El FMI dio a la Argentina el crédito más grande de su historia en condiciones que ameritan ser auditadas porque no se conoce cuál fue la evaluación de la capacidad de repago de dicho préstamo (Stand-By) hecha en su momento por ambas partes, no se justifica por qué el Fondo otorgó un monto que supera más de 11 veces la cuota-aporte de la Argentina (frente a restricciones que normalmente la limitan a 3 ó 4 veces), no se conocen las objeciones contra dicho préstamo en las discusiones internas del Directorio Ejecutivo (Board) del FMI -donde se sabe que varios países europeos como Holanda, Francia, Alemania, Polonia y otros sostuvieron muy fuertes críticas contra la iniciativa de la entonces Directora-Gerente, Christine Lagarde, que contaba con el aval del gobierno de los Estados Unidos (principal aportante del FMI, con un 16 ó 17 % de los votos)– y no se han deslindado todavía las responsabilidades del caso entre los altos funcionarios intervinientes

Al respecto, Héctor Giuliano en su artículo “Deuda Externa y Estrategia de negociación” del pasado 31 de enero sostiene: “¿Qué significa concretamente la “sostenibilidad de la Deuda” que constituye el objetivo declarado del Proyecto de Ley (PL) del Gobierno al Congreso que acaba de obtener la media sanción de Diputados (por amplia mayoría) y que se encamina a convertirse en Ley de la Nación el próximo Miércoles 5.2 por el Senado?

Aplicado a la Deuda Pública, desde el punto de vista económico-financiero el concepto de Sostenibilidad implica la garantía de mantener durante largo tiempo y sin agotar las fuentes de los recursos fiscales, el pago de los servicios correspondientes a las obligaciones contraídas por el Estado y, en este sentido, equivaldría a la idea de Solvencia Fiscal.

Pero el Gobierno no tiene ni puede demostrar dicha capacidad fiscal, como no sea garantizando la repetición al infinito de la misma fórmula tradicional de cancelaciones vía pago de Deuda Vieja con Deuda Nueva, es decir, continuando con el esquema de re-endeudamiento perpetuo: el camino hacia un nuevo Megacanje.
Con el agravante que las facultades delegadas por el Congreso no se corresponden siquiera con tales formulaciones.

En efecto:

¿El PL explicita cómo se debe lograr este objetivo legal?: decididamente no. La iniciativa habla del Qué (un Qué bastante difuso) pero no del Cómo esa Sostenibilidad debe lograrse.

¿El PL incorpora directivas básicas y/o autorizaciones legales nuevas, es decir, facultades que el Ejecutivo hasta ahora no tuviese?: tampoco. La Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado – fundamentalmente en el Artículo 65 – la reciente Ley 27.541 de Emergencia Pública y los antecedentes igualmente legales de las leyes de Presupuesto y la 27.249 de Pago a los Holdouts ya le delegan al Gobierno Nacional amplias facultades para poder negociar en la práctica lo que quisiera sin intervención del Congreso.

¿El PL introduce alguna variante novedosa en cuanto a la participación y/o posterior supervisión de lo actuado por el Poder Ejecutivo?: igualmente no. En esencia, el proyecto constituye un verdadero “cheque en blanco” para que el Gobierno negocie lo que quiera – o lo que le impongan los acreedores – sin posibilidad de restricciones ni objeciones por parte del Congreso dado que la delegación de facultades es así prácticamente ilimitada en materia de Endeudamiento Público (negritas mías).

Se trata probablemente – en lo formal y en lo institucional – de una declinación de funciones constitucionales y de responsabilidades parlamentarias propias más amplias, genéricas e irrestrictas de la Historia Contemporánea de la Argentina.

¿Para qué se dicta entonces – leyes 24.156 y 27.541 mediante, junto con todas las disposiciones legales ya existentes – esta nueva Ley denominada equívocamente “de Sostenibilidad de la Deuda”?

En principio, el efecto práctico de una nueva ley de este tipo cubriría tres requisitos informales o no explícitos: 1. Otorgar poderes especiales al Ejecutivo para tratar de despegarse de la responsabilidad por lo que el Ejecutivo termine arreglando con los Acreedores (si bien con ello el Congreso no elude su responsabilidad propia al conferir delegaciones indebidas), 2. Amparar con autorizaciones legales expresas y cuasi-ilimitadas las responsabilidades personales de los funcionarios superiores intervinientes en las negociaciones de Reestructuración de la Deuda del Estado, y 3. Cumplimentar exigencias de los Acreedores y del FMI en cuanto a que los acuerdos a que se llegue como producto de las negociaciones en curso no puedan tener objeciones debido a los plenos poderes dados al Gobierno Fernández.

Más aún, el Ministerio de Economía (MECON) acaba de emitir con fecha 29.1 un Comunicado Oficial en el que explicita el Cronograma de acciones a seguir -una verdadera Hoja de Ruta- en cuanto a las negociaciones en curso con los Acreedores Privados y el FMI, con fecha de vencimiento final “auto-impuesta” al 31.3 próximo, en línea con el compromiso asumido y adelantado por el presidente Alberto Fernández.

Se reitera así y se reafirma -a través de una nueva ley de “cheque en blanco” del Congreso- la facultad delegada para que el Ejecutivo pueda firmar lo que quiera (o lo que le impongan) con los Acreedores financieros del Estado.

Crece el repudio a la deuda

Mientras tanto, organizaciones socialesy sindicatos se preparan para manifestarse el miércoles próximo en rechazo a la misión del Fondo Monetario Internacional(FMI) que arribará ese día al país, en el marco del proceso de reestructuración de la deuda.

«Vamos a manifestar para que quede claro que la principal deuda que tiene la Argentina es con los que están sufriendo», dijo GildoOnorato, integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Onorato explicó que si bien la protesta está organizada desde la UTEP, integrada por los «cayetanos» (la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular y Barrios de Pie), la intención es hacerlo extensivo a todos los sectores sociales para «constituir un gran frente de rechazo a lo que ha sido la agenda del Fondo y brindarle fortaleza a nuestro país para que esta negociación sea lo menos traumática».

Al respecto, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE manifestó: “La deuda externa y los acuerdos contraídos por Macri con el FMI, que han impactado en la realidad económica de nuestro país y servido para fomentar la especulación financiera fue un acto delincuencial”, además detalló que “el FMI hizo su empréstito a sabiendas de la descontrolada fuga de capitales fomentada por la política económica del gobierno anterior, en contra de los propios estatutos del FMI, con el único fin de financiar la campaña electoral de Cambiemos que con absoluto desprecio comprometió el futuro de varias generaciones y agudizó los niveles de pobreza y hambre en el país”.

Por lo tanto, explicó “por eso es que desde la CTA Autónoma respaldamos las dos denuncias penales, la realizada por Claudio Lozano en representación de nuestra Central y la llevada adelante por Eduardo “Vasco” Murúa, del Movimiento de Empresas Recuperadas. Así como acompañamos esas denuncias, estamos participando de la campaña en defensa de los derechos de nuestro pueblo, porque la principal deuda que se tiene es con el pueblo argentino, y reclamamos la suspensión de los pagos de la deuda externa y su investigación y auditoría, para posibilitar que la negociación que lleve adelante el gobierno nacional pueda fortalecerse en la acreditación de tantas irregularidades. Hay responsables concretos en la Argentina y deben ser investigados”.

“Por esa razón, estamos convocando a esta campaña que continuará en el tiempo con la participación de diferentes organizaciones sindicales, sociales y partidarias que estamos alentando para que el día que llegue la misión del FMI sea recibido con el pueblo en las calles, repudiando su presencia y los males que vienen perpetrando contra el pueblo argentino”, resaltó Godoy.

El epicentro de la protesta del miércoles 12 Febrero 2020 será el Obelisco alrededor de las 18:00. 
Varias organizaciones sociales y políticas que integran la Campaña por la suspensión del pago de la deuda externa y una Auditoría de la misma, realizaron el miércoles 5 un acto con radio abierta frente al Congreso de la Nación. Diversos oradores condenaron enfáticamente la propuesta de renegociación de la deuda, y convocaron a extender la campaña por todo el país, ya que «hay una gran mayoría de nuestro pueblo que no está de acuerdo con pagar una deuda ilegítima y que va a afectar, como siempre a los más humildes».

Para el martes 11/2 a las 16:00 anuncian una concentración en el Obelisco para marchar hacia las 17:00 a las oficinas del FMI donde realizarán un juicio popular.
Por último, el miércoles 12 convocan a la gran marcha de repudio al FMI reivindicando «suspensión de pago y auditoría».
“El modelo económico tiene en la eterna deuda externa la soga que, ajustada a nuestro cuello, pretende constituirse en la garantía de la continuidad de nuestro sometimiento. La suspensión del pago de la deuda odiosa hasta que se investigue su legitimidad es parte de una política estatal que responda a las expectativas y necesidades del pueblo”, señala la declaración: “El Gobierno demanda disciplina social /El pueblo tiene su propio pliego de demandas” que suscriben Roberto Perdía, Norman Briski, Miguel Mazzeo, Guillermo Cieza, Carlos Aznárez, Eduardo Soares, Carlos “Perro” Santillán, Eduardo Lucita, Claudio Katz, Julio Gambina, Néstor Kohan y Fernando Esteche, entre otros.

Argentina, en el podio mundial 2019 de la inflación

Venezuela con 200.000%, Zimbabue con 161,8% y Argentina con 53,8% completaron el podio de los tres países con mayor inflación en 2019.Esto surge del último informe del Fondo Monetario Internacional, en el que se destaca que la mayoría de las veinte naciones con mayor inflación son de Asia o África, afectadas por hambrunas, conflictos bélicos, adversidades climáticas o escasez de recursos naturales. En el caso argentino las causas hay que buscarlas por el lado de la política económica aplicada por Mauricio Macri.

Sobre 25 convenios representativos que engloban a una mayoría de trabajadores y que fueron analizados por el Ministerio de Trabajo, en diciembre 2019 sólo cinco lograron ganarle unos puntitos a la inflación anual del 53,8%.
De acuerdo al informe, los gremios que lograron llegar a ganarle a la inflación fueron: Encargados de edificios; Entidades Deportivas; Construcción; Estaciones de Servicio y Bancarios.

El resto de los trabajadores agrupados en gremios muy numerosos como comercio, metalúrgicos, camioneros, transporte, sanidad y textiles, recibieron aumentos inferiores a la inflación con su consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Plásticos y en especial trabajadores textiles fueron los más perdedores.

Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, el salario promedio del sector privado, que abarca a más de 6 millones de trabajadores a noviembre (último dato oficial) fue de $ 51.162. Esto equivale a un 45,2% por encima de los $ 35.226 de igual mes de 2018. Pero la mitad de los trabajadores percibió menos de $ 39.880, un 39,4% más con relación a un año atrás. Ambos registros son inferiores a la inflación.

“En términos reales, teniendo en cuenta la variación del nivel de precios, en noviembre de 2019 la remuneración real promedio cayó 4,5%, frente a igual mes del año anterior y la remuneración real mediana cayó 8,3%”, dice el Informe del Ministerio de Trabajo. Y agrega que “la remuneración media expresada a valores constantes cayó un 14,6% entre noviembre de 2015 y noviembre de 2019”.

Aunque el Gobierno de Alberto Fernández transmitió a través de muchos interlocutores y como parte de su campaña electoral, antes de ser presidente, que la recomposición de los salarios y los jubilados iban a ser su prioridad, esto no estaría pasando. Incluso los jubilados son los que más vienen perdiendo ya que Fernández congeló la movilidad que por única vez, podía generar un aumento sobre las pensiones. La prioridad de pagar la deuda al FMI, impedirá que sean los trabajadores los que ganen, más bien festejan los bonistas y acreedores de la fraudulenta deuda.

Ya estamos viendo las consecuencias de lo implica para los trabajadores pagar la deuda. Es el caso de los docentes bonaerenses, a quienes les fue postergado el cobro del aumento salarial, para privilegiar los intereses de los especuladores y los buitres. Se trata de un remanente del acuerdo paritario firmado en 2019 por María Eugenia Vidal correspondiente a diciembre. Serían alrededor de 562 millones de pesos.

Convenios porcentuales y con cláusula gatillo

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros cerró una paritaria semestral por 26,5 % hasta junio, que se abonará en dos tramos, y así alcanzará una suba anual del 49,5 %. El gremio logró mantener la discusión paritaria dentro del tradicional esquema de incrementos porcentuales, tal como buscaban Hugo y Pablo Moyano. La estrategia se aleja del planteo del Gobierno, que busca acuerdos de sumas fijas para postergar paritarias para después de abril. La paritaria se firmó el miércoles por la tarde en un encuentro que Hugo Moyano mantuvo en la sede de Camioneros con representantes de la Federación de Empresas de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (Fadeeac) y de Catac, la Cámara que nuclea a empresas dedicadas al transporte de cereales.

Pese a la resistencia que hubo de parte de las Cámaras empresarias, que hizo fracasar las reuniones anteriores, finalmente Camioneros anunció el acuerdo, que se pagará en dos tramos. El primero será de 16,5 % a liquidar en febrero y el otro, del 10 %, en abril. Además, volverán a sentarse a la mesa en junio. Camioneros ya había logrado un incremento salarial del 23 % para el primer tramo de la paritaria, de julio a diciembre de 2019, con lo cual en los doce meses que transcurrirán entre julio del año pasado y junio próximo alcanzarán un aumento de casi el 50 %.
En primer término el sindicato reclamaba una suba semestral del 33 %, aunque al final se firmó un acuerdo de unos seis puntos por debajo. El acuerdo alcanzará a unos 200.000 choferes de todo el país y absorberá el aumento de sumas fijas dispuesto por decreto por el Gobierno, de 3.000 pesos a cobrar este mes y 1.000 pesos más a partir de marzo.

La cláusula gatillo goza de buena salud entre los sindicatos más importantes a pesar de los intentos del Gobierno por evitar su aplicación en las paritarias de este año. Ese mecanismo quedó consagrado en las negociaciones salariales del gremio de Sanidad, que encabeza el co-titular de la CGT, Héctor Daer, en laboratorios y droguerías, y del sindicato de mecánicos (Smata) en todas sus actividades. Ambas organizaciones convalidaron su uso para cerrar las discusiones de 2019 y se aseguraron su continuidad por este año.

Sendos acuerdos fijaron subas de más de 11% equivalentes a la inflación acumulada en el último trimestre de 2019 y con aplicación sobre los sueldos de enero que se pagan este mes. También incluyeron la absorción del decreto firmado por Alberto Fernández que estableció un incremento remunerativo de $4.000 para todos los trabajadores del sector privado.

La semana pasada ya lo había hecho el sindicato de empleados de clubes y entidades civiles (Utedyc), que acordó una suba de 20% por los primeros siete meses de este año. La diferencia es que mientras Utedyc declaró absorbido el ajuste contemplado en el Decreto 14/2020 en los aumentos de este año, Sanidad y Smata lo incorporaron a sus cláusulas gatillo de 2019.

El acuerdo de Sanidad con las Cámaras de laboratorios y droguerías (Cilfa, Caeme, Cooperala y Caprove) estableció un aumento salarial de 11,7% desde el 1º de enero. El porcentaje equipara (y supera por décimas) la inflación acumulada del último trimestre de 2019, que fue de 11,3%, y deja a salvo el poder adquisitivo de los operarios del rubro más dinámico del Convenio colectivo 42/89. Es la rama industrial de Sanidad, que sin embargo tiene el grueso de sus afiliados en el segmento asistencial (hospitales, sanatorios, centros de internación).

De hecho las clínicas y sanatorios avisaron en los últimos días que no cumplirán con el pago de los $ 4.000 del Decreto presidencial, incluso con una paritaria 2019 que cerró con una suba de 32% y aguarda por una revisión en febrero para acercarse a la inflación acumulada en el plazo de vigencia.

En tanto que el Smata de Ricardo Pignanelli, también en silencio, convalidó en los últimos días el mecanismo que utiliza desde hace años para los operarios de las terminales automotrices: al cierre de cada trimestre aplica en los sueldos un incremento similar al de la variación de la canasta básica. En las automotrices confirmaron que la suba fue de 11,55 % y que ese valor absorbió los $ 4.000 del decreto del Gobierno. En el convenio vigente en los talleres de las concesionarias (Acara) la suba trimestral que rige desde el 1º de enero fue de 9%.

Macri destruyó 53.000 empleos industriales en su último año de gobierno

Los sectores más afectados fueron la industria automotriz (-26,4%), la de metales básicos (-15,4%, por la menor actividad de la industria siderúrgica) y metalmecánica (-7,1%, en gran parte debido a la caída en la actividad de los rubros fundición, bienes de capital y autopartes).

El resto de los rubros registraron mayores niveles de actividad durante noviembre: fue el caso de la industria textil (+10,8%, impulsada por la preparación de fibras y de hilados de algodón, aunque con una muy baja base de comparación), detalló la UIA.

También, reflejaron mejoras la refinación de petróleo (+4,9%), minerales no metálicos (+4,2%, aunque por la baja base de comparación de Materiales de Construcción, dado que los despachos de cemento Portland se contrajeron -9,8% por el freno de la obra pública y privada), alimentos y bebidas (+4%, destaca el buen desempeño de la molienda de trigo y la baja base de comparación interanual) y edición e impresión (+2%, con una mejora estacional, aunque desde una posición muy baja).

De acuerdo con el informe, la dinámica contractiva en la actividad se vio reflejada en la menor utilización de la capacidad instalada de la industria, que cayó a 60,7% en noviembre (2,6 puntos debajo de igual mes de 2018).

En el plano laboral, en términos interanuales, la industria registró 52.947 trabajadores formales menos (-4,6%) durante octubre (último dato disponible): en la medición desestacionalizada, se perdieron 5.316 puestos de trabajo respecto a septiembre (-0,5%).

La crisis en la construcción no toca fondo y ya destruyó 28.000 empleos

El empleo formal en la industria de la construcción cayó 8,4% en noviembre último con respecto a igual mes de 2018, completando así 15 meses consecutivos de variaciones interanuales negativas.

Por su parte, el volumen de ocupación sectorial acumuló una baja del 6,9% entre septiembre y noviembre, porcentaje que representa una pérdida de 28.000 puestos de trabajo, según el informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

La retracción más importante se verificó en el Gran Buenos Aires, jurisdicción que explicó un 25% de la reducción bruta de puestos de trabajo en el mes.
A nivel regional, las caídas de mayor intensidad fueron las observadas en las regiones Cuyo y Metropolitana.

En tanto, la media de las remuneraciones percibidas por los trabajadores registrados se ubicó en 36.114 pesos en noviembre de 2019.

Jujuy encabezó la caída del empleo privado en 2019

Según el informe de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) publicada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, la provincia de Jujuy con -3,7% encabezó la destrucción de empleo acumulado durante 2019. La siguen Chaco (Gran Resistencia) con -3,5%; Entre Ríos (Gran Paraná) -3%; y Córdoba con -2,9%.

En cuanto a los sectores de actividad, la construcción encabeza los despidos (-9,5%), seguida de la industria (-8,5%) y más atrás los servicios (-0,6%).

El dato que confirma la gravedad del impacto de la crisis sobre las familias trabajadoras, se encuentra en que en noviembre de 2015, el empleo asalariado privado era de 57.130 personas, y en cuatro años el empleo aumentó solo en 2.191 puestos, cuando el ingreso de jóvenes en edad de trabajar está en un promedio de 7.000 personas por año.

El mercado laboral en Rosario

Según el último informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) sobre el mercado laboral, el desempleo en Rosario se incrementó en 4 puntos porcentuales en dos años. El resultado se desprende de la comparación entre el 4° trimestre de 2017 y el 4° trimestre de 2019.

«El salto abrupto en esta variable tan representativa de la situación laboral en la ciudad es acompañada por el deterioro en otros indicadores de empleo como la subocupación, el empleo informal, la brecha de empleo entre varones y mujeres, entre otros», indica el estudio que se circunscribe a la ciudad de Rosario. 
Por otro lado, se detalla que la desocupación en la ciudad llegó al 14,3% durante el cuarto y último trimestre del año pasado, mientras que la tasa de subocupación, que corresponde a las personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desearían trabajar más, alcanzó el 15,7%.

Además, refleja que en el último año la cantidad de desempleados aumentó de 70.883 a 75.410, lo que implica que en un año hay 4.527 personas más que se encuentran sin empleo y lo buscan activamente.

Es en este contexto que también resalta un dato: el 47% de los trabajadores rosarinos no realizan aportes jubilatorios por desempeñarse en condiciones precarias o con contratos basura.

Otro dato que destacan en el informe es que los jóvenes tienen mayores dificultades al momento de encontrar trabajo: el desempleo en personas de hasta 29 años alcanza el 20,3% en el cuarto trimestre de 2019, casi 6 puntos porcentuales por encima de la tasa general de Rosario.

En lo que respecta a la distinción por género, la tasa de desempleo de mujeres es mayor a la de los hombres. A pesar de ser la mayor parte de la población, el desempleo femenino sería del 15,2% contra los hombres medido en 13,48%.

En 2019, solo en Provincia de Buenos Aires, cerraron más de 4.000 empresas

Según cifras oficiales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cambiemos, 24.505 empresas bajaron sus persianas de manera definitiva.

El 36,6% de las compañías que debieron poner fin a sus actividades estaban radicadas en la provincia de Buenos Aires, que registró una caída total de 8.949 empleadores; en la Ciudad de Buenos Aires se perdieron 4.112 empresas y Santa Fe fueron 2.755
.
El año pasado la cantidad de empleadores en el distrito bonaerense se redujo en 4.157 empresas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1.932 empleadores y en Santa Fe en 1.164 empresas.

En términos porcentuales, las mayores variaciones registradas el año pasado correspondieron a las provincias de La Rioja (-5,6%), Santiago del Estero (-4,4%), Catamarca (-4,4%) y Tierra del Fuego (-4,3%).

El secretario general de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Silvio Zurzolo, dijo que «hay que parar la pelota, para que no cierre ningún comercio más», y destacó la «buena recepción» que la entidad tuvo de parte de las autoridades bonaerenses.

Por otro lado, señaló que pese a que «las cosas no se solucionan de un día para el otro» y que las pymes vienen de atravesar una profunda crisis, lo «importante es que esto empiece a funcionar».
«También vemos una temporada buena en la costa de la provincia de Buenos Aires, y eso hace que también entre plata genuina del turismo que hay», concluyó el dirigente empresario.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, confirmó el jueves 23 de enero que unas 600.000 pymes bonaerenses suman unos 13.000 millones de pesos en deudas impositivas. En ese sentido, el funcionario reveló que se confeccionará un registro para aplicar un plan de auxilio que incluirá líneas de créditos y moratorias impositivas con plazos de hasta 10 años.

El 83% de los empleados rurales está en negro

El 83% de los trabajadores rurales de las distintas economías regionales del país están en la informalidad, según se desprende de un informe que dio a conocer el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) sobre los relevamientos realizados durante el año 2019.

La noticia se conoció al mismo momento que una asamblea de casi 700 productores agropecuarios que se realizó en la ciudad bonaerense de Pergamino, propuso un cese de comercialización de carne y granos contra el aumento de la presión impositiva nacional y de dicha provincia.

Asimismo, el organismo, del que son parte las entidades patronales del sector, informó que detectó 18 casos de «presunta trata de personas» y 34 casos de trabajo infantil, y aclaró que realizó las denuncias correspondientes. No obstante y a través de su página web, el Renatre destacó su «labor anual».

«En esa labor anual, y con el objetivo de avanzar en la incorporación de los trabajadores rurales al mercado formal del empleo, se logró la registración de 143.802 nuevos trabajadores rurales y 5.190 nuevos empleadores de las distintas actividades agrarias que conforman el campo argentino, ascendiendo así al total histórico de 1.205.734 trabajadores y de 103.800 empleadores registrados en el Renatre», remarcaron.

En el marco de una serie de operativos a nivel provincial para detectar trabajo no registrado y esclavo en la cosecha de ajo, el delegado de la UATRE en Mendoza advirtió que los empresarios crearon nuevas modalidades para esquivar los controles en sus campos.

José Luis Zarate, el delegado de RENATRE y UATRE en Mendoza, afirmó «el desafío ahora se presenta por una nueva modalidad de precarización laboral: esconden a muchos trabajadores en establecimientos con tranqueras cerradas, o los hacen trabajar de noche con reflectores, hasta las 8 de la mañana«.
En los operativos ya encontraron personal sin registrar, pero por las nuevas «modalidades» que implementan los empresarios en sus campos sólo pudieron revisar las condiciones laborales de menos del 30% del personal que cumple tareas en la zona en estos días.

Detectaron los 5 rubros que demandarán empleo en 2020

Fintech, economía del conocimiento, energía, banca y finanzas y comercio digital son los cinco sectores que tendrán la mayor demanda laboral este año en el país, de acuerdo con un informe difundido.

La consultora Randstad resaltó que esos rubros se destacarán por encima del resto, aunque advirtió que 2020 será un año «complejo para la economía y el empleo».
«De cara a un cambio de tendencia, para que se reactive de manera significativa la creación de nuevos puestos de trabajo registrado en el sector privado, se necesita una economía que traccione con un crecimiento de al menos 2 puntos del PBI», añadió.

Según un reciente relevamiento de Adecco Argentina, cuatro de cada diez empresas argentinas reconocieron haber cerrado 2019 con un balance negativo y apenas dos de cada diez espera ampliar su nómina de personal este año.
Según Adecco, los perfiles más demandados durante el próximo año serán los de operarios y trabajadores de producción (45%), comerciales, de marketing y ventas (20%), administrativos (13%), perfiles de IT (]12), especialistas financieros y contables (4%) y directivos (4%).

El Gobierno tiene en carpeta pasar a planta 10.000 estatales

El Gobierno planea pasar a planta permanente a 10.000 empleados de la Administración Pública Nacional (APN), que actualmente están con contrataciones transitorias. Eso fue lo que le plantearon los funcionarios del Ministerio de Trabajo y la Jefatura de Gabinete a los gremios estatales de ATE y UPCN, a quienes les aseguraron que es «política prioritaria» la realización de concursos para regularizar la situación de los empleados contratados más antiguos.

El objetivo del Gobierno, según fuentes oficiales, es arrancar los concursos este año de los cargos de empleados que tengan «más de 10 años de antigüedad» y dar de baja cientos de concursos realizados para la alta dirección estatal, que los funcionarios asocian con cargos políticos macristas.

Para ello, está al salir un decreto de Alberto Fernández, que va a reemplazar el Decreto 632/18, que dictó Mauricio Macri y congeló el ingreso de empleados públicos hasta el 31 de diciembre de 2019.

La realización de estos concursos es uno de los temas que está negociando el Gobierno con los gremios estatales. Es parte de una serie de herramientas de los funcionarios para contener los reclamos que se van profundizando a medida que se acerca la negociación de los salarios en la paritaria nacional.

Crecen los problemas de empleo en el mundo y crece la desigualdad

El nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2020», aseguró que «la insuficiencia de empleos remunerados afecta a casi 500 millones de personas en el orbe», y sostuvo que «la ausencia de trabajo decente, asociada al aumento de la desocupación y la persistencia de las desigualdades, dificulta la posibilidad de construir una vida mejor».

El estudio reseñó que «el número de desempleados debería aumentar en 2,5 millones en 2020» y que «la desocupación mundial se mantuvo relativamente estable los últimos nueve años, aunque la desaceleración del crecimiento económico significa que mientras en el orbe la fuerza laboral se incrementa no se crean suficientes nuevos puestos de empleo».

«De esa forma, no es posible absorber a quienes desean incorporarse al mercado laboral. Para millones de personas es cada vez más difícil construir vidas mejores», afirmó el director general de la OIT, el ex sindicalista británico GuyRyder, quien agregó que «la persistencia y amplitud de la exclusión y las desigualdades laborales impide hallar un empleo decente y forjar un futuro mejor, lo que constituye una conclusión extremadamente preocupante y tiene repercusiones graves y alarmantes para la cohesión social», dijo.

El desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra se extiende más allá del desempleo a una amplia subutilización de esa mano de obra y, además del número mundial de desocupados (188 millones), 165 millones no tiene suficiente trabajo remunerado y 120 millones o abandonaron la búsqueda activa o no tiene acceso, indicó.

A nivel mundial, el sector del ingreso nacional que se destina a mano de obra (y no a otros factores de producción) disminuyó entre 2004 y 2017 de 54 a 51 %, y esa caída económica significativa fue más acentuada en Europa, Asia Central y las Américas.

«La pobreza de los trabajadores, moderada o extrema, debería incrementar en 2020-21 en esos países en desarrollo, lo que tornaría más difícil concretar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 sobre su erradicación en el planeta en 2030. Hoy, ese flagelo (ganar menos de 3,20 dólares diarios en términos de paridad del poder adquisitivo) afecta a más de 630 millones, uno de cada cinco personas de la población económicamente activa», puntualizó.

Otras desigualdades significativas definidas por sexo, edad y ubicación geográfica son factores pertinaces de los mercados laborales, lo que limita las oportunidades profesionales individuales y el crecimiento económico general, en tanto 267 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años «no trabaja ni estudia ni recibe formación y soporta malas condiciones laborales, lo que no es compatible con la inclusión o el desarrollo», señaló.

Las precarias condiciones de trabajo provocan nuevos asesinatos laborales

Juan Romero, el operario paraguayo de 49 años que el 27 de enero cayó desde las alturas, perdió la vida mientras pintaba el estadio La Bombonera de azul y oro.
Alejandro Fernández que trabaja en el sector de mantenimiento eléctrico de La Bombonera y forma parte del Cuerpo de delegados del club, nucleados en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) señaló: “Desde el Cuerpo de delegados de empleados de planta del club denunciamos las condiciones precarias de seguridad en las que estaban trabajando los operarios de la empresa. Pedimos que la sección de Seguridad e Higiene de Boca hiciera una inspección junto con nosotros. La inspección se hizo y se pasó un informe con todos los requisitos que la empresa debía haber cumplido. La obra debió haberse parado inmediatamente al otro día, lo cual no sucedió”.

El Mundo Boca no es ajeno a una realidad que se repite en diversos ámbitos: cada 20 horas se produce un asesinato laboral en la Argentina, es decir que cada día se pierde una vida por condiciones inseguras en el trabajo.

Luego del vuelco de un micro de la empresa Vía Bariloche doble piso en la Ruta 2, que dejó un saldo de dos muertos y más de 30 heridos, los choferes de micros de larga distancia de la UCRA-CTA, denunciaron sobreexplotación en las empresas.

«Inmediatamente desde la gerencia de la empresa salieron a decir que se trataba de una falla humana», denunciaron los choferes.

«Pero ese colectivo estaba a cargo de dos choferes que venían de realizar viajes de larga distancia, sin descanso mediante», detallaron desde el gremio.

«Hoy en día, la cantidad de horas que trabaja un chofer se controla con una libreta de trabajo manual, instrumento de fácil manipulación de los horarios de descanso para los deficientes controles que realiza la CNRT y la propia Gendarmería Nacional, algo con lo que venimos insistiendo en nuestro sindicato», explicaron desde el gremio.

En 2006 UCRA-CTA-A presentó un proyecto para eliminar las libretas y pasar a un sistema digital, que implique el uso de tarjetas magnéticas o huellas digitales, para así garantizar el descanso de las y los compañeros y, con ello, la vida de los pasajeros.

«Esperamos que este hecho no quede impune, que se investigue a fondo para avanzar en las responsabilidades de las empresas que buscan maximizar ganancias a costa de la salud de los trabajadores y la seguridad de los usuarios», reclamaron desde UCRA.

A seis años del incendio y posterior derrumbe del depósito de la empresa Iron Mountain, en el que perdieron la vida diez trabajadores públicos, la legisladora porteña del Frente de Todos, Claudia Neira, junto al presidente del bloque, Claudio Ferreño, la vicepresidenta 2° de la Legislatura, María Rosa Muiños, y el vicepresidente del bloque, Javier Andrade, presentaron un proyecto de declaración con el objetivo de recordar y rendir homenaje a los “Héroes de Barracas”.

Entre los fundamentos del proyecto los legisladores señalaron, en un nuevo aniversario de la tragedia, que aún no se conocen fehacientemente las causas del incendio. Además, recordaron que en 2015 los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales en los que se concluía que este podría haber sido intencional.

«Este lamentable hecho dejó en claro la necesidad de readecuar el proceso de control y fiscalización de las actividades desarrolladas por industrias y comercios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que no es posible que un hecho semejante vuelva a suceder», expresaron desde el Frente de Todos.
Las entidades bancarias de todo el país realizaron el lunes pasado un paro por dos horas, mientras que el Banco Nación llevó a cabo la huelga durante toda la jornada tras el asesinato del cajero Germán Chávez, durante un asalto a la sucursal de la entidad situada en la localidad bonaerense de Isidro Casanova.

Eduardo Barrozpe, vocero de la Bancaria, advirtió que «los trabajadores bancarios están en peligro» como «consecuencia del descalabro en materia de seguridad bancaria que se realizó en el Gobierno de Mauricio Macri».

«El personal de seguridad, falto de capacitación y desarmado, no tiene la culpa», dijo el vocero del gremio que representa a los trabajadores de las entidades públicas y privadas que operan en toda la Argentina.

Germán Chávez fue asesinado el viernes pasado cuando al menos cuatro delincuentes encapuchados y armados con fusiles y ametralladoras irrumpieron en una sucursal del Banco Nación situada en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere tan solo unos minutos después de que abriera sus puertas.

El viernes 2 de enero, varios operarios del frigorífico Ecocarnes, de la localidad de San Fernando, realizaban la reparación de una cañería. A pocos metros del lugar se encontraba Roberto Ruiz, empleado de mantenimiento. En horas de la mañana, hubo una fuga de amoníaco y tres trabajadores resultaron heridos; Roberto Ruiz, perdió la vida en el lugar.

En respuesta, los trabajadores realizaron una asamblea en la que resolvieron no retomar las actividades hasta obtener el compromiso de regularizar las condiciones de seguridad e higiene. Pese a la asamblea, los directivos de la firma citaron a los trabajadores subcontratados de la empresa Indumeat.

Los operarios tercerizados, pertenecientes al sector de despostada, se negaron a retomar servicios y le reclamaron al sindicato la realización de elecciones a delegados. Exigieron, a su vez, que se acaben los trabajadores de «primera» y de «segunda» y que les sean garantizados sus derechos laborales.

A dos semanas del crimen laboral de Roberto Ruiz, los directivos del frigorífico persiguieron al activismo. Mediante un comunicado de prensa, la Lista Roja de la Carne expresó: «al compañero Leo Rodríguez, el Pitu, no lo dejan entrar a trabajar y le dijeron que estaba de baja por orden de la casa. Claramente es un despido persecutorio y su objetivo es amansar al conjunto».

Fuentes: Uypress, Rosario12, Infogremiales, Resumen Latinoamericano, Agencia Télam, La Izquierda Diario, www.ambito.com, Clarín, Tiempo Argentino, APU, Red Eco Alternativo, La Nación, El Destape, Anred, argentina.indymedia