Madrid ha sido uno de los epicentros de la pandemia de la covid-19 en Europa, con más de 8.500 muertes registradas en la capital española. Así y todo, incluso una cifra de ese tipo no consigue reflejar la magnitud total de la tragedia, puesto que en las saturadas residencias de la región han fallecido al menos otras 5.500 personas, usuarios de los servicios de atención a mayores, que normalmente no se incluyen en las estadísticas oficiales. Cuando a finales de marzo el ejército acudió a desinfectar algunos de estos centros, la ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo unas declaraciones en las que afirmó que los soldados habían descubierto a los residentes “totalmente abandonados”, “viviendo en condiciones extremas”, y hasta algunos habían sido encontrados “muertos en sus camas”.

Los trabajadores de una residencia, propiedad del proveedor internacional de servicios DomusVi, afirmaron que los dueños estaban ocultando cuerpos de forma intencionada para “camuflar la realidad” del brote en el centro. En otro caso, CC.OO. publicó un vídeo del personal que trabajaba para la empresa francesa Orpea, en el que los empleados hablaban de “encubrimiento, chantajes y amenazas” por parte de la gerencia de una residencia en la que oficialmente había solo un caso del virus, pero en el que los trabajadores creían que 16 residentes habían muerto en un brote que se había extendido durante 10 días.

Décadas de privatización han dejado a Madrid con solo 25 residencias públicas (de un total de 426). Una gran parte del sector está dominado por un pequeño número de empresas

Décadas de privatización y subcontratación han dejado a Madrid con solo 25 residencias de ancianos totalmente públicas (de un total de 426), mientras que una gran parte del resto del sector está dominada por un pequeño número de empresas. Una escasez crónica de personal y medios dieron como resultado que el servicio ya estuviera sometido a una carga excesiva antes de que comenzara la pandemia. En declaraciones a El País, Carmen López, del grupo de presión Marea de Residencias, explicó que “para [muchas de estas empresas] un anciano es un valor con el que especular. El personal [que contratan] está bajo mínimos y con sobrecarga de trabajo, con falta de medios básicos”.

A medida que se propagaba el virus, los cuidadores se vieron obligados a improvisar, y comenzaron a utilizar equipos de protección caseros y a reutilizar las batas en múltiples ocasiones. La tasa de infección entre el personal alcanzó el 40%, y en total se calcula que un abrumador 10% de todos los ancianos que habitaban en las residencias de la Comunidad de Madrid fallecieron por covid-19 a lo largo de los dos últimos meses.

Las personas a las que se podría culpar son muchas. El gobierno regional que dirige el Partido Popular (PP) no cumplió su temprana promesa de “medicalizar” las residencias, lo que habría permitido a los residentes recibir tratamientos de emergencia directamente en los centros. La respuesta de la Comunidad a la pandemia fue tardía, al igual que la del Gobierno central, y luego impuso una de las cuarentenas más estrictas de Europa. También se ha planteado el asunto de la negligencia criminal de algunas residencias concretas, que ha llevado a que la policía esté investigando a sesenta centros en Madrid.

No obstante, más allá de todos estos factores se encuentra una deficiencia sistémica. Desde comienzos de la década de 1990, Madrid ha servido de laboratorio neoliberal para la derecha española y de ejemplo práctico para el proyecto más amplio de una nueva España, con el resultado de un vaciado progresivo de los recursos y las capacidades del Estado. A la vanguardia de los que impulsaron este proyecto se encuentran el expresidente José María Aznar, la expresidenta de la Comunidad caída en desgracia, Esperanza Aguirre, y el multimillonario presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El fracaso catastrófico de las residencias madrileñas también ha demostrado el fracaso de su modelo de Estado.

El modelo de Aznar

Con el número de víctimas mortales en Madrid en constante aumento, el Gobierno de la Comunidad finalmente actuó el 9 de abril y decidió tomar el control de las 13 residencias en las que se concentraba el mayor número de muertes, entre las que se encontraba, junto a los centros propiedad de DomusVi y Orpea, el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Este centro, que está operado por Clece, una empresa que forma parte del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, ha despedido, solo el año pasado, a 3 cuidadores que denunciaron ante las autoridades la falta de suministros sanitarios básicos y unas condiciones de trabajo insalubres. Asimismo, los sindicatos denunciaron la reducción unilateral de los sueldos de los cuidadores de ese centro, y de los otros dos centros públicos que posee en la capital.

Esperanza Aguirre con Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo en febrero de 2011.

Florentino Pérez, que es más conocido a nivel internacional por iniciar la política de fichajes galácticos en el Real Madrid, ha convertido a ACS en una de las constructoras más grandes del mundo. De hecho, es la primera del mundo en términos de ingresos generados fuera del territorio de origen de la empresa. Y en el caso de Clece, su división de servicios, ninguna otra empresa se ha beneficiado más de la subcontratación y privatización de los servicios sociales en España. Además de las 61 residencias, administra guarderías públicas, servicios de limpieza y de catering para hospitales, albergues para personas sin hogar y para mujeres maltratadas, centros de día para personas discapacitadas, y emplea a miles de cuidadores para gestionar los servicios municipales de asistencia domiciliaria en ciudades como Madrid o Barcelona.

La lógica de este modelo de negocio está clara: mermar las condiciones de trabajo (de los empleados, que son en su mayoría mujeres) y la calidad de los servicios públicos básicos para obtener unos beneficios desorbitados. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg del extenso Grupo ACS, que, como muchas otras empresas de construcción e infraestructuras de España, se transformaron en actores internacionales gracias a la generosidad estatal durante el boom de la construcción anterior a 2008.

Clece es la empresa española que más se ha beneficiado de la subcontratación y privatización de los servicios sociales en España

Tras salir elegido presidente en 1996, Aznar inició una reordenación del capitalismo español a través de una oleada de privatizaciones, de la expansión de los mercados de capital nacionales y de la creación de un nuevo motor de crecimiento para la economía, basado en las finanzas y la construcción. Sin embargo, como señala el sociólogo Rubén Juste en su libro IBEX 35, no se trataba solo de establecer una agenda de reformas promercado, sino que la ambición de Aznar se basó más bien en garantizar la hegemonía permanente de su modelo de Estado, un modelo que perduraría “a largo plazo, más allá de su presencia en el gobierno”. Con ese fin, adoptó una estrategia con una doble vertiente: por una parte, intentar generar un amplio consenso en torno a un modelo que prometía un acceso generalizado a la vivienda en propiedad y a una prosperidad individual y, por otra, conformar un nuevo bloque dominante entre la clase capitalista española, que giraría en torno al PP y dependería de su favoritismo.

Para las constructoras en particular, esta red de clientelismo significó poder acceder a dos recursos esenciales: contratos públicos y crédito siempre disponible (que llegaba a través de las cajas de ahorro regionales que estaban bajo control político). En el caso de Florentino, los proyectos faraónicos de obras públicas que emprendió el PP (autopistas, aeropuertos, redes ferroviarias para el tren de alta velocidad, etc.) supusieron la principal fuente de ingresos de la que se nutrió ACS. De forma paralela, Caja Madrid, que estaba controlada por el lugarteniente de Aznar, Miguel Blesa, financió todo el proceso, desde la compra de millones de acciones de ACS (que llevó a la Caja a convertirse en el principal accionista de la empresa) hasta la financiación de fichajes clave para el Real Madrid, como por ejemplo el polémico préstamo de 76 millones de euros que la Caja concedió al club para fichar a Cristiano Ronaldo. Esto se produjo además en un momento en que el crédito estaba congelado para la gran mayoría de las empresas medianas y pequeñas.

Los parásitos españoles

En 2003, cuando Aznar entraba en el último año de su presidencia, cinco de las diez constructoras con mayor capitalización bursátil en Europa eran españolas, y ACS ocupaba el primer puesto. En una economía cada vez más desindustrializada, la construcción era un sector en el que España podía proyectar su poderío a nivel internacional, igual que en el fútbol. Y en el caso de Florentino, los dos estaban tan entrelazados y ejercían una fuerza tan irresistible que el palco del Real Madrid en el Santiago Bernabéu se convirtió en uno de los centros de poder e influencia de la ciudad de Madrid.

No obstante, antes incluso de que el estallido en 2008 de la burbuja inmobiliaria hiciera añicos la base del modelo de crecimiento español, las diversas modalidades de corrupción y clientelismo que se habían generado habían comenzado a erosionar las instituciones públicas del Estado. Las diferentes investigaciones criminales que se llevaron a cabo en relación con la entrega de sobornos a cambio de contratos, y que incriminaban directamente al PP (con el resultado de la encarcelación de varios antiguos ministros y 3 extesoreros del partido), representaron la manifestación más venal de esta situación. Aunque también estaba el asunto del abuso sistemático de los fondos públicos, sobre todo en relación con los proyectos de infraestructura de ámbito estatal, a través de los cuales las constructoras facturaron miles de millones de euros en sobrecostes innecesarios.

Pérez y Gallardón durante la celebración de la Copa del Rey en 2011.

La remodelación de la M-30 de Madrid, en la que ACS figura como uno de los tres principales contratistas, representa uno de los ejemplos más flagrantes. El coste final, que inicialmente se había presupuestado en 2.500 millones de euros, ascendió a más del doble: 6.500 millones. Un informe publicado durante la presidencia de la posterior alcaldesa, Manuela Carmena, habló de “la connivencia (del anterior alcalde del PP, Alberto Ruiz-Gallardón) con las empresas contratadas para realizar las obras” y de “sobrecostes sin certificado o documento alguno que los justificara y millones de euros pagados por infraestructuras y servicios (de mantenimiento) que no existían o que nunca llegaron a completarse”.

Junto a esa descarada corrupción, había una red de favores políticos que vinculaban al PP con actores económicos estratégicos, como los magnates de la construcción

Esa “connivencia” en algunos de los feudos del PP como Madrid era de carácter universal y constituyó una forma muy personal de gobernanza clientelar, hasta el punto de que Manolo Monereo llegó a describirla de forma memorable como la trama. Junto a esa descarada corrupción, había una red más amplia de favores políticos, puertas giratorias y lealtades de clase que vinculaban estrechamente al PP con actores económicos estratégicos, como por ejemplo los magnates de la construcción. Una dinámica parecida se podía claramente observar también en el PSOE, con otros circuitos diferentes del poder económico. Pero en Madrid, la estrecha alianza que habían labrado el PP y el sector de la construcción dio como resultado que estas empresas consiguieran controlar una gran parte de las infraestructuras de la Comunidad, al hacerse con la gestión de competencias y servicios clave.

En el ámbito municipal, esto supuso la obtención de contratos de importantes servicios municipales (saneamiento, gestión de residuos, mantenimiento de parques, etc.) por parte de los sospechosos habituales (ACS y otras tres empresas constructoras: FCC, Ferrovial y Sacyr), mientras que en el ámbito comunitario las competencias transferidas de sanidad y educación fueron objeto de una mercantilización desastrosa.

La bonanza sanitaria

En cuanto a las consecuencias para el sistema sanitario, la inversión per cápita en el sistema público de salud de Madrid es hoy en día la menor de todas las comunidades de España, a pesar de ser la segunda más rica. Además, en 2017, el 60% de todo el gasto en sanidad pública terminaba en manos de proveedores privados. Un gran parte de todo esto es el legado de la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre, que aunque no consiguió acabar directamente con la idea de la prestación pública universal (por su amplia popularidad), sí pasó casi una década debilitando la capacidad asistencial de la sanidad pública.

El primero de estos proyectos de colaboración público-privada fue el Hospital Puerta de Hierro, construido por una de las filiales de ACS

Uno de sus récords más absurdos fue que a pesar de haber construido 11 nuevos hospitales para el sistema público, mediante iniciativas de financiación privada (IFP), la comunidad terminó disponiendo de menos camas per cápita que antes de que comenzara la expansión en 2004, porque había plantas y hasta alas enteras que permanecían vacías. El primero de estos proyectos de colaboración público-privada fue el Hospital Puerta de Hierro, que fue construido por una de las filiales de ACS y que también obtuvo un contrato a 30 años para administrar las instalaciones y gestionar todos los servicios no médicos. Eso hasta que Florentino vendió su participación en 2014 a un fondo de inversión holandés por 44 millones de euros. Las otras constructoras que participaron en estas IFP fueron Sacyr, FCC y OHL, y todas están implicadas en los casos de sobornos al PP.

Cuando sobrevino la pandemia del coronavirus, se descubrió que el gobierno de la Comunidad de Madrid estaba pagando por 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro que no existían. El hospital nunca llegó a entregar el número de camas que había prometido, aunque sí siguieron contando para calcular la financiación pública que estaba recibiendo. En otros 7 hospitales públicos de gestión privada se produjeron situaciones similares, y la investigación de eldiario.es reveló que otras 250 camas en estos centros nunca se habían materializado. Según un informe de Podemos que se encuentra en manos de la fiscalía, Madrid podría llegar a malgastar hasta 3.000 mil millones de euros salidos de los fondos públicos para cuando se terminen en 2035 los actuales contratos con las concesionarias. Sin embargo, Madrid cuenta con 6.000 profesionales de la salud menos que en 2007, como consecuencia de la austeridad.

Según explica la médica y diputada de Más País, Mónica García: “Esto han sido millones y millones que nos hemos ido dejando por el camino [con las IFP] y que ahora [en la pandemia] obviamente los echamos de menos… Esta es la parasitación de la privada dentro de la sanidad pública”.

Una relación igualmente parasitaria resulta evidente en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, donde una gran mayoría de los 400 centros privados se financia principalmente con fondos públicos. Como señala el periodista Manuel Rico, la Comunidad de Madrid ofrece solo 55 euros por día y residente, y por eso solo los grandes proveedores con las necesarias economías de escala pueden competir por los contratos. A cambio, sin embargo, escatiman y “ahorran cada céntimo, en comida, suministros y personal”.

En el barrio obrero de Leganés, las consecuencias de esta búsqueda desaforada por obtener beneficios ha resultado ser particularmente trágica, ya que 96 personas han fallecido en uno de los centros que gestiona una multinacional cuya sede se encuentra en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Durante los tres últimos años, ese centro obtuvo unos beneficios netos de 1 millón de euros, que enviaba a una de sus empresas inscritas en paraísos fiscales, mientras las familias protestaban continuamente por la calidad del cuidado que sus seres queridos estaban recibiendo.

El desafío próximo

La pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto la crueldad del modelo asistencial madrileño, aunque a pesar del escándalo público que se ha levantado por el caos de las residencias de la Comunidad, para comenzar a cambiarlo haría falta enfrentarse a un bloque de poder económico muy arraigado, del que Florentino Pérez es la cara más visible. El alcance de este bloque tampoco se limita solo a la capital, puesto que la privatización y subcontratación son algo generalizado en el sector sanitario del conjunto del país, aunque su implementación se haya llevado a cabo de una forma desigual.

Cualquier respuesta que se dé a los fallos sistémicos de la crisis de la covid-19 se enfrenta a varias limitaciones. En Madrid, por ejemplo, la derecha sigue estando en el poder y eso restringe cualquier tipo de reforma del sistema de residencias o la admisión de una disfuncionalidad generalizada en las competencias transferidas del sistema sanitario. Sería posible aprobar normas más estrictas y llevar a cabo inspecciones más rigurosas, pero la tarea de limitar la influencia que ejerce este bloque oligárquico sobre el Estado español recaerá en la actual coalición PSOE-Podemos de ámbito nacional.

En las últimas semanas, el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ha propuesto renacionalizar los gigantes energéticos, que son otros de los principales actores de la red clientelar que estableció Aznar, así como introducir un impuesto a las grandes fortunas. También ha liderado el impulso para lograr una serie de importantes medidas sociales, a pesar de las dudas que muestran algunos de sus compañeros de gobierno del PSOE. Entre estas medidas está un ingreso mínimo vital que beneficiaría a casi 5 millones de personas de entre las más vulnerables de la sociedad.

Aun así, parece poco probable que, desde su posición como socio menor de la coalición, pueda avanzar el proyecto de estado alternativo al régimen neoliberal español que articuló de forma tan enérgica durante su primer asalto institucional en 2014-15. Si el fracaso de la asistencia en las residencias de ancianos de Madrid indica la necesidad de realizar cambios estructurales en el conjunto del Estado, estos cambios no van a venir de un gobierno del PSOE liderado por un oportunista político como Pedro Sánchez. Sin embargo, aunque existiera voluntad política, la creciente internacionalización del capital en España desde 2008, que dio como resultado que Blackrock se convirtiera en el principal accionista de ACS y que los fondos de inversión extranjeros se introdujeran en los servicios sociales y sanitarios, hace que el equilibrio de fuerzas sea todavía menos favorable ahora que estamos entrando en una nueva crisis.

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Eoghan Gilmartin es un escritor, traductor y colaborador de Jacobin que reside en Madrid.

Este artículo se publicó originalmente en la revista Jacobin.

Traducción: Álvaro San José.