Fuente: https://attac.es/attac-espana-frente-al-actual-conflicto-por-una-agricultura-sostenible-y-sostenida/                                        11/03/24

Las recientes movilizaciones del sector agrario en Europa han puesto el foco negativo en la protección del medioambiente además de en ciertas medidas sanitarias y fitosanitarias como la causa de las dificultades a las que se enfrentan los empresarios agrícolas para que sus explotaciones sean rentables.

La creciente CRISIS CLIMÁTICA afecta a la agricultura especialmente, con los cada vez más imprevisibles episodios de sequía o de tormentas intempestivas de efectos cada vez más dañinos, y que la ciencia nos dice que han venido para quedarse. Este contexto exige una adaptación y reducción del consumo de agua, cuya escasez ha ido agravándose en los últimos años en los que se han incrementado el número de hectáreas de regadía, creando una situación insostenible para el sistema hídrico que amenaza, aunque sea puntualmente, incluso el abastecimiento humano.

Otro factor objetivo es que la mecanización fomenta las grandes explotaciones altamente tecnificadas pero intensivas en el consumo de recursos (AGUA Y ENERGÍA) que a su vez son grandes contaminadores del entorno. Estas explotaciones juegan en contra de una agricultura tradicional, familiar, más adaptada al paisaje y al medioambiente.

Por otra parte la globalización y los múltiples TRATADOS DE COMERCIO E INVERSIÓN (CETA, UE-México, UE-Mercosur etc.) impulsados por la UE con países que no gozan de los mismos controles sanitarios y fitosanitarios, a cambio de exportar inversores y servicios de la UE, facilitan y eliminan aranceles y barreras sanitarias a la importación de productos agrícolas de terceros países, donde no se respetan necesariamente los derechos laborales. Esto genera una competencia desleal con los agricultores de la UE cumplidores de normas más estrictas. Los TCI solo benefician a la agroindustria global depredadora de recursos, y fomentan la desertificación y desaparición de humedales a nivel global.

Es un dato muy revelador que distintos FONDOS DE INVERSIÓN están comprando o arrendando terrenos de cultivo en España, multiplicándose por 10 en los últimos años. Esto ha forzado el aumento de la producción con un menguante número de trabajadores, creciendo exponencialmente los márgenes de explotación y beneficio para estas grandes explotaciones que exportan la gran mayoría de lo producido.

La indefensión de los agricultores aumenta frente a un OLIGOPOLIO EMPRESARIAL de abastecimiento y distribución, donde también participan los llamados Fondos Buitres, que son los que determinan los precios de los productos agrícolas, dejando poco margen de supervivencia al trabajo del campo.

Por otro lado, la AUSENCIA DE RELEVO GENERACIONAL es uno de los grandes problemas del sector (el 60% de los agricultores es mayor de 60 años) Lo que puede desembocar en una agricultura en manos de las grandes explotaciones de los fondos de inversión como nuevos terratenientes del siglo XXI.

El ámbito europeo. “La burocracia impuesta”

En las movilizaciones se ha denunciado la existencia de normas provenientes de la Unión Europea como responsables de las dificultades de los agricultores. Las medidas sanitarias y fitosanitarias, las que tratan de evitar el fraude en las ayudas y las que protegen el medio ambiente, aportan seguridad protegiendo la calidad de los recursos utilizados y van en beneficio de todos, también en el de la agricultura, que sufriría con la creciente contaminación de los acuíferos a causa de pesticidas y fertilizantes químicos.

Pero no hay que olvidar que una determinada orientación de las actuales instituciones europeas, donde los lobbies de las grandes explotaciones o de los agrotóxicos campan a sus anchas, es la que perjudica a las capas populares y a los pequeños agricultores. Por ejemplo, un reciente «éxito» del lobby agrotóxico: la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha conseguido bloquear el uso de los fondos públicos de la PAC para apoyar a los agricultores en la reducción de pesticidas.

Por ello es contradictorio que partidos que votan a favor de los TCI o en contra de la ley de cadena alimentaria, pretendan aprovechar las actuales movilizaciones.

Algunos factores para el cambio 

• Son precisas políticas integrales de desarrollo rural que mejoren las infraestructuras de comunicación (especialmente la digitalización) así como que potencien servicios en el medio rural para atraer a sectores jóvenes que vean en el agro su futuro. No es solamente la rentabilidad lo que aleja a la población juvenil del campo. La “España vaciada” lo es por una serie de injusticias respecto a las dotaciones necesarias para facilitar la vida (derechos laborales, enseñanza, sanidad, comunicaciones físicas y de red, exclusión financiera, etc.)
• Es necesario implantar apoyo técnico que facilite los procesos burocráticos que la UE impone, y mecanismos financieros por parte del Estado. Esto garantizaría la calidad ambiental y el control en el uso del agua. Lo que aportaría seguridad global al sector.
• Hay que asegurar un régimen de precios que aporte seguridad al sistema, primando a aquellos agricultores y agricultoras que respeten las políticas ambientales. Además, urge incrementar las sanciones e inspecciones de la ley de la cadena alimentaria, con el fin de asegurar una retribución justa a los productores y eliminar intermediaciones que encarecen especulativamente los precios a los consumidores.
• Se precisa una nueva PAC con una distribución más decantada hacia los pequeños y medianos agricultores; al contrario de cómo sucede actualmente donde el 20 %, los grandes explotadores, reciben el 80 % de los fondos. Esta PAC debe primar a su vez las explotaciones más respetuosas con el medio ambiente especialmente en cuanto a la reducción del uso de fertilizantes y pesticidas que dañan la calidad de un agua del que depende la agricultura.
• Las ayudas públicas deben concentrarse en las pequeñas y medianas explotaciones, por ser de interés público el mantenimiento del medio rural y su carácter de ecológicamente sostenible.
• ATTAC lleva años reclamando la reversión de los Tratados de Comercio e Inversión ya firmados y parar la negociación de los que están pendientes como el tratado UE-Mercosur. Por otro lado, la mayoría de los TCI demandan reciprocidad en las exigencias sanitarias de los productos, pero su cumplimiento es casi imposible. Asimismo se hace imprescindible limitar y regular la entrada de Fondos de Inversión en las empresas agrícolas y alimentarias, prohibiendo que actuaciones de estos impulsen cultivos de uso intensivo del agua o puestas en regadío de cultivos tradicionales de secano.

Toda la sociedad tiene que sentirse interpelada para resolver la creciente crisis climática. La cuestión central es en quien recaen los costes de las necesarias transiciones que se han de afrontar para que éstas sean justas social y económicamente. Los agricultores, ganaderos o pescadores deberían considerar a quienes defienden su propio medio natural como los aliados, y dirigir sus reclamaciones hacia quienes mantienen un sistema que sólo beneficia a grandes explotadores. También deben hacer una profunda reflexión ante la situación, objetivando los problemas y sus causas para aportar soluciones partiendo de la base de que el agua y otros recursos naturales son bienes comunes y por tanto no debe apropiárselos nadie.