Además de Tomás Zerón de Lucio, quien estuvo a cargo de la investigación del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) indaga a 37 ex integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a 16 efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).

Se les señala de la presunta comisión de delitos como tortura, fabricación de pruebas y alteración de evidencia, todo ello relacionado con la investigación que se lleva a cabo, señalaron integrantes del Ministerio Público Federal.

La FGR solicitó la colaboración de Interpol para ubicar y detener a Zerón, quien supuestamente salió de México desde octubre pasado, y ayer detuvo al marino Ariel Agustín Castillo Reyes, con lo que ya suman tres implicados en actos de tortura contra Carlos Canto Salgado, quien fue detenido por su presunta implicación en la desaparición de los estudiantes.

Durante meses, Zerón buscó la protección de la justicia federal. Sin embargo, en días pasados el juzgado noveno de distrito, con sede en Guerrero, libró la orden de aprehensión en su contra. Asimismo, sigue abierta una investigación en la que se le señala como responsable de haber espiado con el malware Pegasus a periodistas y defensores de derechos humanos mientras estuvo al frente de la AIC, de agosto de 2014 a septiembre de 2016.

Se le menciona como responsable de fabricar el hallazgo de restos óseos en el río Cocula y haber realizado una diligencia ilegal en la que participó uno de los detenidos por este caso, identificado como Agustín García, El Chereje. El juzgado, con sede en Guerrero, también emitió la orden de captura contra el marino Castillo Reyes y Ezequiel Peña Cerda e Isidro Junco Barajas, ex integrantes de la Policía Federal de Investigación (actualmente Policía Federal Ministerial); los últimos fueron aprehendidos el martes pasado.

En la FGR se integran diversas carpetas de investigación contra servidores públicos que participaron en la detención de más de 60 presuntos involucrados en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y que fueron dejados en libertad luego de que un tribunal de Tamaulipas concluyó que las imputaciones se realizaron con base en datos y pruebas obtenidas mediante tortura, por lo que ordenó su libertad inmediata.