reciente muestra una postura del Presidente de la República que rebasa las facultades de su investidura, ha declarado que se hace cargo de la investigación ante la falta de resultados tangibles y tras los múltiples esfuerzos de instancias, como la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj), creada en el actual gobierno, así como los detallados informes del Grupo de Expertos Independientes que mostró la imposibilidad de avanzar ante la ausencia de información esencial por parte del Ejército en especial refirieron 800 folios claves, no obstante que con plenas facultades para ello el Presidente de la República les ha instruido que la proporcionen. Sobra decir que tanto la Covaj como el GIEI se ubican en el terreno de la coadyuvancia y desde ahí sus aportes debieron judicializarse, terreno complejo que hoy por hoy se encuentra en virtual parálisis. En su carácter autoasignado de responsable de la investigación el titular del Ejecutivo federal ha difundido acusaciones que expresan desconfianza hacia el trabajo del GIEI y el Centro Pro de Derechos Humanos. También decidió que los padres tienen un plazo para acudir a la Secretaría de la Defensa Nacional a revisar la información que han solicitado. Ante ello y en respuesta, se le solicitó que sea el GIEI el que retorne a México para desarrollar dicha revisión, cuestión no aceptada con el argumento de la desconfianza. Hace cinco días se abrió una nueva tensión, esta vez con los familiares de los estudiantes, pues se les citó a una reunión con la Covaj y ahí se encontraron con la presencia de un grupo minoritario de padres que fueron expulsados por el colectivo en virtud de que han optado por apoyar al ex alcalde de Iguala Abarca y plantear requerimientos económicos. Las ex esposas de dos de ellos se mantienen en lucha con el grupo mayoritario que exigen la aparición de sus hijos. Ante esa presencia y reconocimiento oficial a cinco de los 43 padres el grupo mayoritario decidió abandonar la sesión y denunciar que el gobierno busca escalar esa división interna y está utilizando prácticas del gobierno anterior. La Covaj, por su parte, informó que la reunión se celebró y la disposición al diálogo se reitera. Lejos se ve la posibilidad de que se esclarezca el rol del Ejército en este crimen de Estado reconocido por la propia Covaj aun sin impacto justiciable. Está en juego la acción ­ausente de las instancias encargadas de la procuración y administración de justicia y ante todo en lo inmediato la preeminencia del Ejército frente a la, esa sí, constitucional jerarquía presidencial.