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La Comisión ha pedido a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para prepararse para las deportaciones que se derivarán del nuevo «procedimiento de retorno fronterizo» introducido por el Pacto sobre Migración y Asilo. Las propuestas aparecen en un informe clasificado obtenido por Statewatch, que evalúa el nivel de cooperación de los Estados no pertenecientes a la UE con las expulsiones fuera del bloque.
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Imagen: Christian Lue , Unsplash
Procedimiento de deportación fronteriza
Según el nuevo procedimiento fronterizo de asilo, los solicitantes de países cuyos nacionales tienen una tasa media de reconocimiento de asilo dentro de la UE del 20% o inferior, como Senegal o Túnez, serán detenidos y se enfrentarán a un procedimiento acelerado diseñado para garantizar que, en palabras de la Comisión, “si se rechaza la protección internacional… esa persona será devuelta rápidamente”.
En el informe (pdf), la Comisión pretende “identificar los retos que deben superarse con vistas a la aplicación del procedimiento fronterizo”, que establece un plazo máximo de 24 semanas –casi seis meses– para mantener a las personas en condiciones similares a las de una prisión en las fronteras exteriores de la UE. La Comisión afirma que este límite significa que “los plazos para la identificación y la expedición de documentos de viaje tendrán que reducirse” para garantizar que los países de destino readmitan a los ciudadanos deportados.
El documento señala que la Comisión tiene previsto centrarse en aumentar la eficacia de las deportaciones a los países cuyos nacionales serían procesados con arreglo al procedimiento fronterizo. En un anexo del informe (pdf) se comparan las tasas de aceptación de asilo y el número de cruces fronterizos denominados “irregulares”, y Senegal, Túnez, Marruecos, Bangladesh y Egipto encabezan la lista de países con tasas de reconocimiento del 20% o menos y un elevado número de llegadas.
Artículo 25a Mecanismo
El informe se publica anualmente en el marco de un mecanismo de sanciones en materia de visados, el artículo 25a del Código de Visados, por el que la UE penaliza a los países considerados no cooperativos en materia de deportaciones, lo que puede impedir a sus ciudadanos el acceso a visados Schengen. El mecanismo debe desempeñar ahora un papel de presión sobre aquellos países cuyos ciudadanos probablemente sean sometidos a ese procedimiento fronterizo.
Gambia fue el primer país en enfrentar tales sanciones, a partir de 2021 , seguido por Etiopía a principios de este año . Las sanciones continúan actualmente contra Gambia (aunque se redujeron a principios de este año ), a pesar de que el país tiene una tasa de deportación comparativamente alta. Con un 50%, el país también enfrenta la tasa de rechazo de visas más alta de todos los países del informe.
El informe evalúa a 34 países que cumplen los criterios para ser candidatos al mecanismo del artículo 25a. Otros cuatro –Afganistán, Libia, Palestina y Siria– también cumplen esos criterios, pero no son examinados porque “no es posible establecer contactos operativos efectivos”. Rusia está excluida porque la guerra en Ucrania “impide el compromiso”.
El informe afirma que:
“En los primeros cuatro ciclos de evaluación, el mecanismo del Artículo 25a del Código de Visados creó oportunidades para revitalizar las discusiones sobre readmisión con ciertos terceros países (por ejemplo, Etiopía, Senegal) y abrió nuevos canales de discusión y comunicación sobre readmisión, donde anteriormente no se había producido un compromiso específico (por ejemplo, Camerún, Congo, Líbano)”.
El mecanismo “ha ayudado a abordar problemas persistentes o emergentes con resultados concretos y ha permitido avances importantes en la cooperación (por ejemplo, en Bangladesh, Irak y Gambia, y en este último caso dio lugar al levantamiento de las medidas de la segunda etapa en abril de 2024)”. La Comisión también ha publicado una propuesta “para la introducción de medidas en materia de visados en relación con los nacionales de Somalia”.
Según el informe, la UE también podría estar cerca de un acuerdo de readmisión con Nigeria: “en octubre de 2023 tuvo lugar una discusión técnica para finalizar el texto” y “se está llevando a cabo un mayor compromiso a todos los niveles, incluso a alto nivel, tanto en Bruselas como en Abuja para concluir las negociaciones del acuerdo de readmisión”.
El informe continúa afirmando que “el mecanismo podría fortalecerse aún más haciendo un uso coherente de los instrumentos pertinentes (por ejemplo, el SGP, la migración legal, el enfoque incitativo del NDICI)”.
El SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) es un mecanismo mediante el cual se pretende aliviar las dificultades económicas de los países de bajos ingresos mediante una reducción de los aranceles aduaneros. Una reforma prevista condicionaría los beneficios comerciales a la firma de acuerdos de readmisión por parte de los Estados no pertenecientes a la UE, aunque los cambios aún no se han acordado.
El IVDCI es el presupuesto de “desarrollo” de la UE, de 79.500 millones de euros, aunque se supone que alrededor del 10% del total se destinará a proyectos relacionados con la migración. Se pueden imponer condiciones a la financiación para intentar obligar a que se cumplan las políticas y prioridades de la UE en materia de migración.
Sistemas de gestión de casos de devolución
Para evaluar la cooperación en materia de deportación, el informe analiza la tasa de retorno de cada país y la rapidez con la que los países responden a las solicitudes de identificación, así como los tipos de pruebas aceptados. También destaca el desarrollo de los RCMS (sistemas de gestión de casos de retorno), que se supone que facilitan el proceso de retorno.
La Comisión ha descrito anteriormente un RCMS como “una plataforma electrónica que facilita el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros y de un tercer país determinado para procesar casos de readmisión individuales”.
Facilitan la comparación de los datos biométricos y de otro tipo que poseen las autoridades de la UE con los que posee el país de destino previsto, con el fin de confirmar la identidad de una persona y facilitar la obtención de documentos de viaje para la deportación. Su desarrollo y despliegue están siendo financiados tanto por la UE como por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de las Naciones Unidas.
Según el informe, Bangladesh, Armenia, Pakistán y Sri Lanka ya cuentan con RCMS operativos y se está preparando uno para Azerbaiyán (al parecer, se está retrasando, ya que informes anteriores indicaban que estaría operativo en 2022). El informe también menciona proyectos financiados por la UE para “[explorar] un posible desarrollo” de RCMS para Côte d’Ivoire y Gambia.
“Países terceros seguros ”
La controvertida noción de “terceros países seguros” también es central en la nueva legislación del Pacto. Según las nuevas normas, los solicitantes de asilo podrían ser deportados a países designados como “seguros”, pero el informe de la Comisión no indica ningún país que esté actualmente dispuesto a aceptar tales devoluciones.
En cuanto a Turquía, uno de esos candidatos, escribe que “Turquía mantiene su posición de no implementar la cláusula de nacionales de terceros países hasta que se levante el requisito de visado de corta duración para los ciudadanos de Turquía que viajan al espacio Schengen”.
Documentación
- INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, Evaluación del nivel de cooperación de los terceros países en materia de readmisión en 2023 (COM(2024) 340 final, en el documento del Consejo 11797/24, RESTRINGIDO, 23 de julio de 2024, pdf)
- Anexos 1 y 2 (pdf)
Autor: Kelly Bescherer
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