Sorprendidos todos, se discute aquí qué era menos esperado para comenzar el año: si las propuestas de Putin para poner de cabeza el sistema político o la celeridad con que quiere llevar a cabo el cambio cardinal. ¿Por qué ahora?, tomando en cuenta que le quedan cuatro años como presidente.

Por ello, la reforma de Putin plantea –salvo su obvio deseo de perpetuarse en el poder– más preguntas que respuestas. Y las prisas escapan a toda lógica: para qué crear un grupo de 75 incondicionales –sólo 11 expertos en derecho– para supuestamente analizar las iniciativas y, antes de que ese conjunto de comparsas diera una sola opinión, mandar el borrador a la Cámara Baja. ¿Qué se puede esperar de una Asamblea Constituyente que no habrá y de un referéndum que no lo será, sino una simple votación popular a saber bajo qué reglas?

La reforma constitucional urgente, sólo se explica con que es insostenible el mito de la popularidad de Putin, mientras crecen los riesgos que el malestar de la población implica para las elecciones legislativas del otoño del año siguiente.

Putin quiere dejar resuelto su futuro –y el de los privilegiados magnates de su entorno– al margen de los resultados que arrojen las urnas. Porque, a diferencia de lo que ofreció para reforzar el Parlamento, sus enmiendas buscan sólo ampliar las facultades del Presidente (para los 4 años que le quedan) y convierten al Consejo de Estado, ahora simple órgano consultivo, en la máxima instancia de poder, si así lo establece la ley aún por promulgar.

En suma, antes de las legislativas de 2021, Putin quiere tener todas las riendas del poder para decidir conforme a los resultados de la votación. Sin embargo, ese intento de resolver por la vía rápida su futuro como gobernante, puede quedarse en papel mojado, ya que la última palabra la tienen no sus operadores políticos, sino los rusos.