Washington. El ejército de Estados Unidos informó que ayer perpetró ataques contra tres embarcaciones, las cuales, afirmó sin pruebas, transportaban drogas en aguas del Pacífico y el Caribe, con un saldo de 11 muertos en uno de los días más letales de la campaña de meses del gobierno del presidente Donald Trump contra presuntos traficantes.

La serie de ataques realizada el lunes elevó el número de ejecuciones extrajudiciales a por lo menos 145 personas desde que Washington comenzó a atacar, a principios de septiembre, a quienes denomina “narcoterroristas” que presuntamente trafican drogas en pequeñas embarcaciones.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre los 42 ataques conocidos, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que apuntó contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Señaló que dos embarcaciones con cuatro personas cada una fueron atacadas en el océano Pacífico oriental, mientras una tercera, con tres personas, fue alcanzada en el mar Caribe.

El ejército no aportó pruebas de que las embarcaciones transportaban narcóticos, pero publicó videos en X en los que se ve cómo las lanchas fueron destruidas.

Los videos publicados por el Comando Sur muestran los botes, ya sea moviéndose o balanceándose en el agua antes de explotar y quedar envueltos en llamas. Se puede ver a personas sentadas en dos de las pequeñas embarcaciones abiertas antes de quedar destruidas.

Trump ha afirmado que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha justificado los bombardeos como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas.

Los ataques contra embarcaciones también suscitaron intensas críticas tras revelarse que el ejército mató a sobrevivientes tras el ataque contra una lancha. El gobierno de Trump y muchos legisladores republicanos indicaron que fue legal y necesario, mientras legisladores demócratas y expertos legales señalaron que las muertes fueron un asesinato, un crimen de guerra.

Amnistía Internacional aseveró que “esta oleada de asesinatos es inadmisible e ilegal. El Congreso debe hacer más para frenar las acciones ilegales de esta administración”.