Desde Córdoba

Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de Córdoba expresaron su más profunda preocupación luego del asesinato, ocurrido el sábado, de Susana Beatriz Montoya, esposa del subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ricardo Fermín Albareda, torturado y desaparecido durante la Dictadura Cívico Militar iniciada en nuestro país en 1976. El hecho también conmocionó a las más altas esferas de la política y la justicia de Córdoba por tratarse de la madre del militante de HIJOS Córdoba, Fernando Albareda.

En diciembre del año pasado, con el cambio de gobierno, la llegada al poder de Javier Milei y el discurso procesista de la vicepresidenta, Albareda hijo fue víctima de amenazas y amedrentamiento en su vivienda con la aparición de carteles con simbología nazi.

De acuerdo a la información trascendida, en medio de un total hermetismo en la causa, todo apunta a que no se trataría de un mero episodio de robo sino todo lo contrario, ya que en una de las paredes de la vivienda dejaron una inscripción intimidante. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Según fuentes de la investigación, la frase estaba escrita en rojo, en principio con lápiz labial.

Sin embargo, desde los distintos sectores involucrados prefirieron la cautela a la espera de la autopsia y de las primeras conclusiones respecto del móvil del episodio. “No se descarta nada”, es la escueta frase que obtura cualquier especulación. En principio, la puerta de la vivienda de la víctima no habría estado forzada. La causa recayó en la Fiscalía del Distrito 4, Turno 3, a cargo de Juan Pablo Klinger.

Montoya, de 76 años, residía en un barrio de la zona norte de la Capital y no contaba con consigna policial. Su cuerpo fue hallado en horas de la tarde en el patio del inmueble con un fuerte golpe en la cabeza. Fue el propio Fernando quien dio aviso a la policía al llegar y encontrarse con el cuadro luego de que su madre no respondiera a sus continuos llamados.

Desde la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Córdoba se guarda especial cautela sobre el caso ante el estupor y el respeto a la familia tras el asesinato de Montoya. Tras una jornada en la que se buscó acompañar a Albareda, se espera que en la próximas horas haya un pronunciamiento oficial.

No obstante, las amenazas y las particularidades del episodio encendieron las alarmas, denotando la extrema preocupación por el crimen.

La misma tesitura se guarda en el Panal, sede de la Casa de Gobierno de Córdoba, desde donde anticiparon que aguardarán el desarrollo de la investigación para sentar postura. Cabe recordar que en diciembre de 2023, al conocerse las amenazas a Albareda, el propio gobernador Martín Llayora fue uno de los primeros en mostrar un enérgico repudio al episodio.

Quienes sí se pronunciaron fueron los diputados nacionales Gabriela Estevez y Pablo Carro, de Unión por la Patria. “Asesinaron a la madre de un hijo de desaparecidos que había recibido amenazas de muerte en diciembre del año pasado en Córdoba. Exigimos el esclarecimiento inmediato de este hecho”, indicó la parlamentaria en su cuenta de la red X.

A su turno, Carro señaló que “el negacionismo y el horror de un tiempo que no puede repetirse. Tras meses de amenazas, asesinaron a Susana Montoya, esposa de Ricardo Albareda, desaparecido en la última dictadura, mamá de Fernando Albareda. Junto a su familia, exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho”.

«Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente cuando verdaderamente pasan a la acción», dijeron ayer desde los organismos de DDHH de Córdoba en un comunicado conjunto.

Una historia de terror

En diciembre, Albareda se encontró con carteles intimidatorios en la puerta de su casa. “Se te terminaron los amigos en la Policía.” “Te vamos a juntar con tu papito.” “Vas a morir”. Todos estaban escritos en fibra negra junto a cruces esvásticas y seis balas de calibre 22 largo. En declaraciones a distintos medios locales, Albareda dijo que recibe amenazas todos los meses, pero que hacía tiempo que no involucraban a su familia de manera directa.

En aquel momento, al ser consultado por Página/12, no dudó en vincular el episodio a la llegada del negacionismo al poder. “Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, subrayó.

Convivió con aquellas intimidaciones durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro y la desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2. “Nos metimos en el nido de víboras de la Policía de Córdoba, el temible D2”, sostuvo en diálogo con este diario.

El accionar de la patota del D2 quedó reseñada en La Sombra Azul, del periodista Mariano Saravia.

Torturado por sus compañeros policías

Ricardo Fermín Albareda fue secuestrado en 1979 por la temible patota policial D2, cuya sede se encontraba al frente de la Catedral de Córdoba, en pleno centro de la capital mediterránea. Al momento de ser “chupado” por sus propios compañeros de uniforme, se desempeñaba en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de ese año fue llevado al centro clandestino conocido como El Embudo, Chalet de Hidráulica o la Casa de la Dirección General de Hidráulica del dique San Roque. Allí, por orden del titular del D2, Raúl Telleldín, y de miembros de la patota Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante, fue torturado (lo castraron) y murió desangrado.

Desde la vuelta de la democracia, Fernando se encargó de llevar acciones para la reparación del legajo de su padre a partir de la ley provincial sobre reparación histórica. Tras una larga lucha, en mayo de este año, el gobierno de Córdoba decretó el “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior”, por lo que Ricardo Albareda logró de manera póstuma el grado de Comisario. El caso reviste especial particularidad porque se trata del único en el que la Policía reconoce haber sido autora de un delito de lesa humanidad.