Rolando Astarita

Por estos días, dirigentes y partidos de izquierda (en particular, del FIT) caracterizaron correctamente lo que significa la suspensión de la movilidad jubilatoria dispuesta por la “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva”: es una disminución de los ingresos, en términos reales, de los haberes jubilatorios, considerados en su totalidad. O lo que popularmente se conoce como un “ajuste”. La misma suba de los precios de los bonos de la deuda (algunos subieron un 30%) es una expresión de la lectura correcta que también hicieron los acreedores: si los ingresos de los jubilados se reducen, habrá más fondos para el servicio de la deuda.

La cosa es tan clara que creí que no habría mayores discusiones sobre el significado de la medida. A lo sumo, pensé, la izquierda progre y nacional tratará de disimular hablando de otros temas. O repetirían la estúpida cantinela de “son funcionales a la derecha” (los que hablan de ajuste). Pero me equivoqué. Es que con su infinita capacidad para las contorsiones discursivas, los “amigos del pueblo” salieron a decir, muy sueltos de cuerpo, que no había tal ajuste, sino una mejora de las jubilaciones. Un botón de muestra lo pueden ver en la intervención de Itai Hagman en Intratables, el 20/12. Según este señor, los jubilados que ganan más de $20.000 no padecerán ajuste alguno. Esto lo afirmó en acalorada polémica con Pitrola, dirigente del Partido Obrero, y Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.

En fin, un argumento propio de fanáticos. En principio, parece imposible intentar alguna clarificación. Sin embargo, ¿y si les explica el mismo compañero Presidente de qué va la cosa? Es que en el día de ayer, 22/12, Alberto Fernández, en un reportaje que le realizó el periodista Luis Majul en su programa La Cornisa, afirmó que “la fórmula de actualización es absolutamente imposible de sostener”, ya que indexa las jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo, según la inflación. En otros términos, lo que se busca es desenganchar a las actualizaciones de las jubilaciones de la suba de precios. ¿A ver si caemos, compañeros?

En este respecto, tengamos presente que los ingresos jubilatorios, en términos reales, han disminuido fuertemente desde diciembre de 2015. Es difícil realizar un cálculo exacto –entre otras razones porque hubo bonos; además, las variaciones de punta a punta no coinciden con los promedios anuales- pero se puede decir que en 2016 bajaron un 5%; en 2017 aumentaron un 3,2%; en 2018 bajaron entre 7 y 7,5%; y en 2019 bajaron un 8,6%. Lo que daría una disminución bastante superior al 20%. El proyecto del Gobierno de Fernández no es, por supuesto, “congelar” las jubilaciones en términos nominales. Presentar en estos términos el debate es errar el blanco (y proporcionar a los defensores del ajuste una coartada discursiva). Lo que se busca es evitar que las jubilaciones en 2020 suban según la inflación de 2019 (de acuerdo al método actual, los haberes jubilatorios deben ajustar en un 70% según IPC, y en un 30% según salarios, con seis meses de retraso).

En esencia, es la misma estrategia que se aplicaría en el tan mentado “pacto social”: si los salarios en términos reales bajaron un 20% bajo el gobierno de Macri, esa pérdida no se recupera con el próximo aumento salarial. Mejor dicho, se recupera una parte –digamos, un 5% en términos reales- y se congelan las demandas y reclamos. Algo similar con las jubilaciones y asignaciones. Seguramente habrá algún aumento –por ejemplo, para las jubilaciones entre $20.000 y $35.000- pero jamás igualará lo perdido vía inflación. Y no hay palabrerío que pueda disimular esta realidad. Para que se vea en perspectiva: en diciembre de 2017 el gobierno de Macri cambió la fórmula de actualización (desde 2009 se actualizaba según variación de salarios y recaudación) porque quería bajar, en términos reales, los ingresos jubilatorios. Por ese entonces preveía una caída de la inflación, y un aumento de la recaudación; pero la inflación se aceleró. En diciembre de 2019 el gobierno de Fernández suspende la actualización según la fórmula heredada por la misma razón de fondo que movió al gobierno de Macri en diciembre de 2017. La clave es desenganchar los aumentos de los haberes jubilatorios de la evolución del índice de precios.

En cuanto a que se otorguen dos aumentos fijos de $5000 a las jubilaciones mínimas ($14.000) y una alícuota de los $5000 a las que estén entre $14.000 y $19.000, no cambia el balance negativo para las jubilaciones de conjunto. Recuerdo que el gobierno de Macri pretendía ahorrar $100.000 millones (US$ 5600 millones) con el cambio de fórmula. Ahora se habla de un ahorro de unos $120.000 millones (pero el cálculo exacto recién se podrá hacer cuando se conozcan los aumentos que quedaron al arbitrio del Ejecutivo). En cualquier caso, es una suma de dinero que se detrae de los jubilados. Y esto se llama ajuste, aunque a algunas almas sensibles no les guste. ¿O piensan seriamente que si lo niegan en el relato desaparece en la realidad? ¿No estarán necesitando alguna dosis de “materialismo”?

Agrego que el presidente Fernández también resaltó, en el reportaje citado, la lectura positiva que hicieron los acreedores: “Lanzamos esta ley y resulta que los mercados reaccionan bien. Vieron racionalidad. Los mercados ven que hay un programa de crecimiento para pagar la deuda”. El mejor de los mundos: el capital financiero “vio la racionalidad” de un programa de crecimiento “para pagar la deuda”. Me pregunto, ¿esta es la nueva fórmula de la heterodoxia “a lo Stiglitz”? ¿Un programa de crecimiento “para pagar la deuda”? ¿No era que venían a luchar contra el capital financiero? Y además, ¿no era que se otorgaría aumentos a los jubilados para recuperar lo perdido, con el dinero que no se vertería más al mundo financiero? Bueno, esas son cosas de campaña, se sabe…

Pero el fondo del asunto está en la siguiente frase: “Argentina se quedó sin dólares. Eso pasó. Se quedó con tan pocos dólares que Macri fijó un cepo muy necesario. Se le fugaron 100 mil millones. Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares”. Para que vuelvan los capitales, es condición necesaria –aunque no suficiente- arreglar con el capital financiero. De nuevo me pregunto, ¿cómo digiere esto el izquierdismo progre-nacionalista? ¿O es mejor no responder “para no ser funcional a la derecha”?

https://rolandoastarita.blog/2019/12/23/al-ajuste-hay-que-llamarlo-ajuste/

Informe sobre la Ley de movilidad jubilatoria

Ana Rameri

Informe sobre la movilidad jubilatoria de marzo, “Señales de una recuperación lenta”, elaborado por Ana Rameri, coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) fundado por Claudio Lozano.

Para Rameri, “la ley de solidaridad social y reactivación productiva suspendió por 180 días la fórmula de movilidad bajo el argumento de atender prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos. Con la fórmula derogada las actualizaciones para la primera parte del corriente año hubiesen alcanzado un 23,7%: 11,56% en marzo y 10,9% en junio. Consiste en reemplazar los resultados de marzo por un aumento mixto que contempla un incremento del 2,3% para el conjunto de haberes junto con una suma fija de $1.500. Esto tiene ventajas y desventajas. Por un lado, favorece a los haberes previsionales más bajos. El haber mínimo efectivamente recibirá un incremento del 13%, es decir 1,5 p.p. más que el que disponía la fórmula anterior. Pero por otro, excluye a una franja de adultos mayores también vulnerables: 1.796.227 recibirán por debajo del 13% anunciado. En promedio, tendrán una actualización de sus ingresos del 8,5%, 3 p.p. por debajo de lo que resultaría de la aplicación de la fórmula de movilidad.

Es auspiciosa la intención del gobierno de favorecer a la población en condición de vulnerabilidad. No obstante, el criterio de demarcación de la vulnerabilidad se presenta restrictivo si consideramos que la canasta para un adulto mayor triplica el valor del haber mínimo y por lo tanto, obtiene un trato desventajoso.

La lógica del esquema planteado contiene la irracionalidad de pedirle un jubilado que gana entre 16 mil o 40 mil pesos que aporte a la recuperación de la jubilación mínima cuando en la sociedad argentina existen otros actores con capacidad de aportar por vía impositiva para financiar con mayor equidad la recomposición del piso jubilatorio.

Si bien ha detenido la marcha de ajuste propia de la gestión de Cambiemos, la actual gestión asume un comportamiento de exagerada prudencia y control de las cuentas públicas en consonancia con la exigencia que impone el pago de intereses de la deuda pública”.

https://ipypp.org.ar/2020/02/20/ley-de-movilidad-jubilatoria/?utm_source…