El letrado también solicitó a la Unidad Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera que presenten un informe detallado sobre las declaraciones de activos de los afectados, al entrar y salir de los cargos estatales.Asimismo, pidió a la Oficina de Asuntos Económicos y Financieros de la Dirección Central de la Policía Judicial, un reporte sobre los bienes de las personas a las que se refiere la orden.

Las disposiciones judiciales son las primeras que se dictan desde que el caso pasara a la agenda mediática a mediados de 2017, cuando una investigación del Senado reveló que más de dos mil millones de dólares provenientes del programa energético venezolano Petrocaribe fueron malversados por unos 14 exfuncionarios haitianos.

Los ex jefes de Gobierno Laurent Lamothe y Jean Max Bellerive; los otroras titulares de carteras, Wilson Laleau, Marie Carmel Jean-Marie, Jacques Gabriel y Stéphanie Balmyr Vildrouin, así como los antiguos directores generales de la Oficina Monetaria del Programa de Ayuda al Desarrollo, MichaÃ’l Lecorps y Eustache Saint-Lot y las empresas ENERSA y Solar Haiti, Texaco S.A, fueron señaladas como parte del archivo.

En octubre pasado, una manifestación multitudinaria demandó al Gobierno un juicio por el caso, y tras la presión el presidente Jovenel Moise ordenó abrir una investigación judicial que esclareciera los hechos.

A mediados de este mes, la indagación senatorial, corroborada luego por el Tribunal de Cuentas de Haití, pasó al gabinete de investigación del Ministerio Público, y según declaró el comisionado gubernamental de Puerto Príncipe, Paul Eronce Villard, independientemente del período durante el cual se cometió el delito, el acusado será juzgado de conformidad con el Código Penal haitiano o la ley de 9 de mayo de 2014.

Para la Fundación Je Klere, que ha sido bandera en la denuncia del desfalco a los fondos públicos, se han dado pasos en relación con el caso, aunque deploró que se obviaran algunos documentos anexos a la acusación.

Haití suscribió el acuerdo de Petrocaribe en 2007, lo que le permitió acceder al crudo venezolano, junto con otra veintena de países, a precios blandos, y con una baja tasa de interés.

El sustancial ahorro debía emplearse en atender las graves problemáticas de la nación en materia alimentaria, habitacional, energética, ecológica, sanitaria, educativa y de infraestructura.

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